Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

CERRO DE PASCO: PAVOROSA INDOLENCIA

Por una antigua y grave contaminación minera en Cerro de Pasco, el pasado 14 de junio 80 pobladores de los distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, iniciaron una protesta en la fachada del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el día 23 cuando Minsa declaró en emergencia sanitaria por 90 días a ambos distritos. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, 8 de cada 10 habitantes de las comunidades de Quiulacocha, Champamarca y Paragsha presentan presencia de metales pesados en la sangre, especialmente plomo, que hasta duplica el límite de 10 microgramos x decilitro (ug/dl) establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Cerro de Pasco (80,000 habitantes) es la ciudad minera más alta del mundo (4,338 msnm) con grandes reservas de plomo, zinc y plata que convive más de un siglo con una agresiva contaminación producida por impactos mineros como gases y polvos tóxicos, aguas ácidas y cerros de desmontes y relaves mineros. En 1900 la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation inició una explotación minera subterránea sin precedentes, agudizándose en 1956 cuando, con profunda insensibilidad, amparada por pasiva fiscalización de funcionarios, inició operaciones a tajo o cielo abierto en plena ciudad ocupando 50% del territorio urbano (dimensiones del tajo: 2 km de longitud, 1 km de ancho y 0.5 km de profundidad). En 1976 fue estatizada (Centromin) y en 1999, en dudoso proceso de privatización fue adquirida por la empresa Volcan.

Bajo este panorama, existe una pavorosa indolencia del Estado por indiferencia de gobiernos nacionales, regionales y locales al haberse postergado permanentemente el drama minero en Cerro de Pasco. Lo inadmisible es que hace más de 8 años existe la ley 29293 (13 diciembre 2008) para reducir el impacto ambiental, proteger la salud poblacional y definir la reubicación de la ciudad pero nunca nada se concretó. Además, hace menos de 2 años (setiembre 2015) hubo una anterior “marcha de sacrificio” (300 km hacia Lima) por las mismas exigencias, pero nada lograron. Ahora, con la última protesta y la declaración de emergencia del Minsa se espera que el gobierno cumpla con brindar atención integral y especializada a una población priorizada de 5,466 personas (4,893 niños y 573 gestantes), además es urgente la construcción de una clínica de desintoxicación de plomo en la sangre, la descontaminación del agua y la eliminación de los graves pasivos ambientales mineros.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de julio de 2017


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