Artículos de opinión de Alfredo Palacios Dongo

LAVADO DE ACTIVOS: GRAVE DELITO QUE NOS DESBORDA

La agenda política, llena de frivolidades e inconsecuencias, disidencias y repartijas, de promesas incumplidas e intereses políticos particulares o partidarios por sobre el bien común, nos desvía la atención sobre graves asuntos que generan peligrosos efectos perturbadores en la gobernabilidad del país, tal como el lavado de activos (lavado de dinero o blanqueo de capitales).

Este delito que casi no se trata, ocasiona profundas distorsiones en nuestra economía creando empresas en el exterior, negocios de fachada o negociando activos, y nos está desbordando por el aumento de dinero ilícito del narcotráfico con US$ 3,200 millones anuales (1.6% del PBI), la minería ilegal (US$ 2,900 millones), la industria maderera (según el Banco Mundial 80% de exportaciones con documentación falsa para aparentar comercio legal), además de una creciente corrupción.

El pasado día 5 la Asociación de Bancos (Asbanc) informó que el lavado de activos en el Perú movilizó en los últimos años (2007-2013) US$ 8,055 millones (US$ 1,342.5 millones anuales), sin embargo esta cifra es ínfima comparándola con los US$ 10,000 millones anuales reportados por el Fiscal de la Nación José Peláez, monto equivalente a más del 15% de nuestras Reservas Internacionales Netas (US$ 64,828 millones) o a 24% de nuestras exportaciones 2013 (US$ 41,573 millones).

Para la Procuradora antidrogas, Sonia Medina, el lavado de activos es actualmente uno de los delitos más graves en nuestro país, a pesar que se sabe que el problema crece no está siendo visto en su verdadera dimensión y no actúan todos los actores que tendrían que estar en máxima alerta y trabajar coordinadamente, ocasionando que este delito siga creciendo en la capital y especialmente en provincias, que “supera lo crítico”. Según el especialista, Rubén Vargas, “absolutamente todos” los casos de lavado de activos o investigaciones sobre narcotráfico a clanes familiares de provincias están siendo archivados en el Poder Judicial, sin que los órganos internos de la magistratura o el Ministerio Público se pronuncien.

Bajo este panorama, el lavado de activos no se enfrenta de manera efectiva, con deficientes mecanismos de prevención, control y capacitación; estadísticas inconsistentes; displicente descoordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); dificultad de dicha UIF para acceder a información protegida por secreto bancario y tributario; y la poca drasticidad de la Fiscalía para penalizar este grave delito.


Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de marzo de 2014

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