El
contrabando echó sus raíces en el Perú hace 40 años (década del 70) y año tras
año sigue incrementándose. Según la Sunat, anualmente ingresa contrabando por
más de US$ 500 millones (cifra que superaría US$ 1,500 millones por su valor de
venta) y los decomisos son relativamente mínimos. Alrededor de 75% del contrabando
ingresa desde Bolivia hasta Puno por la frontera sur, conocida como “el paraíso
del contrabando”. El 70% de la población puneña se dedica al comercio,
especialmente informal.
Desde
1998 una inmensa organización delincuencial conocida como “culebra” traslada continuamente toneladas de contrabando
en convoyes en fila de 50 a 100 trailers, camiones y buses –con gente armada–
recorriendo 170 kilómetros de noche y madrugada desde Bolivia –por el norte del
Lago Titicaca– ingresando a Puno por Tilali o Ninantaya, pasando por Moho,
Huancané y Toraco, hasta Juliaca, ruta con mínima vigilancia por falta de
comisarías, vehículos, personal y logística (según la División policial de
Juliaca, se necesitarían 2,000 efectivos para intervenirlos). Además existe gran
contrabando tipo hormiga que ingresa a Puno por la zona sur de Desaguadero y
Kasani, por donde también sale hacia Bolivia (por burriers) 80% de droga
producida en nuestra selva de Sandia, Carabaya y parte del Vraem.
En
la frontera norte es impresionante el contrabando de gasolina, gas y petróleo desde
Ecuador (4 veces más baratos que en Perú). Diariamente grupos delincuenciales
ingresan por las fronteras de Tumbes y Piura hasta por 7 rutas –desde Machala
pasando por Aguas Verdes y Huaquillas– trasladando unos 35 mil galones de
petróleo, 15 mil de gasolina y 400 balones de gas licuado.
Bajo
este panorama, hace décadas el contrabando actúa impunemente vulnerando nuestras
fronteras, afectando el desarrollo económico y estabilidad del país, y perjudicando
la industria y el comercio nacional (según la Sociedad Nacional de Industrias anualmente
el Estado deja de percibir US$ 400 millones y la empresa formal pierde US$
1,900 millones).
Para
disminuir el contrabando es imprescindible, además de aumentar los controles y
operativos, erradicar la corrupción y aplicar la ley. Desde hace casi 11 años la
Ley 28008 de Delitos Aduaneros (jun.2003) señala penas privativas entre 5 y 8
años por contrabando, sin embargo, a pesar de su gravedad y magnitud en nuestro
país, solo se conocen casos de incautaciones o multas, más no así de
encarcelamiento por este execrable delito.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de marzo de
2014
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