El pasado 28 de agosto se reunieron en sesión extraordinaria los gobernantes de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, teniendo como único tema central de agenda la presencia de tropas de EE UU en bases militares colombianas, pero además durante sus intervenciones, los mandatarios trataron otros asuntos referidos a la seguridad en la región, tales como, narcotráfico, terrorismo, armamentismo, tráfico de armas, grupos armados al margen de la ley, entre otros.El presidente Alan García pidió analizar el proceso de compras de armas al que definió como “vergonzoso”, precisando que el año pasado se destinó en Sudamérica US$ 38,000 millones, dinero que podría haber solucionado “la vida de cientos de millones de familias”. Sin embargo, esta exhortación ya ha sido planteada en anteriores oportunidades sin eco en ningún país de la región. Recordemos que en julio del año 2000, el ex presidente Alejandro Toledo, por decisión personal y sin efectuar planeamiento ni análisis técnico alguno, redujo en 20% el presupuesto de Defensa para –según dijo– reorientarlos a inversión social, y luego invocó a los países de la región a efectuar una reducción similar, lo cual no fue acogido por ningún gobierno. Además, otros políticos han pedido acciones similares, como que EE UU no autorice la venta de un lote de aviones F-16 de Holanda a Chile, pero ya había aprobado una venta similar; o que la OEA convoque una cumbre para frenar el armamentismo, lo cual contrasta con sus postulados, de que cada Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia organizándose como mejor lo entienda.
En todo caso, la Unasur debiera ser el foro adecuado para tratar el asunto del armamentismo en Sudamérica. De acuerdo a lo acordado en la última reunión de mandatarios, los ministros de Defensa se reunirán el próximo día 15 en Quito, para diseñar las medidas de fomento de confianza y seguridad de la región. Aunque la reducción de adquisiciones en armamento no ha sido un tema considerado en la declaración de Bariloche, debido a la intervención del presidente Alan García seguramente nuestro ministro de Defensa lo debe tratar, sin embargo, para su inclusión debe haber acuerdo por unanimidad, y en tal caso, obligaría a los países a revisar un sistema de equilibrio de niveles de fuerzas, reducción de gastos en armas respecto al PBI, cantidades, determinación de su carácter ofensivas o defensivas, entre otros parámetros.
Esta tarea pareciera imposible en una región inserta en un proceso generalizado de incremento del gasto militar para mejorar sus FF AA, donde Chile, con más de US$ 22,000 millones, es el país que más armas compró en los últimos 5 años; Venezuela, en el 2008 gastó US$ 4,400 millones en armamento ruso, y sigue comprando; Brasil, modernizará su defensa con más de US$ 13,000 millones; Colombia, solo en este semestre recibirá armas por US$ 3,795 millones; Ecuador, está fortaleciendo su capacidad bélica; y Bolivia, iniciando una modernización militar con los rusos como principal proveedor.
En este panorama, el presidente Alan García, además de sus invocaciones en la Unasur, tiene la obligación, por necesidad estratégica y un asunto ineludible de seguridad nacional, de asignar los recursos necesarios para mejorar la debilitada operatividad de nuestras FF AA, que por mandato constitucional deben garantizar la soberanía e integridad territorial de nuestra República.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de setiembre de 2009
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