Finalmente el gobierno comprendió que su política de construir una fluida relación bilateral con Chile basada en una agenda de complementación política y económica, para posteriormente buscar una solución conversada e intentar resolver el diferendo marítimo a través del trato directo, conciliación o negociación, era imposible de lograr debido a la intransigente y arrogante posición de ese país que postula la no existencia de una controversia y por lo tanto es un asunto “cerrado y zanjado”.En este sentido, después de más de medio siglo de inacción y falta de voluntad política en este tema –salvo raras excepciones–, el 18 de este mes, el presidente Alan García informó su decisión de usar el recurso unilateral de solución de controversias que nos permite recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –en virtud al Pacto de Bogotá suscrito por Perú y Chile en 1948– para enfrentar este diferendo en el que nuestro país tratará de recuperar un área marítima de más de 35,000 Km2 –comparable a la extensión territorial de Tumbes, Moquegua y Tacna juntos– que nos pertenece, que cuenta con inmensas cantidades de biomasa pesquera y riquezas naturales y que Chile viene usufructuando injustamente.
El Perú, además de contar con un firme sustento jurídico por la inexistencia de un tratado bilateral específico con Chile, tiene además como respaldo la evidencia de una absoluta falta de equidad y justicia en la demarcación unilateral chilena a través del paralelo, los cuales son principios fundamentales reconocidos por el derecho internacional (frente al punto Concordia no tenemos mar y, frente a Sama e Ilo, contamos con solo 20 y 40 millas de territorio marítimo).
Chile pregona que desde hace más de un año viene preparando su defensa, que ha contratado dos abogados expertos en derecho internacional y ha nombrado a Holanda, sede de la CIJ, a una embajadora de experiencia y un agregado científico, pero su fundamento jurídico es débil ya que se sustenta en que los límites con el Perú han sido definidos en tratados trilaterales conjuntamente con Ecuador, los cuales, sin embargo, solo establecen zonas especiales de pesca.
A partir de esta decisión del gobierno de llevar el caso a la CIJ –que en dos encuestas de Apoyo de mayo 2006 y abril 2007 el 84% y 69% de peruanos ya habían manifestado su acuerdo–, se nos presenta un largo y tedioso proceso de muchos años por recorrer, sin embargo, es nuestra obligación moral e histórica enfrentar esta injusta situación –sea cual fuere el fallo final de la CIJ que a ambos países corresponde acatar– por el bien de nuestra patria, nuestra dignidad e intereses nacionales.
Le corresponde ahora a la cancillería preparar una estrategia para nuestra adecuada defensa en dicha Corte. Para tal fin, debería contar con el apoyo de todos los peruanos y, especialmente, de las universidades, centros de investigación, centros de estudios de las FF AA, instituciones afines, partidos políticos y de expertos juristas nacionales e internacionales, historiadores, diplomáticos, políticos, militares y de profesionales y técnicos especializados en este tema.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de junio de 2007
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