A fines de julio, el canciller José García Belaunde y el ministro de Defensa, Allan Wagner, acordaron con el canciller chileno Alejandro Foxley la reanudación de las reuniones del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política (mecanismo 2+2) con la finalidad de fortalecer e intensificar la confianza mutua en seguridad y defensa, programándose la realización de una tercera reunión para los días 24 y 25 de octubre en Santiago de Chile.Las dos primeras reuniones se realizaron en nuestro país. La primera, en setiembre de 2001, permitió iniciar los estudios de un proceso de medición de gastos de defensa; el mismo que fue aprobado en la segunda reunión, en julio de 2005, al ser suscrita una “Metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa” con ayuda técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proceso que aún no se ha iniciado.
A pocos días de iniciarse esta tercera reunión sería importante analizar la conveniencia de concretar esta metodología, en primer término, por la agresiva y sin precedentes carrera armamentista en que se ha embarcado Chile durante los últimos años, rompiendo el equilibrio estratégico con nuestro país y la región; y, en segundo término, porque mientras Chile mantenga las “Leyes reservadas del Cobre” (13196, 18445 y 19628), no es posible determinar los gastos reales en armamento. Según datos oficiales, aparte del presupuesto anual para sus FFAA -que bordea los US$ 1,600 millones-, en el período 2000-2005 les asignaron mediante éstas US$ 2,400 millones; y, en el presente año recibirían US$ 1,350 millones, cantidad mayor a todo el presupuesto anual de nuestras FFAA.
Estas leyes disponen que la entrega de fondos y la contabilización debe hacerse en forma reservada, mantenerse en cuentas secretas y, su inversión debe efectuarse mediante decretos supremos reservados, exentos de toma de razón y refrendación. Por este motivo, los datos oficiales chilenos en gastos de armas no son claros y pueden alcanzar cifras inimaginables.
La CEPAL, en 1999, realizó esta misma metodología entre Chile y Argentina demorándose casi tres años. En su informe final especifica que “dadas las características muy especiales de estas leyes reservadas de Chile, no es factible conocer o estimar gastos anuales en compras y mantenimiento de material bélico que es financiado por el rendimiento periódico de las mismas”.
Por lo expuesto, por tratarse de una comparación de gastos de defensa que no es confiable ni transparente y, que además, no contribuye a evitar una carrera armamentista ni a mantener un equilibrio estratégico, nuestro país no debería aprobar esta metodología estandarizada con Chile.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de octubre de 2006
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