Debido a que Petroperú se encuentra en medio de su
mayor crisis financiera, su directorio, a través del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), desde setiembre 2023, solicitó al gobierno un quinto rescate
financiero por US$ 2,550 millones, recibiendo contundentes respuestas negativas
del ministro de Economía (MEF) Contreras y el premier Otárola, asegurando que el
gobierno ha decidido no seguir financiando su déficit, sin embargo, el pasado
día 11, ambos personajes se retractaron anunciando la formación de un grupo
técnico para evaluar la viabilidad de lo solicitado.
Petroperú fue creada en julio de 1969 después del
golpe de Velasco Alvarado, y su debacle se inicia en julio 2006, cuando el
Congreso aprobó, con reconsideración e insistencia, la Ley 28840 de fortalecimiento
y modernización de esta empresa, liberándola de controles del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Sistema
Nacional de Inversión Pública (Snip) y Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (Consucode), pudiendo actuar con total autonomía
económica, financiera y administrativa, a las 2 semanas de promulgada,
ya se anunciaba su modernización.
Esta ley vino con un manto sombrío y visionario
porque desde su aprobación ya se mencionaba que campearían la corrupción y
malos manejos, así, en el tiempo, se ha convertido en una empresa estatal no
sostenible por su pésima gestión, ineficacia, innumerables cambios de
directivos, casos de corrupción, etc., ocasionando su actual grave situación
financiera. Esta ley propició la suscripción de 2 contratos con la empresa
española Técnicas Reunidas para modernizar la Refinería de Talara, el primero en
marzo 2010 por US$ 1,177 millones, no concretándose por graves cuestionamientos,
luego se promulgó otra Ley 30130 (diciembre 2013) declarando dicha
modernización de necesidad pública e interés nacional, así, en mayo 2014 se
firmó el segundo contrato por US$ 4,782 millones. Increíblemente, ambos
contratos fueron inaccesibles durante 7 años.
Bajo este panorama, muy grave ha sido el aumento
vertiginoso de costos, desde 2004 con un estudio de prefactibilidad por
ampliación de 3 unidades (US$ 315 millones), en 2007 aumentó como costo inicial
(US$ 1,334 millones), en 2014 por inicio de construcción (US$ 4,782 millones),
llegando al cierre del ejercicio 2022 (US$ 5,985 millones), y aún así, el
gobierno evalúa la viabilidad de un quinto rescate financiero por US$ 2,550
millones, que representa un punto del PBI.
La explicación sería, si Petroperú no es rescatada
financieramente, podría quebrar y presentarse la posibilidad de ser
privatizada, que sería lo mejor para el país, pero lo peor para este gobierno
comunista que realmente pretende estatizar la industria petrolera entregando a
Petroperú, sin licitación y sin reunir las condiciones técnicas, los lotes I,
VI, Z-2B y posteriormente el X.
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