El Perú inició su acercamiento para adherirse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hace 9 años (2014) con la implementación del “Programa País” para fortalecer las políticas públicas, recién en enero 2022, esta organización invitó a nuestro país para iniciar el proceso de ingreso (junto con Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía); en junio pasado, el gobierno entregó el memorándum inicial de implementación de la hoja de ruta, y, en respuesta, dicho organismo, presentó en Palacio de Gobierno, el informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023”, con las recomendaciones sobre reformas y acciones que debería ejecutar el Perú.
El gobierno confirmó
que el ingreso a la OCDE responde a una política de Estado con meta de ingreso
al 2026. Cabe mencionar que este importante organismo se formó hace 62 años con
valores compartidos de multilateralismo, democracia, mercados abiertos,
inclusión, sostenibilidad, paz y prosperidad, actualmente cuenta con 38 países
miembros que representan 50% del PBI mundial y 80% del comercio internacional.
La OCDE, para continuar
con el proceso, recomienda al Perú “combatir frontalmente la informalidad, una
de las principales causas que perpetúan la desigualdad y pobreza”, pero además,
ejecutar una serie de acciones de impacto fiscal como mejorar la recaudación y
administración tributaria, fusionar los regímenes tributarios de las pymes, efectuar
reformas de protección social (programa de transferencia monetaria para pobres
y desempleados, pensión universal y cobertura universal de salud), mejorar la
calidad de educación, reformar instituciones, combatir la corrupción, cambio
neto en balance fiscal, y también, conseguir una inflación sostenible, fomentar
la transparencia del sistema judicial, fomento de la inclusión, fortalecer la
aplicación de ley contra la deforestación, entre otras.
Bajo este panorama, con
las carencias que demuestra el gobierno, se vislumbra inalcanzable que podamos
acceder a la OCDE, como meta al 2026, porque no sería capaz de implementar todas
las recomendaciones expuestas en menos de 3 años. Solo el caso de la
informalidad laboral, la OCDE recomienda combatirla frontalmente porque afecta
cerca del 80% de los trabajadores, pero actualmente, junto al subempleo, sigue
incrementándose; nuestra economía está congelada y no se promociona la
inversión privada afectando nuestro crecimiento (este año sería nulo o negativo),
necesitaríamos crecer 4%, o más, para crear empleo y reducir la pobreza;
nuestra baja competitividad afecta la productividad laboral, y, según dijo el
mismo ministro de Economía Contreras en noviembre 2022, cuando era
viceministro, en términos de PBI per cápita (relacionado a aspectos sociales
como salud o educación) si queremos acceder a la OCDE, aún, creciendo (hipotéticamente)
a tasas anuales de 3%, nos demoraríamos 14 años para converger al último país de
la fila de este organismo.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de octubre de 2026
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