En
su mensaje del 28 de julio la presidenta Boluarte anunció que en la agenda
central de su despacho se incorporará la lucha contra el narcotráfico, que ejecutarán
nuevas metas de erradicación (según Otárola, 25,000 hectáreas, sin detallar
zonas) e incrementarán el presupuesto destinado al desarrollo alternativo
integral y sostenible (sin indicar montos). Además criticó a los
anteriores gobiernos “por no detener el crecimiento exponencial del espacio
cocalero”, sin embargo, cuando más aumentaron fue durante la primera etapa de
este gobierno comunista después que el corrupto Castillo eliminó la
erradicación en octubre 2021 (desde 61,777 hectáreas en 2020 hasta 80,681 en
2021 y a 95,008 en 2022), también en el Vraem, cuando promulgó el nefasto “pacto social ciudadano” con los cocaleros para
su erradicación voluntaria en abril 2022 (desde 29,000 hectáreas en 2020 se
incrementaron hasta 32,106 en 2021 y 35,709 en 2022, equivalente a 37.6% de la superficie
total nacional).
El pasado día 3,
Otárola, desde Pucallpa, declaró tener instrucciones precisas de Boluarte para
la lucha frontal contra el narcotráfico y reducir las “cifras alarmantes de
exportación de cocaína del país”, sin especificar cantidades de producción ni
exportación (¿por qué no presenta las cifras oficiales?), también explicó que
el narcotráfico nos causa problemas de generación de economías ilegales y
corrupción, y para esclarecer el motivo de su crecimiento dijo “porque se han
ampliado las zonas de siembra ilegal en Putumayo, Caballococha, y estaría
retomado el Huallaga”, lo cual es realmente gravísimo. Lo cierto es que los
cultivos crecen desmesuradamente en las zonas cocaleras del país,
principalmente en el Vraem y con altísimo rendimiento, también en la Amazonía (Ucayali
y Loreto en zonas fronterizas con Brasil y Colombia), en Áreas Naturales
Protegidas, y en territorios indígenas u originarios (las organizaciones indígenas
regionales exigen al gobierno declarar en emergencia ocho regiones del país
debido al narcotráfico).
Bajo este panorama, el
gobierno comunista en la lucha contra el narcotráfico está sin rumbo ni
acciones claras, además, incumple la Política Nacional contra las Drogas al
2030 porque Otárola increíblemente mantiene el funesto “Pacto Social Ciudadano”
que promulgó el corrupto Castillo, y, el titular de Devida, Carlos Figueroa, manifiesta
que se requiere aplicar medidas más contundentes para revertir el aumento de
cultivos, y ha decidido que la estrategia de la institución recae en el “Modelo
Perú” y trabajará en tres ejes de lucha contra las drogas, desarrollo
alternativo, interdicción y sanción y prevención, no hablan de desarrollo
humano, económico e infraestructura en zonas cocaleras, tampoco de control
efectivo de insumos químicos, ni de desarticular los cárteles de drogas, así,
seguiremos perdiendo la lucha contra el narcotráfico y continuaremos en camino
hacia un narcoestado.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de agosto de
2023
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