Otárola,
como Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y por tener a su cargo la
rectoría de la Política Nacional contra
las Drogas al 2030, debe cumplir el mandato de la Constitución: “El Estado
combate y sanciona el tráfico ilícito drogas y regula el uso de los tóxicos
sociales” (artículo 8); la conducción de esta política está a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) -adscrita al PCM-, la cual, en abril 2022, aprobó un ominoso e ilógico “Pacto Social
Ciudadano” con los cocaleros para que erradiquen voluntariamente sus cultivos,
procedimiento que no figura en la Política Nacional, y, que en lugar de luchar
contra las drogas está dando apertura a incrementos sostenidos de cultivos
ilegales y producción de cocaína.
Sin
embargo, Otárola, que conoce perfectamente el gravísimo
problema de las drogas en el Perú por haber sido Devida (2014-2016) y ejercido
como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE) en (2017-2022) y
vicepresidente (2020-2021),
además de tener seis meses como PCM, ni se ha inmutado, y menos, anulado el
nefasto pacto con los cocaleros, pero lo más grave, y lo pinta de cuerpo
entero, es que, en marzo 2022 cuando era miembro de la JIFE, y ni se imaginaba que sería
PCM, cuestionó duramente dicho pacto: “No puedes pactar ningún acuerdo
con los representantes de los cocaleros que entregan su coca al narcotráfico
bajo la presunción de que se van a autoerradicar, eso es una ilusión”, añadiendo
que en Bolivia se aplicó un mecanismo similar generando un aumentó de 15% de
los cultivos, además, cuestionó al gobierno comunista que hoy integra: “La
política antidrogas debe estar en la agenda del presidente de la República. No
solo no se entiende el problema, sino que se tienden puentes con los cocaleros
ilegales”.
Cuando
fue Devida, al dejar el cargo en 2016 explicó que no hubo erradicación en el Vraem,
pero si financiamiento de programas para reconversión de cultivos de coca, pero
cuando le preguntaron si el trabajo fue efectivo, dijo textualmente:
“creo que no, creo que debe haber erradicación, y una erradicación con
objetivos consolidados”.
Bajo
este panorama, Otárola, siendo responsable del gobierno de la Política Nacional
contra las Drogas la está desatendiendo peligrosamente, no
ha pronunciado palabra alguna sobre la situación de drogas en el país y no
presenta el informe de evaluación de resultados 2022; no existe un Plan
Estratégico Multisectorial (PEM) como herramienta indispensable para aplicar la
Política Nacional, y, con absoluta incongruencia, mantiene vigente el infame
Pacto Social Ciudadano, sin erradicación en el Vraem, promoviendo incrementos
sostenidos de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de junio de
2023
Artículos Publicados 
