Aunque parezca increíble, hasta la fecha no contamos con una
cifra oficial del comercio ilegal de madera, a pesar que desde década de los 70
existe en el sector forestal amazónico grandes cantidades de tala ilegal, informalidad,
ilegalidad, corrupción y tolerancia en el mercado a la madera ilegal. Desde dicha época por la grave deforestación
en la Amazonía ya se revisaba la base legal sobre recursos naturales renovables,
la primera Ley Forestal y de Fauna Silvestre (1975) ya normaba la conservación de
recursos madereros estableciendo régimen de uso, transformación y
comercialización, siendo reemplazada en 2001 por la Ley 27308 creándose Osinfor
(Supervisión Forestal) e incluyendo planes de manejo forestal, planificación, supervisión,
fiscalización y control de recursos, y por último, la actual Ley 29763 en
vigencia desde setiembre 2015, creándose el Serfor (Servicio Nacional Forestal),
incorporando principios de enfoque ecosistémico, gestión forestal,
transparencia, planes de manejo, etc., sin embargo, con esta basta normativa continúa
la tala ilegal en la Amazonía.
Existen empresas nacionales con madera ilegal en su cadena de
suministro y denuncias sobre exportaciones ilegales utilizando documentos
oficiales otorgados por autoridades forestales. Un estudio del Banco Mundial (2012) estima que 80% de
madera que sale al exterior es ilegal, también la Superintendencia de Banca y
Seguro en 2018 señaló que 41% de la madera extraída y comercializada era ilegal.
La ONG Global Witness advierte que en la última década, en Loreto y Ucayali 60%
de la madera es extraída de zonas no autorizadas, además, según análisis de la Unidad de
Inteligencia Financiera el monto de lavado de activos en el sector forestal por
tala ilegal es de US$ 150 millones anuales.
Bajo este
panorama el director Ejecutivo de Serfor, Luis Gonzales-Zúñiga, ha
reconocido que uno de los más serios desafíos del país es cambiar la mala
imagen en el exterior del sector forestal peruano y anunció la trazabilidad de los recursos
forestales maderables (RDE-230-2019-Minagri-Serfor-29 octubre) y en base a este
modelo se determinará la legalidad de la madera rastreándola desde su
extracción en el bosque, sin embargo, faltan muchos pasos para concluir el
modelo, entre ellos, formatos de registros, libros de operaciones de campo y de
planta, perfeccionar las guías de transporte forestal, definición de términos
(transformaciones primarias y secundarias), refuerzos de puestos de control,
además no tenemos un adecuado ordenamiento territorial forestal ni zonificación
ecológica económica, lo cual es crucial para la lucha contra la tala ilegal.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de noviembre de 2019
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