Todos
los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país como consecuencia del
caso Odebrecht nos demuestran el alto nivel de corrupción política existente como
un mal endémico que nos persigue desde hace muchísimos años debido
esencialmente a una crisis de valores y de ética donde el poder se relaciona
con las malas prácticas al margen de la ley y la justicia, una explicación
sería que la corrupción y el crimen organizado generan una elevadísima
rentabilidad creando un amenazante vínculo entre el poder, la política y el
dinero.
Pero
principalmente esta situación se presenta debido a que la gran mayoría de
nuestra sociedad política que conforma el Estado no comprende que la actividad
política es un quehacer social cuyo principal fin es alcanzar, mediante
patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad y cuya esencia
debe ser de servicio a los demás, el logro del bien común y el fortalecimiento
de una estructura de virtudes y valores públicos para construir la voluntad
política de las diversas instituciones integrantes de la nación en la defensa
de la población.
Lamentablemente
en nuestro país hemos corroborado que existen grandes intereses personales y
sectoriales que actúan solo por conveniencia y buscan en la política un medio
esencial de vida tratando de mantener el poder para copar espacios y cargos que
inexorablemente se transforman en el tiempo en grandes focos de corrupción.
Estas actitudes frivolizan la función pública y disminuyen la calidad de la
política, lo cual bloquea el camino de nuestro país hacia el desarrollo.
Bajo este
panorama existen justificadas razones de desconfianza y sospechas de la
ciudadanía sobre las actuaciones, decisiones, conductas y prácticas de muchos
políticos, las trapacerías que se producen en el ámbito político por corrupción
y falta de ética, amparadas por el poder, tienen un profundo impacto negativo
sobre la sociedad. Un país como el nuestro requiere que la política se
convierta en el fin supremo de la sociedad, tenemos una dramática fragilidad
institucional y profundos problemas sociales por resolver, esta realidad requiere
que la clase política tome un camino convergente a la construcción del bien
común y al fortalecimiento de la ética pública y sus principios fundamentales,
integridad, transparencia y probidad. Cuando logremos en nuestro país imprimir
valores éticos en la conciencia colectiva, a través del ejemplo de las
autoridades políticas, recién iniciaremos el gran cambio hacia el progreso.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de febrero de 2019
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