El
presidente Kuczynski estuvo a punto de ser destituido por el Congreso al haber
cumplido un año y medio de infructuoso gobierno (su aprobación cayó de 61%
hasta 18%), ahora, de cara al Bicentenario, le corresponde reiniciar su gestión
en otra dirección, con orientación clara, con cambios necesarios y enfocarse en
el cumplimiento de sus promesas y compromisos.
En el
principal compromiso del presidente “llevar agua y desagüe a todos los
peruanos”, se ha logrado muy poco en cobertura, especialmente en el área rural
solo llega al 62% y en saneamiento a 29%; además, para tratarse las aguas
residuales al 100% se requieren US$ 3,000 millones. El segundo compromiso
“prestar un servicio de educación de calidad”, nos ubicamos en últimos puestos
educativos del mundo (prueba Pisa), para mejorar esta situación el esfuerzo se
centra en incrementar el presupuesto pero sin prestar atención a la débil
gestión; en año y medio pasaron tres ministros y se activó una grave huelga
magisterial de educación pública que duró 3 meses y afectó 1.5 millones de estudiantes. Su promesa
sobre salud “prestar un servicio público sensible al enfermo, oportuno y
eficaz”, está muy lejos de lograrse, el sistema de salud debe reorganizarse
para alcanzarse un acceso universal y equitativo.
Otra
promesa “formalizar el país” está estancada, 70% de peruanos no tiene empleo
formal, se requiere una reforma laboral que capacite y promueva a empresas
informales con potencial formal. Sobre “construir infraestructura para el
desarrollo”, promesa con gran brecha de U$ 165,000 millones, es urgente
construir carreteras y la reconstrucción de infraestructura dañada por El Niño
costero. Su última promesa de “liberar a nuestra patria de corrupción,
discriminación, inseguridad y delito” no muestra avance, la corrupción,
convertida en el problema central socava nuestra democracia, la impunidad debe
ser erradicada; la inseguridad y el delito se incrementa, faltan propuestas
para prevenir la delincuencia (reducir causas socioeconómicas como falta de
empleo y situación de cárceles), según el BID el costo de la delincuencia en
Perú asciende a US$ 10,325 millones (2.77%
del PBI).
Bajo
este panorama, el presidente, que se encuentra en una situación vulnerable por
el indulto a Alberto Fujimori, debe revertir su falta de gestión y liderazgo
para cumplir sus promesas y compromisos, avanzar en reformas del Estado,
modernizar la administración pública, desarrollar la institucionalidad, lograr
la capacidad de asegurar la gobernabilidad y garantizar el desarrollo económico
y social del país.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de diciembre 2017
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