Además, desde
marzo pasado, estamos incluidos en la “lista negra” del Departamento de Estado
de EE UU con otros 84 países donde organizaciones criminales blanquean dinero
usando el sistema financiero nacional para transferir fondos de transacciones
derivadas de lavado de activos. También, la Comisión Europea nos identifica en
otra “lista negra” preliminar sobre transparencia y tributación que prevé
publicar este año, y, en junio pasado, el FMI ha enfatizado que debemos
implementar de forma más enérgica las medidas de lucha contra la corrupción y
lavado de activos.
Según la
Unidad de Investigación Financiera (UIF) el lavado de activos representa 4.4% del PBI nacional; el año 2015
determinó que por este medio ingresaron al país S/. 5,000 millones provenientes
del narcotráfico, minería ilegal, corrupción, construcción y comercio exterior,
además registró 7,000 reportes de operaciones sospechosas pero no pudo
demostrar su procedencia ilícita, y entre 2007 y 2015, junto con el Ministerio
Público, investigaron casos de lavado por más de S/ 36,000 millones, también,
recientemente, esta Unidad de Investigación ha detectado 14 amenazas de riesgos
de lavado de activos en los sectores minero (minería de oro, inversión, contrabando)
y pesca (extracción, procesamiento y comercialización ilegal, inversión de
fondos del narcotráfico).
Bajo este
panorama, a pesar de la enorme magnitud de casos de lavado de activos en
nuestro país, la efectividad en la lucha contra este delito, en sentencias
dictadas y recuperación de dinero y bienes, es muy pobre y casi nula. Increíblemente
se está aplicando un Plan Nacional Anti-Lavado
desactualizado (aprobado hace más de 6 años con DS 057-2011-PCM fecha 1° julio) y recién, desde
enero 2016, la UIF, con cooperación alemana, viene elaborando un nuevo plan que
debería concluir prioritariamente este año.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de setiembre de
2017
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