El
pasado día 2 el Departamento de Estado de EE UU difundió el Reporte
Internacional Estrategia de Control de Narcóticos 2016 en cuyo Volumen II
(Lavado de Dinero y Crímenes Financieros) el Perú es incluido por primera vez
en la “lista negra” como país donde se blanquea dinero, junto con 14 países de
la región y 70 en el resto del mundo, debido a que organizaciones criminales
usan el sistema financiero nacional para transferir fondos de transacciones
derivadas del narcotráfico internacional (42%), comercio de oro ilegal (34%),
contrabando, tráfico de madera y corrupción gubernamental, pese a ello, nuestro
sistema para combatir este delito presenta debilidades (prevención, control,
seguimiento, capacitación), además, la Fiscalía demuestra poca drasticidad para
penalizarlo (solo 12 condenas ejecutadas).
El
lavado de activos mueve en Perú ingente cantidad de dinero ilícito, que es
blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, remesas
al exterior, creación de empresas de fachada para simular operaciones
financieras, cambio de divisas, y “pitufeo” (testaferros con pequeños depósitos
e inversiones), etc. Desde hace años la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODD) nos viene advirtiendo sobre el creciente lavado de
activos en nuestro país que llega hasta US$ 7,000 millones anuales (1.9 % del
PBI), ocasionando distorsiones en la economía y riesgo a la gobernabilidad por
sus infiltraciones en instituciones del Estado. Los Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) casi
se han quintuplicado desde 2011 (2,200 ROS) hasta 2016 (9,500 ROS).
Bajo
este panorama el hecho de haber sido incluidos en la “lista negra” de
principales países donde se blanquea dinero, implica un incremento de riesgo
país, afectación de líneas de crédito y de transacciones financieras. Aunque el
gobierno ha avanzado en la lucha contra el lavado de activos en que UIF acceda
al secreto bancario y tributario mediante solicitud al Poder Judicial (DL 1249
fecha 26 noviembre 2016), sin embargo retrocedemos por uso de un Plan Nacional
desactualizado de la anterior gestión (aprobado en julio 2011). El gobierno
debe elaborar un nuevo Plan Nacional para establecer una política de Estado,
pero para hacerlo, según recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), la UIF debe culminar el Estudio de Evaluación de Riesgos
en materia de Prevención de Lavado de Activos iniciado hace más de un año, en
enero 2016.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de marzo de
2017
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