El
pasado día 2 hemos escuchado con mucha preocupación al coordinador de las
Fiscalías de Lavado de Activo y Pérdida de Dominio del Ministerio Público,
Marco Guzmán Baca, quien manifestó que las fiscalías especializadas están atendiendo
424 investigaciones complejas por este delito, además de 60 autoridades
(funcionarios) investigados por presunta obtención de dinero de la corrupción (malversación
de fondos, peculado y cohecho).
La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre enero 2007 y agosto 2014, ha
recibido 22,334 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos vinculadas
al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, defraudación de
rentas de aduanas, contrabando, corrupción de funcionarios, defraudación
tributaria, estafa y fraude, registrados en Lima Metropolitana (58%) y La
Libertad, Lambayeque, Áncash, Tacna, Piura, Arequipa, Ica y Callao.
Pero
lo más preocupante es que en el actual período de gobierno estos reportes se
han duplicado entre 2011 y 2013 (de 2,215 a 4,591), y ya hay 4,200 solo entre
enero y agosto 2014. Durante las últimas elecciones la UIF presentó al Jurado
Nacional de Elecciones información sobre posible vinculación con este delito de
127 candidatos, además, según la Policía, en 2014 (respecto a 2013) hay 70% más
de personas investigadas.
Es
muy peligroso el exponencial incremento de lavado de activos que está presentándose
en nuestro país, y hace años nos lo viene advirtiendo la ONU a través de su
Oficina contra la Droga y el Delito (UNODD), la cual señala el lavado de US$
7,000 millones anuales (según la Fiscalía de la Nación serían US$ 10,000
millones).
Bajo
tal panorama no se enfrenta este grave delito de manera frontal y efectiva, y
por su magnitud son deplorables los resultados obtenidos, con mínimos
porcentajes de capturas y condenas ejecutadas, a pesar que existe mucha
normatividad (ley 27693 de mayo 2002 y decenas de leyes modificatorias,
decretos y resoluciones), y desde 2011 un “Plan Nacional de Lucha contra el
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (con 85 objetivos e
involucra a 20 entidades del Estado).
Se
requiere mayores y eficientes controles sobre actividades ilícitas bancarias y
tributarias, mejor capacitación y potenciación de las competencias técnicas y
operativas, adecuada coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, la
Contraloría y la UIF, y lo más importante, enfrentar la ingente corrupción infiltrada
y enraizada en la mayoría de instituciones del Estado.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de noviembre
de 2014
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