En
la mitad de su período el gobierno llega con la mayor desaprobación
presidencial, principalmente por la inseguridad ciudadana y criminalidad
organizada, desbordada por incompetencia de las autoridades y el cambio –cada 6
meses– de 5 ministros del Interior, generándose en la población temor, recelo,
desconfianza y desprotección, convirtiéndose en un gravísimo problema nacional.
La
inseguridad ciudadana se incrementa en el país –principalmente en Lima,
Trujillo, Chiclayo y Piura– proliferando actos delictivos coordinados desde las
cárceles (asesinatos, extorsiones, secuestros), asaltos en ciudades y carreteras,
marcas, cobro de cupos, y más de 300,000 armas de fuego ilegales, pero a pesar
de ello no existe una clara estrategia para enfrentar la delincuencia.
Según
el INEI, el 38% de la población ha sido víctima de la delincuencia, el más alto
porcentaje regional, y asimismo, nuestra tasa de victimización por homicidio
(40%) es la mayor después de México. Además, el asalto a bancos y robos a
cajeros creció 100% respecto al 2012, y a pesar que en este gobierno la
población carcelaria –gravemente hacinada– aumentó 27% (de 48,800 a 67,000
presos), la delincuencia sigue incrementándose.
Se
está presentando una profunda erosión del tejido social por un crecimiento
urbano acelerado y desordenado, cambios en la estructura familiar, deficiencias
en el sistema escolar y alto consumo de alcohol y drogas.
A
pesar de esta grave situación, increíblemente, por no asignarse presupuesto
para su implementación, la vigencia de la Ley 30077 contra el crimen organizado
fue postergada hasta mediados de 2014, y además, de 110,000 policías, 86,000 trabajan
24x24 (un día resguardando la población, y el otro –por su ínfimo sueldo– en el
sector privado) lo cual afecta el combate delincuencial. Hay solo 1 policía por
cada 2,000 habitantes siendo el estándar internacional de 1 por cada 250.
Bajo
este panorama, la inseguridad ciudadana y la desaprobación presidencial seguirán
aumentando proporcionalmente mientras no se implemente una estrategia integral
que desarrolle capacidades sustantivas para prevenir actos de violencia en el
país, sobre la base de una eficiente actuación policial –con nueva tecnología y
mayor labor de inteligencia– contra la delincuencia en áreas de riesgo, y
buscando mayor acercamiento con comunidades locales; además es imprescindible una
reforma del sistema penitenciario; lograr una justicia accesible, ágil y
eficaz; y principalmente, una sustantiva mejora educacional en valores de
convivencia pacífica, tolerancia y respeto al estado de derecho.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de diciembre
de 2013
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