Nuestra
clase política, salvo honrosas excepciones, no es transparente, la desconfianza
y cuestionamiento a nuestro sistema político es una realidad indiscutible,
tanto por actuaciones personales de sus protagonistas como por el inconsistente
debate político que emplea un formato de desarrollo mediático y deja de ser
justo. En el caso de los partidos políticos, no tienen una estructura bien
constituida, sin vida partidaria ni formación política, sin filtros para elegir
candidatos, adoptan
internamente sus decisiones sin conocerse como operan y se financian, lo cual genera debilitamiento y
desprestigio con bajos
niveles de credibilidad, desconfianza
o sospecha en la ciudadanía (su desaprobación llega a 90%).
En el caso de nuestros congresistas (con pocas excepciones que todos los demócratas conocemos), son usuales los
escándalos e impunidad, desde los conocidos “mochasueldos” que hurtan parte del
sueldo de sus trabajadores, los denominados “niños” que usan sus votos a
cambios de favores, el uso de viajes sin control con pasajes y viáticos al
exterior con enormes gastos, además de recibir amplios beneficios económicos
como asignación por desempeño de función, bonificación por función de
representación, bonos, gratificaciones, etc., todo esto, a pesar de su débil capacidad para priorizar asuntos de
importancia como reformas políticas, económicas, sociales y electorales.
Realmente, el Congreso no tiene respuestas a las urgentes demandas de la mayoría
de la población (su desaprobación llega a 96%).
Y en el Ejecutivo, Boluarte (con
80% de desaprobación) actúa sin transparencia ni reglas claras, sin firmeza ni
estrategia, con señales contradictorias e incertidumbre, su peor error es
intentar eludir su responsabilidad política culpando a las FFAA y PNP por las
muertes en Juliaca durante las protestas de diciembre 2022 (con Otárola como
ministro de Defensa) a pesar que como jefa suprema de las FFAA, según la
Constitución, es la única que puede disponer su empleo y ordenar sus
movimientos; mintió aún antes de asumir el gobierno asegurando que se iría de
inmediato si Castillo dejaba el cargo. El símbolo que identifica su gobierno es
recesión económica, inseguridad ciudadana, clara posición antiminera formal, y,
en hidrocarburos, tratando de reflotar, entregando recursos, a la deficiente y
oscura empresa estatal Petroperú, además, demuestra falta de transparencia y convicción
para atraer inversión privada (única forma de enfrentar la pobreza e
informalidad), y, tampoco ejecuta acciones concretas ni
articuladas para mejorar la educación, salud, ni luchar contra la corrupción y
las drogas.
Bajo este panorama, nuestro futuro como país recién se encaminará cuando
los políticos sean transparentes y entiendan que la actividad política es
esencialmente humana y civilizadora, cuyo principal fin es alcanzar el
bienestar de la sociedad, el logro del bien común y el fortalecimiento de
virtudes y valores públicos, dejando de lado intereses personales o partidarios.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha
sábado 13 de enero 2024
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