A
pesar de las amenazas, peligros y daños asociados a la producción, comercio y
consumo de drogas, en los dos últimos años, este gobierno comunista de
Castillo-Boluarte ha reducido el control de fiscalización de cultivos ilegales
y su comercio ilícito, aplicando además nuevas y nefastas reglas en los
procesos de erradicación, principalmente en el Vraem, zona de mayor producción nacional, sellando un
“pacto social ciudadano” con gremios cocaleros para que reduzcan voluntaria y
progresivamente sus cultivos, lo cual jamás va a suceder, y por el contrario,
el gobierno está entregando un territorio liberado al narcotráfico,
organizaciones criminales de alta lesividad y demás delitos conexos.
En 2021 los cultivos
aumentaron de 60,000 a 80,000, y el 2022, Carlos Figueroa, presidente actual de
Devida, ha informado la detección de 12,000 nuevas hectáreas (+36%) mayormente en
zonas de bosques, áreas naturales protegidas y comunidades nativas, así,
inexorablemente, la producción de cocaína y el narcotráfico siguen avanzando de
manera incontrolable. En 2021 se erradicaron 5,774 hectáreas y en 2022 unas
19,000, pero ninguna en el Vraem, con esta cantidad erradicada, que luego gran
porcentaje es resembrado y además de nuevas áreas detectadas, la producción
anual de cocaína calculada estaría bordeando las 1,000 toneladas.
El 14 de diciembre
2020, con DS.192-2020-PCM, se aprueba la Política Nacional contra las Drogas al
2030 (PNCD-2030) para enfrentar el problema público asociado a las drogas cuya
rectoría está a cargo del PCM y la conducción a través de Devida, la
disposición final única da un plazo máximo de 180 días para presentar el Plan
Estratégico Multisectorial (PEM), dicho plazo se venció en junio 2021 pero a la
fecha no existe por incumplimiento del gobierno, a pesar de tratarse de la
principal herramienta para orientar y programar las tareas de las instituciones
públicas involucradas en la PNCD-2030 porque debe incluir elementos de análisis
de escenarios contextuales e indicadores para enfrentar daños a zonas
estratégicas y poblaciones vulnerables por cultivos ilícitos, tráfico, consumo
de drogas, además, para implementar el desarrollo alternativo integral y
sostenible y controlar la producción y comercio ilícito de drogas.
Bajo este panorama, el
premier Otárola conoce perfectamente la problemática porque ha sido presidente
de Devida y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, sin embargo, no toma ninguna acción para el
cumplimiento de la PNCD-2030, ni tampoco para derogar el funesto “Pacto Social
Ciudadano” que dicha Política Nacional no considera y que anteriormente él
mismo rechazó en forma tajante por estar ocasionando incrementos sostenidos de cultivos ilegales, pudiendo convertir a nuestro país en el primer país productor de cocaína
en el mundo sobrepasando a Colombia.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado
en el diario EXPRESO, fecha 3 de junio de 2023
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