Los pasados
días 6 y 7 se realizó en nuestra capital el X Congreso Internacional de
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA-2018)
para buscar fortalecer en los países la metodología para prevención y gestión
del riesgo de este delito, cuya gravedad consiste en su poder corruptor, que
encubre dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas o ilegales haciéndolos
aparentar como legales. En nuestro país este delito muestra preocupante
incremento generando peligrosos efectos perturbadores a la gobernabilidad y la
estabilidad económica nacional. Según el superintendente adjunto de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, en 2017 se acumularon más de
11,000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), 55% más que en 2014 (6,000
ROS), principalmente de sectores con poca o nula supervisión (mercado
inmobiliario, comercio exterior, cooperativas, entre otros), con dinero
procedente del narcotráfico, corrupción y delitos ambientales (minería y tala
ilegal).
A nivel
mundial estamos considerados entre países donde se blanquea dinero, el
Departamento de Estado de EE UU, en su informe sobre narcotráfico y crímenes
financieros 2016 nos incluyó en una lista negra por vulnerabilidades ligadas al
narcotráfico (extracción ilegal de oro, tala ilegal y contrabando), también el
FMI en julio 2017 advirtió que Perú debe aplicar medidas más enérgicas contra
la corrupción y lavado de activos, además, el Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica (Gafilat) realiza una evaluación sobre nuestro sistema de
prevención de lavado de activos cuyo informe final será emitido en diciembre 2018.
Bajo este
panorama, a pesar del incremento de lavado de activos en nuestro país
increíblemente las sentencias penales en las últimas décadas no llegan a 30.
Solo hace 3 meses se aprobó el Plan Nacional contra Lavado de Activos
(DS.003.2018-JUS), y con gran resistencia del Congreso, recién en enero 2019 la
SBS podrá supervisar las cooperativas (de 502 identificadas 134 están en el
Vraem), pero faltan acciones, entre otras, fortalecer la fiscalía y órganos de
control; hacer más efectiva la ley de Pérdida de Dominio; control de casas de
cambios, empeño y empresas prestamistas; uso de nuevas herramientas
tecnológicas para evaluación de riesgos y de información e inteligencia
financiera; incorporación de la normativa “beneficiario final” (detectar personas
naturales detrás de las empresas), aplicación de sanciones firmes, agilización
en el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, e implementación
de sistemas interconectados (intercambio de información y coordinación) entre
instituciones que operan para detectar operaciones de dinero ilícito.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de junio de
2018
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