La
inseguridad alimentaria significa insuficiencia de alimentos por falta de
acceso físico y/o económico para que las personas accedan a una alimentación
suficiente, segura y nutritiva, que permita satisfacer sus necesidades
alimenticias para llevar una vida activa y sana. En nuestro país, actualmente, enfrentamos
una grave crisis alimentaria principalmente porque gran porcentaje de familias
tienen bajos recursos económicos para adquirir principalmente alimentos de
primera necesidad.
La canasta básica
familiar que mide ingresos y nivel de vida de las familias, durante los últimos
3 años, se ha incrementado en 16%, peor aún, los costos de alimentos y energía
subieron 25.6% por la alta inflación en 2022 (8.56%, la tasa más
alta en 26 años) originando que los precios para cubrir mensualmente gastos
esenciales para una persona aumentaron de S/ 378 a S/ 414; para que no
se le considere pobre a una familia de 4 personas, debe tener una capacidad de
gasto mensual de S/ 1,656, siendo S/ 1,500 el ingreso promedio a nivel nacional,
así, obviamente los niveles de pobreza siguen incrementándose de 20.2%
en 2019 a 25.9% en 2021, y por impacto de inflación y altos costos, a 27.5%
en 2022, Macroconsult proyecta que al cierre 2023, la pobreza llegaría a 28.4%
(o hasta 29.5% con políticas públicas mal focalizadas), además, advierte
que debido a la desaceleración económica nos tomaría 13 años regresar a niveles
de pobreza de 20% que registramos en 2019.
La representante de la
FAO en el Perú, Mariana Escobar, ha manifestado que en Sudamérica, Perú es el
país con mayor índice de inseguridad alimentaria, en el 2022, por falta de
recursos para adquirir alimentos para consumir una dieta adecuada, 16.6
millones de peruanos (50%) sufrieron esta situación, que además puede
complicarse si El Niño Global afecta el acceso físico a alimentos para su
disponibilidad en el mercado. La última Encuesta de Hogares (Enaho) registra
que el porcentaje de hogares que disminuyó sus ingresos (por pérdida de empleo,
enfermedad u otros casos) aumentó de 19% en 2019 a 27% en 2022, viéndose
obligadas a consumir menos alimentos (según el IPE, durante el primer semestre
2023, unos 2 millones fueron afectados), lo cual determina la gravedad de nuestra
crisis de inseguridad alimentaria.
Bajo este panorama, mientras
el gobierno comunista de Boluarte continúe espantando la inversión privada (que
asegura más empleo formal, mejores sueldos y acelera el crecimiento), y,
mientras no implemente una adecuada estrategia y plan nacional de seguridad
alimentaria y nutricional, la crisis e inseguridad alimentaria y la pobreza
seguirán aumentando, generándose mayores casos de desnutrición crónica y aguda,
y anemia y mortalidad infantil, principalmente, entre la población más
vulnerable y en el ámbito rural.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de noviembre
de 2023
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