La cancillería chilena, mediante nota diplomática del 3 de abril, resaltaba los riesgos que representaba el desplazamiento de peruanos desde Tacna hacia el Hito N°1 durante una manifestación, debido a la existencia de minas antipersonales no removidas en la zona (remoción es un proceso que abarca su detección, limpieza y destrucción).Según datos del ministerio de Defensa chileno, en las décadas del 70 y 80 se sembraron, entre las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina, alrededor de 430 mil minas ante posibles conflictos bélicos. Actualmente estiman la existencia de alrededor de 150 mil minas sembradas en 37 sectores fronterizos, pero otros estudios indican que éstas podrían llegar al millón. A la fecha solo han logrado desactivar unas 2,700.
Al respecto, el día 28 del mes pasado, el canciller José García Belaunde, manifestó que la reunión del 2+2 entre Perú y Chile a realizarse en octubre en nuestro país “se puede enriquecer” con el tema del desminado de la frontera. Sin embargo, habría que aclarar que este importante asunto debe ser tratado estrictamente dentro del marco del cumplimiento de la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su destrucción”, conocida como la “Convención de Ottawa”.
Esta Convención fue suscrita el 5 de diciembre de 1997 en Ottawa, Canadá, por 123 países –incluyendo a todos los países sudamericanos– con el fin de enfrentar la remoción y garantizar la destrucción de alrededor de 110 millones de minas repartidas en más de 70 países y obliga a los Estados Parte a no emplearlas nunca y bajo ninguna circunstancia. Entró en vigor el 1° de enero de 1999 y actualmente esta firmada por 143 países, entre los cuales, deplorablemente, no figuran importantes productores de minas como EE UU, Rusia, China o Pakistán.
En el caso de Sudamérica, por los plazos establecidos en la Convención, a la fecha ningún país puede tener minas almacenadas. Para el caso de minas sembradas, en el mundo existen 48 países registrados con zonas o campos minados bajo su jurisdicción o control, y cuentan con un plazo de 10 años para removerlas o eliminarlas. En Sudamérica se encuentran en esta situación Chile, Colombia, Ecuador y Perú, cuyos plazos para removerlas y eliminarlas vencen para Ecuador y Perú el 2009, para Colombia el 2011 y para Chile el 2012.
A pesar de que la remoción de minas es un proceso largo, peligroso y costoso –según la ONU, el precio de cada mina oscila entre US$ 3 y US$ 30, pero su remoción en un campo minado asciende a más de US$ 100–, su eliminación total es perentoria porque sembradas en zonas o campos minados, además de que pueden mantenerse activadas por períodos indeterminados, se trata de armas letales de efectos indiscriminados que pueden matar, herir, incapacitar o producir mutilaciones traumáticas a personas inocentes.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de mayo de 2007
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