Los
bosques amazónicos son esenciales para la regulación del clima, captura de
carbono, purificación del aire y agua, y conservación del suelo. A nivel
mundial somos el 9° país con más extensión de bosques, tenemos 73 millones de
hectáreas que cubren 60% de nuestro territorio, sin embargo, según la
plataforma GeoBosques del Ministerio del Ambiente (Minam), en 2023 perdimos por
deforestación 132 mil hectáreas siendo catalogados por World Institute
Resources (WRI) como 5° país del mundo con mayores pérdidas de bosques, además,
en 2020, durante la pandemia, batimos récord con 200 mil hectáreas, pero lo más
grave es que en 22 años (período 2001-2023) perdimos 3 millones de hectáreas, principalmente
en las regiones Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto.
Nuestra
Amazonía es uno de los principales bastiones de biodiversidad y apoyo
ecosistémico del mundo, pero el problema es la vulnerabilidad frente a la
deforestación por poca vigilancia y monitoreo forestal que no garantiza la
protección de los bosques, contamos con 76 Áreas Nacionales Protegidas que no
se encuentran debidamente resguardadas por falta de capacidad de supervisión
del espacio. Esta realidad se agrava por falta de una articulación
institucional y conexión entre políticas públicas, estrategias y acciones
congruentes y razonables por parte de los 3 niveles de gobierno.
La
desatención del Estado para enfrentar los graves delitos impulsores de la
deforestación que actúan como un fenómeno criminal estructural facilitado
además, en gran medida, por la mafia y corrupción, evidencia su descontrolado
crecimiento, entre estos delitos tenemos: la minería ilegal aurífera, principal
amenaza con efectos devastadores; la tala ilegal, mafias eliminan enormes coberturas
de áreas para traficar madera, deberíamos reforestar 5 millones de hectáreas
disponibles en tierras deforestadas para plantaciones forestales comerciales,
porque en nuestra Amazonía no producimos madera, el 100% es explotada
extrayéndola de bosques naturales, es imprescindible la trazabilidad de madera;
el cultivo de coca y proliferación del narcotráfico arrasan los bosques; la ocupación
irregular de tierras por falta de ordenamiento territorial invadiendo áreas de
bosque para establecer asentamientos humanos y producir agricultura a pequeña y
gran escala, especialmente de cultivos industriales de palma aceitera, la Ley 31973,
conocida como “Antiforestal”, ha desencadenado la búsqueda de nuevos terrenos
para invadir (49% del área deforestada termina convertida en superficies
agrícolas y pecuarias).
La
deforestación en nuestra Amazonía no debe seguir incrementándose, debemos
frenarla valorando y protegiendo los árboles. Nuestra política Nacional del Ambiente
al 2030 establece
objetivos
para reducir la deforestación, mejorar la gestión ambiental y promover la
sostenibilidad y sensibilización poblacional. A pesar de tratarse de un
problema complejo, debe ser debidamente enfrentado por el gobierno a través de
un manejo eficiente e integrado con medidas preventivas y correctivas que
incluyan penas drásticas a quienes cometan delitos forestales, especialmente a
los funcionarios corruptos, además, con la implementación efectiva de leyes y
políticas integrales con mecanismos especiales de administración, control,
vigilancia y monitoreo forestal en tiempo real, que garanticen la seguridad protección
de los bosques, promuevan el desarrollo sostenible y aseguren los derechos de
las comunidades que dependen de estos territorios.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de diciembre
de 2025
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