VENEZUELA: DICTADURA IDEOLÓGICA RADICAL DESDE 1999

 

A raíz de la captura en Venezuela, el pasado 3 de enero, del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa durante una intervención militar de EEUU, es importante analizar como la dictadura ideológica radical del Chavismo, llevó a Venezuela al extremo de convertirlo en el país más corrupto de América Latina y generar la mayor crisis de desplazamiento del mundo (8 millones).

 

Antes de asumir Hugo Chávez, Venezuela era conocida como “El país millonario de América”, pero al llegar al poder, cambió una nueva Constitución Bolivariana, obtuvo 100% de la Asamblea Nacional y desapareció la independencia de poderes al nombrar jueces, fiscales y autoridades electorales afines al régimen. Este proceso autocrático lo continuó Chávez en forma de autoritarismo con su propia lógica revolucionaria basada en vicios, abusos, crímenes y una creciente economía ilícita, pero principalmente con una concientización ideológica sobre su “Revolución Bolivariana” (alineada con Cuba y países del Medio Oriente, en especial Irán) y con contrapartes globales en Rusia y China, la cual fue transmitida durante sus años de gobierno (2 febrero 1999 al 5 marzo 2013). Su proyecto “socialismo del siglo XXI” (combinación de populismo, prepotencia y corrupción) era profusamente difundido con alta sofisticación tecnológica para controlar a la población, principalmente a jóvenes y sectores educacionales y laborales.

 

En el campo militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ejército, Armada, Aviación militar y Guardia Nacional) se estima en 110,000 efectivos activos y 8,000 reservistas, pero además su organización incluye la Milicia Bolivariana que se estima la integran entre 220,000 y 500,000 efectivos, la cual fue creada en 2008 por concepción particular de Chávez como brazo armado de la revolución, basada en principios de guerra popular de resistencia y participación permanente en seguridad ciudadana y orden interno, decía: “no hay mejor inteligencia que la del propio pueblo, las redes populares, la milicia tiene que ser eso, el pueblo en armas”.

 

El 5 de marzo 2013 murió Chávez y el día 8 ingresó Maduro continuando escrupulosa y fielmente el mismo camino ideológico dictatorial y la guerra popular hasta que fue capturado el pasado 3 de enero. En este período se incrementaron por cientos los presos políticos y los crímenes, fortaleció la Revolución Bolivariana, con una meta de llegar a 500,000 milicianos el 2015 y un millón el 2019, además ordenó a los altos mandos castrenses crear con los trabajadores las “milicias obreras”. Estas milicias recibían entrenamiento con fusiles, lanzacohetes y explosivos, y estaban compuestas por la “milicia territorial” y los “cuerpos combatientes” organizados con miembros de instituciones públicas, universidades o empresas, además de grupos paramilitares denominados “colectivos” para aterrorizar a la población.

Bajo este panorama, después de haber transcurrido casi 27 años de dictadura, bajo un sistema autocrático chavista es fundamental la reconstrucción institucional y la recuperación económica de Venezuela, además, debido al adoctrinamiento radical ideologizado de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, persiste una gran cantidad de efectivos vinculados al chavismo e insertados en estructuras estatales con actores del crimen organizado y terrorismo internacional con intenciones de sabotear cualquier proceso de transición democrática, por lo que es indispensable su despolitización, profesionalización y restablecimiento de la meritocracia, así como la urgente desactivación de las milicias bolivarianas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de enero de 2026

 

REFLEXIÓN DE INICIO DEL 2026: POLÍTICA, ÉTICA Y BIEN COMÚN

 

El bien común es el conjunto de prácticas y actividades desarrolladas para beneficio de toda la sociedad, encaminándolas a un principio cohesionador y vinculador de orden social, a través del cual se propicia la plena realización de la persona humana, con mejores condiciones de vida y respeto de su dignidad, su desarrollo, realización, y condiciones para satisfacer sus necesidades primarias, propende además al fortalecimiento social, su integración armónica e igualdad de oportunidades en la vida nacional.

 

Nuestra actual Constitución se ocupa del bien común en el capítulo III del título III del régimen económico (artículo 70°) al tratar sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad, especificando que “El Estado lo garantiza. Se ejerce con armonía al bien común y dentro de los límites de la ley”; en el capítulo I, artículo 58°, referido a la libertad de iniciativa privada ejercida en una economía social de mercado, dispone que “Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. Estos campos de desarrollo están íntimamente relacionados al bien común como principio ético, social y político, y, de cumplirse por el Estado, permitirían encaminar el desarrollo integral de los miembros de la sociedad. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en distintos fallos, utiliza el término bien común, y otros, como interés general, interés público, bienestar general u orden público, que compatibilizan con la finalidad del bien común.

 

En este contexto, el principio y fin ético de la política debe tener como objetivo la búsqueda del bien común para los integrantes de la comunidad, el cual se adquiere con valores y principios éticos que fortalezcan la conciencia y movilicen la acción humana (sentido solidario, cooperación, justicia, paz, conciencia cívica, fortaleza moral, sentido ético), debiendo el gobierno, para alcanzarlo, utilizar como principales instrumentos la justicia y rectitud moral, la justa distribución de la riqueza, educación, leyes y paz social.

 

Sin embargo, la política, que debe ser la fuerza que moldee la sociedad con una verdadera dimensión de propósito colectivo y principio de justicia con visión de futuro y de bien común, está muy distante de la ciudadanía, los partidos políticos “con muy pocas excepciones” se han convertido en una casta política profesional del que obtienen ventajas personales para su propio beneficio, se trata de una lucha por el poder carente de principios y dimensión de proyecto común o transformación social, desligada de principios morales que envilecen nuestra ética nacional.

 

Bajo este panorama, nuestros últimos gobiernos, desde el ejercicio del poder, han tomado un camino muy divergente a la construcción del bien común y la ética política, con ausencia de valores morales, ocasionando, en los tres niveles de gobierno, corrupción, enriquecimiento ilícito, mal uso de recursos y bienes públicos empleándolos en intereses personales y/o partidarios, promesas incumplidas, falta de justicia, inseguridad ciudadana, criminalidad y violencia, entre otros, que se contraponen a los valores éticos y que no  permiten alcanzar el bien común, lo cual afecta a la población y la está conduciendo al desinterés ciudadano y a un punto muy elevado de insatisfacción.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de enero de 2026

 

ONPE: PIERO CORVETTO EN SU LABERINTO

 

A menos de 4 meses de las elecciones generales 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a cargo de Roberto Burneo, resolvió declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular por haberse llevado un proceso con vicios de nulidad y fraude interno, marginándolo del proceso electoral 2026. El JNE acusó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de Piero Corvetto, de arbitrariedades por incurrir en omisiones por insuficiente reacción en procesar y supervisar al no cumplir observaciones y advertencias de sus fiscalizadores. La ONPE ha rechazado las observaciones y el informe del JNE a pesar de ser el organismo rector permanente de los procesos electorales. Dicho enfrentamiento y discrepancias ocasionaron una crisis institucional y un clima de incertidumbre sobre el papel de ONPE para organizar los comicios generales. El excongresista Ricardo Burga anunció una denuncia penal contra Corvetto.

 

Otro caso que demuestra incapacidad de ONPE es la falta de eficacia y seguridad de un software elaborado por cuenta propia para implementar el voto digital, sobre el cual, el pasado día 19 el JNE determinó su inviabilidad por no contar con mecanismos de seguridad necesarios ni garantía para las elecciones. La ONPE, en octubre pasado habilitó la plataforma oficial de registro y contrató la firma CGTS CORP para que evalúe su software (¿cuánto habrá costado?), el 12 de este mes, confirmó facilidades de voto para más de 2 millones de personas entre policías, militares y otros, sin embargo, resultó ser un sistema inviable.

 

Corvetto fue seleccionado como jefe de la ONPE en agosto 2020 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuyo presidente, Aldo Vásquez, era decano de la PUCP, de la misma facultad donde éste laboraba. Desde julio 2019 fue jefe del Gabinete de Asesores de RENIEC, que elaboró el padrón electoral, lo cual le restaba transparencia al asumir su cargo en ONPE. Su actuación en el proceso 2021 fue pésima, su comunicación fue casi nula, según dijo, no se habían preparado para la cantidad de desinformación que hubo; sobre la publicación de actas, dijo que en 2021 “no hubo tiempo”, pero para 2026, dice, implementará “descargas masivas”, tampoco incluyó de manera adecuada los símbolos y fotografías de candidatos en las franjas electorales; destruyó las cédulas de votación, pero para 2026 el Congreso ha dispuesto conservarlas 90 días.

 

También Corvetto es señalado por haber adquirido en 2022 un terreno para construir la sede central, pero está 3 años abandonado. Además, por una demanda de “hábeas data” que presentó Fuerza Popular en enero 2021, el pasado día 18 la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó un fallo que obliga a ONPE a entregarle las listas de electores por mesa de sufragio de la segunda vuelta, que por 4 años se había negado sistemáticamente, esto podría aclarar el resultado real de la elección 2021 que fue ganada con solamente 44,263 votos.

 

Bajo este panorama, Corvetto tuvo serios cuestionamientos en el proceso 2021, presentó dudas, sospechas y falta de credibilidad, no debió ser ratificado por 4 años adicionales por la anterior JNJ para hacerse cargo del proceso electoral 2026.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de diciembre de 2025

IMPACTANTE CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

El pasado 25 de setiembre la Defensoría del Pueblo publicó su reporte “Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional”, en el cual verifica informes de control por auditorías o servicios específicos de la Contraloría General de la República, entre enero 2023 y julio 2025, verificando casos de corrupción producidos en gobiernos regionales y locales durante el actual período de funciones. Se analizaron 924 informes identificándose más de 2,000 casos de responsabilidad penal.

 

A nivel de gobiernos regionales, identificaron 446 casos (5 gobernadores regionales involucrados), a nivel municipalidades provinciales 524 casos (19 alcaldes involucrados), y en distritales 1,052 casos (64 alcaldes involucrados) además de 1,138 casos de procesos administrativos. Recientemente han sentenciado 14 años al Ex gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra (cohecho pasivo y colusión agravada); a la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez, 9 años 5 meses (peculado doloso agravado); y al alcalde (prófugo) de Comas, Ulises Villegas, 6 años (colusión agravada), además, al gobernador regional del Callao (no habido), Ciro Castillo, acaban de dictarle detención preliminar (presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada).

 

Los hechos de corrupción más frecuentes que involucran a gobernadores y alcaldes son: designación irregular de funcionarios y directivos públicos, favorecimiento a terceros, contrataciones irregulares de proveedores, uso irregular de recursos y/o bienes públicos, omisión de deberes funcionales en provisión de servicios de programas sociales y en gestión de bienes donados; a pesar de altos presupuestos que reciben, los gobernadores y alcaldes corruptos denigran con acciones repudiables su principal misión de administrarlos eficientemente para garantizar la calidad de vida y desarrollo integral de los pobladores. Según información de la Contraloría, entre 2021 y 2023 la corrupción e inconducta funcional de gobiernos regionales y locales causó S/39.2 millones en perjuicio al Estado.

 

La corrupción representa abuso del poder público al administrar bienes y recursos para satisfacer ambiciones personales y lucrar en perjuicio del patrimonio del Estado. Es un flagelo que está azotando gravemente a nuestro país, se ha convertido en una práctica común en la Administración Pública penetrando a sus instituciones, afectando la estructura del Estado y socavando los cimientos éticos y morales de la función pública. ¿Cómo podríamos enfrentar la corrupción adecuadamente si no tenemos vigente un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra Corrupción?, el último publicado (período 2018-2021) está obsoleto hace más de 4 años y no ha sido reemplazado.

 

Bajo este panorama, la corrupción en gobiernos regionales y locales está asociada al proceso de descentralización (Ley 27783 agosto 2002, reglamentada mayo 2004) para la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a dichos gobiernos que iniciaron la ejecución de su propio presupuesto en 2005, pero con funcionarios sin experiencia, sin personal calificado, sin capacitación ni asistencia técnica, sin capacidad de gestión para proyectos ni gastos. Desde esa época se iniciaron casos de descontrol, despilfarro y corrupción en licitaciones, obras sobrevaloradas, adjudicaciones a empresas familiares y allegados, y sin fiscalización y control, lo cual, en 10 años transcurridos no ha podido corregirse porque no hay capacidad preventiva, ni identificación y gestión de riesgos, además, existe impunidad y débiles sanciones penales.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de diciembre de 2025

  

AEROPUERTO DE CHINCHERO: IRREGULARIDADES, RETRASOS, MALA GESTIÓN Y FALTA DE PLANIFICACIÓN

 

El Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICC), ubicado en el distrito de Chinchero, Urubamba, fue concebido hace décadas como el principal motor del crecimiento turístico y desarrollo socioeconómico local y regional. El 11 octubre 2001 se promulgó la Ley 27528 creándose el Proyecto del Aeropuerto Chinchero, declarándolo de necesidad y utilidad pública con la más alta prioridad del Estado, determinando 8 meses de plazo para su concesión privada, pero recién, 13 años después, el 4 julio 2014 se firmó contrato con Kuntur Wasi, para su diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento por 40 años, con una inversión de US$538 millones, en 2017 el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Vizcarra, resolvió unilateralmente dicho contrato por considerar que la empresa se había beneficiado en la distribución de riesgos, dicha empresa solicitó arbitraje internacional al Ciadi, quien decidió que Perú debía pagarle US$91 millones por violación de derecho de inversión extranjera.

 

En 2019, durante el gobierno de Vizcarra, se firmó un nuevo contrato gobierno a gobierno con la República de Corea por asistencia técnica para la construcción del Aeropuerto, con una inversión de US$730 millones, estando previsto su término en 2024, lo cual no se cumplió. En la última sesión descentralizada de la Comisión de transportes del Congreso en Chincheros, el pasado día 3, no asistieron los titulares de Transportes, Vivienda, Cultura, ni los 5 congresistas por Cusco, y la reemplazante del MTC, Paola Marín, informó que el avance general del proyecto es 32%, produciendo un profundo malestar en la población que amenaza tomar Machu Picchu como medida de protesta. El alcalde de Chinchero solicitará una reunión con el presidente José Jerí y los ministros involucrados para el próximo 21 de enero.

 

La construcción del Aeropuerto de Chinchero ha tenido serias demoras, actualmente, recién se encuentran en fase de diseño las obras más importantes, la pista de aterrizaje, torre de control, edificio complementario y vías de acceso, y en noviembre 2025 el MTC presentó un nuevo cronograma que pospone la conclusión de las obras hasta el primer semestre de 2028. Se han presentado irregularidades y cuestionamientos al manejo del proyecto, incumplimientos de normativas, conflictos legales y pago de US$91 millones por fallo de arbitraje contra los intereses del Estado. La gestión y planificación ha tenido serias fallas, no se consideró la complejidad del terreno que requiere una estabilización intensiva para garantizar la seguridad de la infraestructura, además, expertos aeronáuticos han alertado que su viabilidad operacional no ha sido comprobada con un estudio evaluativo, porque la altitud (3,760 msnm), orografía (a partir del relieve de una región o zona se planean obras de infraestructura) y entorno del Valle de Urubamba, suponen riesgo severo por gradiente de ascenso de naves medianas como A320 o B737.

 

Bajo este panorama, una obra tan importante y emblemática como la construcción del Aeropuerto de Chinchero es imposible que haya estado dirigida y supervisada eficientemente por el Ministerio de Transportes, porque desde la firma del primer contrato con Kuntur Wasi (julio 2014), en 11 años transcurridos han pasado hasta la fecha 19 ministros por dicho cargo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de diciembre de 2025