LEYES QUE DEBILITAN LA CAPACIDAD DE ENFRENTAR LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

La escalada de la delincuencia y crimen organizado se ha convertido en el principal problema que aqueja a nuestro país, donde se consolidan el asesinato, sicariato y extorsión, debiéndose adoptar estrategias recurriéndose al esfuerzo articulado entre los tres niveles de gobierno y los operadores de seguridad y justicia. Pero al Congreso, cuya misión es dictar leyes, le corresponde, revisar, modificar o derogar las leyes que promulgaron y están debilitando la capacidad de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

 

Tenemos ejemplos: La ley 31989 (marzo 2024), elimina la disposición del DL-1607 que modifica la ley 30077 contra el crimen organizado que facultaba a la Policía Nacional a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por mineros ilegales con inscripción suspendida en el Reinfo. La posesión de explosivos representa un grave delito con penas entre 6 a 15 años (artículo 279-G del Código Penal).

 

La Ley 31751 (mayo 2023), conocida como “ley Soto”, reduce los plazos de prescripción para delitos e impide la persecución de delitos graves a un plazo no mayor de un año, lo cual incrementa el riesgo de impunidad en casos complejos de corrupción y lavado de activos. La aprobación de esta ley le sirvió al ex presidente del Congreso, Alejandro Soto, evitar una pena de prisión por delito de estafa, cuyo proceso se alargó más de un año por reprogramación de audiencia. Y aunque una nueva Ley 32104 (julio 2024) obliga a jueces a adoptar dicha “ley Soto”, la Corte Suprema ha resuelto no aplicarla en base a un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema.

 

La Ley 31990 (marzo 2024), modificó el proceso de colaboración eficaz limitando el tiempo a 8 meses (prorrogables por 4 meses adicionales), lo cual, puede representar tiempo insuficiente para resolver delitos graves y complejos como de crimen organizado, que requieren análisis exhaustivos y prolongados para desarticular una agrupación delictiva, identificar su estructura y actividades criminales.

 

La Ley 32054 (mayo 2024) blinda a los partidos políticos de responsabilidad penal, el Ministerio Público solo puede procesar individualmente a afiliados, lo cual puede interpretarse como impunidad porque los excluye de sanciones como disolución, liquidación o suspensión por casos como presentación de firmas falsificadas en padrones para participar en las elecciones 2026 (que debieron ser inhabilitados por el JNE), o, en otros casos en que organizaciones criminales constituyan un seudo partido político, y estaría protegido por esta ley.

 

Bajo este panorama, en algunas de éstas y otras leyes dictadas por el Congreso puede observarse que durante el proceso, hasta su aprobación, han demostrado poco rigor y coherencia técnica y viabilidad, baja calidad normativa, celeridad en su tramitación y votación, y, responder a cálculos políticos y partidarios y no al interés público general.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de octubre de 2025

  

NUESTRA COMPLEJA SITUACIÓN REFLEJADA EN ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA OCDE: PERÚ 2025

El pasado 29 de setiembre, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, presentó en Lima los Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025, exponiendo un análisis estratégico del contexto económico que corresponden al Proceso de Adhesión a dicha organización que inició Perú en enero 2022.

 

Aunque OCDE encuentra sólidos nuestros fundamentos macroeconómicos, la disciplina fiscal está debilitada con perspectivas moderadas de crecimiento a largo plazo, debiéndose avanzar en reformas estructurales y reforzar el marco macroeconómico. En este sentido, la informalidad, que afecta a más del 70% de peruanos es obstáculo para el crecimiento sostenible, reflejándose problemas estructurales, debilidad institucional, deficiente diseño tributario y desigualdades educativas. Según el INEI, 75% de la mano de obra está en el sector informal, lo cual reduce la productividad y recaudación de impuestos. Actualmente tenemos 13 millones de informales y el gobierno debería implementar urgentes reformas tributarias, educativas e institucionales.

 

En cuanto al déficit fiscal, OCDE advierte que se va incumpliendo la regla en 2023-2024 y será complicado cumplirla el 2025-2026 por aumento de gasto y erosión de la base tributaria. Esta es una situación real y peligrosa que se está volviendo estructural por el elevado desorden fiscal y puede afectar la calificación crediticia del país, también el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advierte que la sostenibilidad fiscal está en riesgo. Otro hallazgo de OCDE es la baja presión tributaria (17% del PBI) por evasión generalizada, elevada informalidad y limitada base tributaria. Es preocupante que nuestra presión tributaria es de las más bajas en la región, la altísima evasión e informalidad impiden una recaudación justa y sostenible, el gobierno debería implementar mecanismos reales de formalización e inclusión.

 

Otra advertencia importante de OCDE es la corrupción, con un costo anual al país del 2.4% del PBI, por débil aplicación de la ley, supervisión fragmentada y limitada capacidad judicial. Según el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), asciende a un costo S/24,000 millones anuales. Actualmente las procuradurías anticorrupción tienen 59,794 expedientes por corrupción de funcionarios públicos que avanzan muy lentamente.

 

Bajo este panorama, el presente artículo analiza los principales hallazgos del marco macroeconómico de OCDE que representan serios obstáculos para la adhesión del Perú a OCDE, pero además presenta otros, como respaldo a las MiPymes a un financiamiento accesible, mejorar la igualdad de oportunidades para romper trampas intergeneracionales y, promover la transición verde. Todos los hallazgos presentados en los Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025 deben ser resueltos por el Perú si pretende continuar el proceso de Adhesión a esta organización, conformada actualmente por 38 países, la mayoría, con un nivel económico superior a la media y con elevados ingresos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de octubre de 2025

 

  

DESPROPÓSITO: CONGRESO APROBÓ, POR INSISTENCIA, CREACIÓN DE 22 NUEVAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 

El pasado 17 de setiembre el Pleno del Congreso concretó un despropósito, aprobó por insistencia, un dictamen para la creación de 22 nuevas universidades públicas en 15 regiones, que sumadas a las actuales 50 se incrementarían a 72, dicho dictamen que recoge 40 proyectos de ley presentados sistemáticamente por los partidos Perú Libre y Bloque Magisterial, fue aprobado con 72 votos (increíblemente solo 5 en contra y 29 abstenciones), aun encontrándose observado por el Ejecutivo porque el presupuesto 2025 no incluye recursos para construcción, ampliación o adecuación de infraestructura universitaria.

 

Los congresistas no han analizado aspectos imprescindibles como estudios previos y planificación en infraestructura, financiera y técnica, entre ellos, el presupuesto para la creación e implementación de cada universidad (7 años en promedio) ni la demanda de estudiantes y disponibilidad de docentes en cada región, tampoco, la afectación financiera que ocasionarían éstas 22 nuevas universidades contra las actuales 50 en funcionamiento y licenciadas por la SUNEDU, perjudicándolas para cumplir estándares básicos de calidad en infraestructura, docentes, investigación y servicios, además, las nuevas universidades, tendrían también que obtener el licenciamiento. 

 

El Congreso ha actuado de manera populista viendo en la creación de universidades públicas una forma de hacer campaña electoral,  lo cual se explica por los argumentos del presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo (Perú Libre) quien manifestó que la norma busca atender una necesidad urgente de ampliar el acceso a la educación superior y no compromete al equilibrio fiscal, pues se aplicará bajo criterios de "progresividad", sin embargo, en su concepto progresista no aclaró el problema de recursos económicos; según Minedu, para abrir una universidad con solo 3 carreras y sin laboratorios se requiere un presupuesto de unos S/ 100 millones.

 

Una mayor cantidad de universidades no es indicativo de mejor calidad educativa, lo fundamental es la excelencia académica y formación integral para que los nuevos profesionales salgan muy bien capacitados para contribuir al avance y bienestar de la sociedad, sin embargo, nuestra calidad educativa universitaria pública es muy baja, en los 3 World University Rankings 2025 (QS, ARWU y THE) que miden la calidad mundial de educación y docencia universitaria, solo figuran las universidades públicas peruanas, en QS San Marcos (puesto 986), en THE Cayetano Heredia (puesto 1,130), y en ARWU ninguna entre 2,000 universidades.

 

Bajo este panorama, el Congreso, en lugar de crear 22 nuevas universidades públicas (dictamen que debe ser revisado y anulado) ha debido debatir, proponer y aprobar leyes para fortalecer las 50 universidades licenciadas y facilitarles la creación de filiales regionales, además, por existir gran demanda de profesionales técnicos en el mercado laboral, deberían concentrar mayores esfuerzos en mejorar y expandir la educación técnica superior mediante el incremento de institutos tecnológicos especializados.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de octubre de 2025

 

DESDE HACE 25 AÑOS SE INTENTA IMPEDIR O REDUCIR EL TRANSFUGISMO POLÍTICO SIN RESULTADOS

El transfuguismo político se produce cuando un político, independientemente de sus motivaciones, sean objetivas o subjetivas, se desliga de su partido original para unirse a otro. En el caso del Parlamento, afecta la representación parlamentaria y cambia la correlación de fuerzas. Desde hace 25 años se han presentado decenas de propuestas y proyectos de ley para impedirlo o reducirlo pero sin resultados. Se ha intentado modificar el reglamento del Congreso para que congresistas renunciantes o separados no puedan formar grupos o sumarse a otro y vetándolos para asumir la directiva de comisiones y cargos directivos del Parlamento, o, incluyendo el transfuguismo como delito en el Código Penal y hasta restringiendo la creación de nuevas bancadas, también que congresistas renunciantes, separados o expulsados, no puedan adherirse a otros grupos, entre muchos otros proyectos, pero ninguno llegó a aprobarse en el pleno. En el actual período de gobierno 28 congresistas han pertenecido a 3 o más bancadas, mientras que 57, se cambiaron de partido al menos una vez, ya sea permaneciendo como “no agrupados”, conformando nuevas bancadas, o integrándose a otras.

 

Actualmente, a menos de 7 meses de las elecciones generales (abril 2026), la Comisión de Constitución del Congreso viene discutiendo más propuestas que buscan impedir o reducir el transfuguismo con miras al próximo Parlamento Bicameral; en esta oportunidad, se estaría considerando la restricción absoluta para cambiarse de bancada en la que fueron elegidos, o, como alternativa, que puedan hacerlo por una única vez y pasarían a un grupo mixto con restricciones para postular a la Mesa Directiva y presidir comisiones ordinarias.

 

Pero este fenómeno no solo se presenta en el parlamento, también en precandidatos presidenciales, de los 47, el 70% ha cambiado de partido al menos una vez, además, como antesala de las elecciones regionales y municipales (octubre 2026), según el JNE, en los 2 últimos años hubo 58,160 renuncias a partidos y movimientos regionales (1,000 en promedio cada mes) y solo el segundo semestre 2024 hubo 32,649 renuncias, lo cual demuestra volatilidad en las afiliaciones partidarias y desacuerdos con la conducción de los partidos políticos.

 

Bajo este panorama, la crisis el sistema de partidos políticos es uno de los principales factores que coadyuvan al incremento del transfuguismo, la mayoría de partidos presentan frágil consolidación e institucionalidad, no revitalizan su constitución y democracia interna y no filtran adecuadamente sus listas de candidatos. Para las elecciones 2026, de 38 partidos, 37 de ellos elegirán a sus candidatos mediante delegados, anulando la participación directa de su militancia no permitiéndoles elegir a sus representantes, siendo las élites partidarias, quienes a su conveniencia, decidirán los candidatos; solo un partido elegirá mediante voto universal (un militante, un voto).

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de setiembre de 2025

  

FUGA DE TALENTOS PERUANOS BUSCANDO OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO

         

         

                     

 

La fuga de talentos perjudica significativamente a nuestro país por el incremento de migraciones de gran cantidad de jóvenes estudiantes (mayor porcentaje de segmentos A y B), profesionales y trabajadores de diferentes estratos sociales que deciden abandonar el Perú buscando en el extranjero oportunidades para acceder a un mejor futuro laboral, económico, profesional y calidad de vida, afectando al país, por su ausencia, en productividad, competitividad, innovación y desarrollo tecnológico. Según información del INEI, en los últimos 30 años, más de 3 millones de peruanos emigraron sin retorno y 45.5% del total tenían entre 20 y 39 años.

 

Esto ocurre por la desconfianza de los jóvenes que el país les brinde un mejor futuro. Un actual estudio 2025 del Centro de Investigación en Opinión Pública (CIOP) de la Universidad de Piura, indica que más de 90% de jóvenes universitarios encuestados considera migrar después de graduarse, a mejores destinos como Estados Unidos o Europa. En esta línea, el IPE explica que el empleo juvenil en el Perú presenta pocas expectativas a futuro, porque el mercado laboral prioriza contratación de trabajadores con experiencia mayores de 30 años, además, existe una desconexión entre la educación escolar y las necesidades laborales del mercado.

 

Sin embargo, otros factores también coadyuvan a incrementar esta ola de fuga de talentos, la inestabilidad e incertidumbre política que venimos sufriendo desde 2021 con el actual gobierno de Perú Libre en sus 2 etapas, por falta de liderazgo, deficientes estrategias, inestabilidad, incremento de economías ilegales, corrupción e inseguridad ciudadana, creando un clima de desconfianza y frustración; también en empleo juvenil, su tasa viene reduciéndose hace 3 años entre jóvenes entre 14 y 24 años, este último trimestre tuvo una caída de 11.6% (100,000 jóvenes menos empleados), influyen además, la calidad y niveles de remuneraciones, y las elecciones 2026 por la erosión de desconfianza en el sistema político. pero además, aumentan las probabilidades que estos jóvenes ingresen a sectores informales, de economías ilegales y criminalidad.

 

Bajo este panorama, el último Ranking Mundial del Talento 2024, publicado por el Institute of Management Development (IMD), en colaboración con Centrum PUCP, nos revela un panorama preocupante, seguimos retrocediendo en competitividad del talento nacional (puesto 59 de 67 países) presentándose una limitada capacidad de fuerza laboral para satisfacer nuestro mercado laboral. Esta situación describe como influye en la fuga de talentos la baja motivación de los jóvenes para trabajar en el Perú como consecuencia de falta de visión del gobierno en inversión en educación (calidad, capacitación, infraestructura), desarrollo del liderazgo, gestión de capital humano y la ineficiente formación de competencias clave en la fuerza laboral en la transición de los jóvenes desde la educación al mercado laboral.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de setiembre de 2025