TIERRAS RARAS: MINERALES CRÍTICOS EN EL JUEGO GEOPOLÍTICO ENTRE EE.UU. Y CHINA




Las “tierras raras”, conocidas como “minerales críticos”, se han convertido en un recurso estratégico muy importante para la transición energética, industria tecnológica (digitalización global) y defensa. Son poco comunes en la corteza terrestre, escasos, no se encuentran en estado puro y son difíciles de encontrar, forman parte de una mezcla de óxidos o silicatos e hidróxidos con impurezas y son un conjunto de 17 elementos químicos con propiedades físicas y químicas excepcionales de tipo magnéticas, ópticas y electroquímicas. Con el “boom” de la inteligencia artificial las tierras raras adquirirán inmenso valor e importancia en el futuro cercano. El primer mineral crítico descubierto fue el Gadolinio (Gd) el año 1800, y, entre otros, tenemos el Escandio (Sc), Itrio (Y), Cerio (Ce), Lantano (La), Neodimio-praseodimio (NdPr), Disprosio (Dy), Lutecio (Lu), Terbio (Tb).

 

El pasado día 2, en una entrevista en un diario local, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó que viajaría a Washington para reunirse con el  secretario de Estado, para “discutir el tema de los minerales raros que son bien importantes porque se utilizan para producir todos los nuevos artefactos. De los 60 minerales raros, el Perú tiene más de 50, entonces, sí somos importantes”, sin embargo, señor Canciller, solo contamos con 10 de los 60 identificados por EE.UU, y todos no son tierras raras (arsénico, boro, cobre, estaño, fósforo, indio, litio, plata, plomo y zinc), y, a pesar que tenemos gran potencial geológico para exploración y futura explotación en zonas principalmente de la cordillera oriental (Puno, Apurímac y Cusco), no hemos avanzado nada por falta de normativas para su explotación y complejidad en su separación y refinamiento (excepto litio, aunque descubierto en 2018 en Falchani y Quelcaya, en Puno, ni siquiera cuenta con estudio de impacto ambiental).

 

El Canciller De Zela participó el pasado día 4 en dicha Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington que convocó a 55 países y estuvo a cargo del vicepresidente J.D.Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. En dicho evento el Canciller firmó un Memorándum de Entendimiento con EE.UU., buscando fortalecer la cooperación en identificación de proyectos prioritarios con acceso a instrumentos financieros y tecnológicos.

 

Bajo este panorama, China tiene una producción anual de minerales críticos de 270,000 toneladas (seguido por EE.UU. 45,000 y Myanmar 31,000), además, controla a nivel mundial más del 90% de su refinado y lidera su extracción, procesamiento y cadena de valor completa.

 

EE.UU., frente a este dominio chino, busca redefinir su seguridad y defensa creando una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión de US$12,000 millones, y, además, formando alianzas estratégicas para coordinar posiciones y contrarrestar la influencia china en precios de minerales clave como, litio, níquel y tierras raras. EE.UU. durante la reunión ministerial suscribió alianzas sobre minerales críticos con UE, Japón y México para desarrollar políticas comerciales coordinadas, identificación de minerales críticos de interés y precios mínimos de importación.

 

Por su parte, China, ha consolidado su posición como líder en el mercado de tierras raras, considerándolas como activo estratégico y empleando alta tecnología en su procesamiento de fundición,  separación y purificación, y controlando eficazmente su producción y refinado con cadenas de proceso especializado, convirtiéndolo en un arma política y presión económica en forma de restricciones a la exportación e incremento de requisitos de licencia en sectores críticos como la electrónica, automoción y defensa.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de febrero de 2026

  

ÍNFIMA INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN DE NUESTRO CAPITAL HUMANO




Durante los meses de octubre y noviembre 2025 se realizaron dos importantes eventos en los cuales se debatieron soluciones sostenibles a los desafíos más urgentes del país. En octubre, durante la Cumbre Perú Sostenible 2025 realizada en el Parque de Exposiciones de Magdalena, expertos económicos sostuvieron que para que el Perú crezca a mayores tasas (entre 4% y 6%) se necesita mejorar nuestro capital humano, igualmente, en noviembre, durante el seminario de Gestión del Crecimiento en Tiempos de Cambio, realizado en la Universidad del Pacífico, se advirtió que el estancamiento que enfrenta nuestro país, en términos de productividad e ingresos per cápita, estaría relacionado a una insuficiente inversión en capital humano.  

 

El capital humano reside en el talento, habilidades y capacidades de las personas y es factor decisivo en el éxito de la economía a largo plazo, porque es clave para aumentar y sostener el crecimiento y la productividad, sin embargo, el gobierno no demuestra un creciente interés destinándole ínfimo presupuesto. En 2024 la inversión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para impulsar la productividad del capital humano, especialmente jóvenes, fue de solo S/651 millones, para 2025 se incrementó a S/950 millones, pero destinando S/455 millones para el programa Llamkasun-Perú únicamente para generar empleo temporal de poblaciones vulnerables, y para 2026 es de S/964 millones (solo aumentó 1.5%). Estos presupuestos son mínimos si los comparamos a los asignados al Congreso (S/1,084 millones en 2024, S/1,400 millones en 2025 y S/1,760 millones en 2026). Además, el presupuesto 2026 otorgado a educación no ha sido incrementado respecto a 2025, manteniéndose en S/48,000 millones.

 

El ex ministro Daniel Maurate aseguraba que trabajaba intensamente en la formación de capital humano, porque casi 75% de nuestros jóvenes no transita a la educación superior, y, el nuevo ministro Oscar Fernández (que lo reemplazó el 15 de octubre), ya afirmó que su gestión está orientada a la formalización laboral y capacitación del capital humano para enfrentar los retos del mercado laboral, algo que es imposible de cumplir con dicho presupuesto y por el corto tiempo que le queda en el cargo.

 

En el último ranking de Países Líderes en Capital Humano del Foro Económico Mundial (WEF) que mide el potencial económico de los países a partir de la fuerza laboral de acuerdo a cuatro indicadores (educación, salud y bienestar, trabajadores y empleo y entorno facilitador) ocupamos el puesto 75° entre 122 países. Y en el ranking Mundial del Talento 2025 del Institute of Management Development (IMD), nuestro país se mantiene estancado en el puesto 59° entre 69 países, por deficiencias en educación, preparación laboral y fuga de profesionales calificados.

 

Bajo este panorama, el capital humano representa el principal patrimonio de la riqueza total de un país, mucho mayor que el capital natural (recursos naturales renovables y no renovables) porque es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible y mejora equitativa del nivel de vida y bienestar poblacional. Requerimos mejorar el capital humano y el perfil de nuestra fuerza de trabajo, para ello, debemos mejorar la calidad educativa en recursos, procesos, formación, técnicas de enseñanza e infraestructura, para que niños y jóvenes obtengan las habilidades necesarias y puedan incorporarse en un cambiante mercado laboral, además, es indispensable incrementar nuestro capital humano avanzado de profesionales y técnicos, y de personal académico, científico y tecnológico.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de enero de 2026

  

INFORMALIDAD LABORAL: GRAVE PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE OBSTACULIZA NUESTRO DESARROLLO



La Organización Internacional del Trabajo (OIT). presentó el pasado 11 de diciembre su último informe sobre el Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe advirtiendo que la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral en la región, presentando las tasas de informalidad de 12 países, con un promedio de 46.7 %. En el caso de nuestro país, lamentablemente, registramos la segunda tasa más alta (70.8%), solo después de Bolivia (82.3%), como dato comparativo, las tasas más bajas las tienen Uruguay (22.3%) y Chile (24.9%). Esta altísima informalidad laboral que registramos, es uno de los principales desafíos que debemos enfrentar en el corto, mediano y largo plazo, sin embargo, para resolverlo, muy pocos candidatos a las elecciones 2026 presentan en sus planes de gobierno propuestas importantes o preponderantes.

 

Nuestra Población Económica Activa (PEA) es de 18 millones, pero 13 millones son informales, sin beneficios esenciales en salud, seguridad social, estabilidad y protección laboral, gran porcentaje de ellos trabajan por cuenta propia, otros se dedican al autoempleo, pero hay también quienes ingresan al denominado “empleo oculto” (economías ilegales o crimen organizado). El 99% de las empresas peruanas son micro, pequeñas y medianas (mipymes), pero el 87% operan de manera informal. En las zonas rurales, la tasa de informalidad llega a 94.3%, y en zonas urbanas a 65%, inmensa brecha entre regiones porque en zonas rurales predominan trabajos con baja productividad en sectores primarios (agricultura, pesca, minería). El empleo juvenil a nivel nacional es 75% y su tasa de desempleo 12.1%, la cual, conjugada con falta de oportunidades educativas y dificultades económicas genera que 1.5 millones de jóvenes, entre 15 y 29 años, no estudien ni trabajen (Ninis).

 

Existen muchas promesas y ofrecimientos políticos para reducir la informalidad laboral pero sin resultados. La destituida expresidenta Dina Boluarte, en su último mensaje presidencial ofreció reducir la informalidad laboral al 50%, y en agosto pasado, su ex ministro de Trabajo, Daniel Maruate, anunció que en 2026 se reducirá a 70%, y en 2040 al 50%. En el actual gobierno, en octubre pasado, la ministra de Economía, Denisse Miralles, durante una reunión ministerial Perú–OCDE señaló que impulsa una estrategia integral para enfrentar la informalidad, y, en noviembre, el ministro de Trabajo, Óscar Fernández, en un Encuentro Nacional por la Formalización Laboral, en Chiclayo, anunció acciones descentralizadas y un pacto con gobiernos regionales para reducirla, sin embargo, como no son políticas de Estado, sería difícil implementarlas considerando el poco tiempo que ambos ministros permanecerán en el cargo.

 

Bajo este panorama, el gobierno debería ver la informalidad laboral como un problema estructural que obstaculiza nuestro desarrollo, limita directamente la configuración productiva por falta de acceso a la tecnología e innovación, y también al capital humano por falta de capacitación formal rezagando nuestra competitividad, además, por operar fuera del sistema tributario limita la capacidad de recaudación del Estado afectando el crecimiento económico y limitando el acceso a derechos y servicios.

 

Para reducir la informalidad, el gobierno debería implementar una estrategia de reformas estructurales de diversificación y políticas públicas, incluyendo estrategias regionales, en los ámbitos tributario (incentivos fiscales para la formalización), educativo (educación y formación técnica) e institucional (promoción del empleo juvenil), para incrementar nuestro crecimiento económico (PBI) y transformar la estructura del empleo para generar mayores oportunidades laborales y empleo de calidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de enero de 2026

 


VERTIGINOSO AUMENTO DEL PRECIO DEL COBRE: ¿PODREMOS APROVECHAR SU POTENCIALIDAD?



 

El precio del cobre sigue incrementándose en los últimos años por su demanda para infraestructura de inteligencia artificial, transición energética, centros de datos, electromovilidad, digitalización industrial, paneles solares, redes eléctricas, entre otros. En 2025 su precio promedio fue de US$ 4.5 la libra (US$ 11,243.00 la TM), para 2026 el promedio se estima en más de US$ 5 la libra, inclusive la primera semana del año subió a US$ 6 la libra por primera vez como máximo histórico (US$ 13,323.00 la TM).

 

Según UBS Group AG, las limitadas aprobaciones de nuevos proyectos en los principales países productores, combinadas con interrupciones y reducciones, han dado lugar a niveles muy bajos de crecimiento de la producción en 2025 con el mayor déficit global en los últimos 20 años, previéndose, además, un crecimiento limitado en 2026. Inclusive S&P Global proyecta que la demanda mundial de cobre crecerá un 50% hasta 2040 por haberse consolidado como uno de los metales más estratégicos del siglo XXI, cuya disponibilidad condicionará el crecimiento económico y tecnológico de las próximas décadas. En noviembre 2025 EEUU ha añadido al cobre en la lista de minerales críticos que considera vitales para su economía y seguridad nacional.   

 

Nuestra producción nacional de cobre en 2024 fue de 2.7 millones de TM, para 2025, aún sin datos oficiales, pero hasta octubre fue de 2.3 millones de TM, que representa 30% del valor total de las exportaciones, lograda principalmente por aumento de producción de Las Bambas con 348,500 TM (37.2%), sin embargo, nuestros proyectos de exploración avanzan muy lentos, de 48 pendientes, la mayoría de ellos no inician el proceso o están en etapa inicial de gestión ambiental, la normativa y tramitología puede alargar su inicio por 7 años o más. En cuanto a inversión cuprífera, según la cartera 2025 de Minem, existen 36 proyectos que suman una inversión de US$ 45,749 millones, la mayoría sin fecha de inicio definida y en etapas de avance conceptual y de prefactibilidad, solo 7 considerados en ampliación, integración, reposición y optimización con etapa de avance factible y con fechas de término de entre 2027 y 2053. Por reducidos proyectos de exploración y menor producción, desde 2023 perdimos el puesto de segundo productor mundial de cobre, cediéndoselo a la República del Congo.

 

Bajo este panorama, tenemos enorme potencial en el cobre, sin embargo nuestro crecimiento productivo es bajo. Su vertiginoso aumento de precio y creciente demanda debe ser aprovechado por nuestro país, para ello, es necesario incrementar las exploraciones, fomentar y ampliar las inversiones privadas mineras, para así mejorar nuestra producción; las enormes cantidades de proyectos presentados en cartera por el Minem, son eso, “proyectos”, lo importante es hacerlos viables y concretarlos para que generen recursos. Es necesario mejorar la estabilidad política e institucional para atraer capitales y  solucionar los desafíos estructurales que tenemos, entre ellos, desarrollo sostenible de los proyectos, mejorar los asuntos técnicos, sociales con las comunidades campesinas, ambientales, regulatorios, logísticos, procedimientos administrativos, de inseguridad e informalidad, además, los problemas de capacidad productiva regional (envejecimiento de yacimientos y menor ley del mineral), y lo más importante, enfrentar la minería ilegal del cobre principalmente en el sur del país, que según el IPE puede procesar hasta 20,000 TM diarias.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. fecha 17 de enero de 2016

 


VENEZUELA: DICTADURA IDEOLÓGICA RADICAL DESDE 1999



 

A raíz de la captura en Venezuela, el pasado 3 de enero, del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa durante una intervención militar de EEUU, es importante analizar como la dictadura ideológica radical del Chavismo, llevó a Venezuela al extremo de convertirlo en el país más corrupto de América Latina y generar la mayor crisis de desplazamiento del mundo (8 millones).

 

Antes de asumir Hugo Chávez, Venezuela era conocida como “El país millonario de América”, pero al llegar al poder, cambió una nueva Constitución Bolivariana, obtuvo 100% de la Asamblea Nacional y desapareció la independencia de poderes al nombrar jueces, fiscales y autoridades electorales afines al régimen. Este proceso autocrático lo continuó Chávez en forma de autoritarismo con su propia lógica revolucionaria basada en vicios, abusos, crímenes y una creciente economía ilícita, pero principalmente con una concientización ideológica sobre su “Revolución Bolivariana” (alineada con Cuba y países del Medio Oriente, en especial Irán) y con contrapartes globales en Rusia y China, la cual fue transmitida durante sus años de gobierno (2 febrero 1999 al 5 marzo 2013). Su proyecto “socialismo del siglo XXI” (combinación de populismo, prepotencia y corrupción) era profusamente difundido con alta sofisticación tecnológica para controlar a la población, principalmente a jóvenes y sectores educacionales y laborales.

 

En el campo militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ejército, Armada, Aviación militar y Guardia Nacional) se estima en 110,000 efectivos activos y 8,000 reservistas, pero además su organización incluye la Milicia Bolivariana que se estima la integran entre 220,000 y 500,000 efectivos, la cual fue creada en 2008 por concepción particular de Chávez como brazo armado de la revolución, basada en principios de guerra popular de resistencia y participación permanente en seguridad ciudadana y orden interno, decía: “no hay mejor inteligencia que la del propio pueblo, las redes populares, la milicia tiene que ser eso, el pueblo en armas”.

 

El 5 de marzo 2013 murió Chávez y el día 8 ingresó Maduro continuando escrupulosa y fielmente el mismo camino ideológico dictatorial y la guerra popular hasta que fue capturado el pasado 3 de enero. En este período se incrementaron por cientos los presos políticos y los crímenes, fortaleció la Revolución Bolivariana, con una meta de llegar a 500,000 milicianos el 2015 y un millón el 2019, además ordenó a los altos mandos castrenses crear con los trabajadores las “milicias obreras”. Estas milicias recibían entrenamiento con fusiles, lanzacohetes y explosivos, y estaban compuestas por la “milicia territorial” y los “cuerpos combatientes” organizados con miembros de instituciones públicas, universidades o empresas, además de grupos paramilitares denominados “colectivos” para aterrorizar a la población.

Bajo este panorama, después de haber transcurrido casi 27 años de dictadura, bajo un sistema autocrático chavista es fundamental la reconstrucción institucional y la recuperación económica de Venezuela, además, debido al adoctrinamiento radical ideologizado de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, persiste una gran cantidad de efectivos vinculados al chavismo e insertados en estructuras estatales con actores del crimen organizado y terrorismo internacional con intenciones de sabotear cualquier proceso de transición democrática, por lo que es indispensable su despolitización, profesionalización y restablecimiento de la meritocracia, así como la urgente desactivación de las milicias bolivarianas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de enero de 2026

 






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