ONPE: PIERO CORVETTO EN SU LABERINTO



 

A menos de 4 meses de las elecciones generales 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a cargo de Roberto Burneo, resolvió declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular por haberse llevado un proceso con vicios de nulidad y fraude interno, marginándolo del proceso electoral 2026. El JNE acusó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de Piero Corvetto, de arbitrariedades por incurrir en omisiones por insuficiente reacción en procesar y supervisar al no cumplir observaciones y advertencias de sus fiscalizadores. La ONPE ha rechazado las observaciones y el informe del JNE a pesar de ser el organismo rector permanente de los procesos electorales. Dicho enfrentamiento y discrepancias ocasionaron una crisis institucional y un clima de incertidumbre sobre el papel de ONPE para organizar los comicios generales. El excongresista Ricardo Burga anunció una denuncia penal contra Corvetto.

 

Otro caso que demuestra incapacidad de ONPE es la falta de eficacia y seguridad de un software elaborado por cuenta propia para implementar el voto digital, sobre el cual, el pasado día 19 el JNE determinó su inviabilidad por no contar con mecanismos de seguridad necesarios ni garantía para las elecciones. La ONPE, en octubre pasado habilitó la plataforma oficial de registro y contrató la firma CGTS CORP para que evalúe su software (¿cuánto habrá costado?), el 12 de este mes, confirmó facilidades de voto para más de 2 millones de personas entre policías, militares y otros, sin embargo, resultó ser un sistema inviable.

 

Corvetto fue seleccionado como jefe de la ONPE en agosto 2020 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuyo presidente, Aldo Vásquez, era decano de la PUCP, de la misma facultad donde éste laboraba. Desde julio 2019 fue jefe del Gabinete de Asesores de RENIEC, que elaboró el padrón electoral, lo cual le restaba transparencia al asumir su cargo en ONPE. Su actuación en el proceso 2021 fue pésima, su comunicación fue casi nula, según dijo, no se habían preparado para la cantidad de desinformación que hubo; sobre la publicación de actas, dijo que en 2021 “no hubo tiempo”, pero para 2026, dice, implementará “descargas masivas”, tampoco incluyó de manera adecuada los símbolos y fotografías de candidatos en las franjas electorales; destruyó las cédulas de votación, pero para 2026 el Congreso ha dispuesto conservarlas 90 días.

 

También Corvetto es señalado por haber adquirido en 2022 un terreno para construir la sede central, pero está 3 años abandonado. Además, por una demanda de “hábeas data” que presentó Fuerza Popular en enero 2021, el pasado día 18 la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó un fallo que obliga a ONPE a entregarle las listas de electores por mesa de sufragio de la segunda vuelta, que por 4 años se había negado sistemáticamente, esto podría aclarar el resultado real de la elección 2021 que fue ganada con solamente 44,263 votos.

 

Bajo este panorama, Corvetto tuvo serios cuestionamientos en el proceso 2021, presentó dudas, sospechas y falta de credibilidad, no debió ser ratificado por 4 años adicionales por la anterior JNJ para hacerse cargo del proceso electoral 2026.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de diciembre de 2025


IMPACTANTE CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES


El pasado 25 de setiembre la Defensoría del Pueblo publicó su reporte “Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional”, en el cual verifica informes de control por auditorías o servicios específicos de la Contraloría General de la República, entre enero 2023 y julio 2025, verificando casos de corrupción producidos en gobiernos regionales y locales durante el actual período de funciones. Se analizaron 924 informes identificándose más de 2,000 casos de responsabilidad penal.

 

A nivel de gobiernos regionales, identificaron 446 casos (5 gobernadores regionales involucrados), a nivel municipalidades provinciales 524 casos (19 alcaldes involucrados), y en distritales 1,052 casos (64 alcaldes involucrados) además de 1,138 casos de procesos administrativos. Recientemente han sentenciado 14 años al Ex gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra (cohecho pasivo y colusión agravada); a la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez, 9 años 5 meses (peculado doloso agravado); y al alcalde (prófugo) de Comas, Ulises Villegas, 6 años (colusión agravada), además, al gobernador regional del Callao (no habido), Ciro Castillo, acaban de dictarle detención preliminar (presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada).

 

Los hechos de corrupción más frecuentes que involucran a gobernadores y alcaldes son: designación irregular de funcionarios y directivos públicos, favorecimiento a terceros, contrataciones irregulares de proveedores, uso irregular de recursos y/o bienes públicos, omisión de deberes funcionales en provisión de servicios de programas sociales y en gestión de bienes donados; a pesar de altos presupuestos que reciben, los gobernadores y alcaldes corruptos denigran con acciones repudiables su principal misión de administrarlos eficientemente para garantizar la calidad de vida y desarrollo integral de los pobladores. Según información de la Contraloría, entre 2021 y 2023 la corrupción e inconducta funcional de gobiernos regionales y locales causó S/39.2 millones en perjuicio al Estado.

 

La corrupción representa abuso del poder público al administrar bienes y recursos para satisfacer ambiciones personales y lucrar en perjuicio del patrimonio del Estado. Es un flagelo que está azotando gravemente a nuestro país, se ha convertido en una práctica común en la Administración Pública penetrando a sus instituciones, afectando la estructura del Estado y socavando los cimientos éticos y morales de la función pública. ¿Cómo podríamos enfrentar la corrupción adecuadamente si no tenemos vigente un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra Corrupción?, el último publicado (período 2018-2021) está obsoleto hace más de 4 años y no ha sido reemplazado.

 

Bajo este panorama, la corrupción en gobiernos regionales y locales está asociada al proceso de descentralización (Ley 27783 agosto 2002, reglamentada mayo 2004) para la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a dichos gobiernos que iniciaron la ejecución de su propio presupuesto en 2005, pero con funcionarios sin experiencia, sin personal calificado, sin capacitación ni asistencia técnica, sin capacidad de gestión para proyectos ni gastos. Desde esa época se iniciaron casos de descontrol, despilfarro y corrupción en licitaciones, obras sobrevaloradas, adjudicaciones a empresas familiares y allegados, y sin fiscalización y control, lo cual, en 10 años transcurridos no ha podido corregirse porque no hay capacidad preventiva, ni identificación y gestión de riesgos, además, existe impunidad y débiles sanciones penales.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de diciembre de 2025

  



AEROPUERTO DE CHINCHERO: IRREGULARIDADES, RETRASOS, MALA GESTIÓN Y FALTA DE PLANIFICACIÓN


 

El Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICC), ubicado en el distrito de Chinchero, Urubamba, fue concebido hace décadas como el principal motor del crecimiento turístico y desarrollo socioeconómico local y regional. El 11 octubre 2001 se promulgó la Ley 27528 creándose el Proyecto del Aeropuerto Chinchero, declarándolo de necesidad y utilidad pública con la más alta prioridad del Estado, determinando 8 meses de plazo para su concesión privada, pero recién, 13 años después, el 4 julio 2014 se firmó contrato con Kuntur Wasi, para su diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento por 40 años, con una inversión de US$538 millones, en 2017 el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Vizcarra, resolvió unilateralmente dicho contrato por considerar que la empresa se había beneficiado en la distribución de riesgos, dicha empresa solicitó arbitraje internacional al Ciadi, quien decidió que Perú debía pagarle US$91 millones por violación de derecho de inversión extranjera.

 

En 2019, durante el gobierno de Vizcarra, se firmó un nuevo contrato gobierno a gobierno con la República de Corea por asistencia técnica para la construcción del Aeropuerto, con una inversión de US$730 millones, estando previsto su término en 2024, lo cual no se cumplió. En la última sesión descentralizada de la Comisión de transportes del Congreso en Chincheros, el pasado día 3, no asistieron los titulares de Transportes, Vivienda, Cultura, ni los 5 congresistas por Cusco, y la reemplazante del MTC, Paola Marín, informó que el avance general del proyecto es 32%, produciendo un profundo malestar en la población que amenaza tomar Machu Picchu como medida de protesta. El alcalde de Chinchero solicitará una reunión con el presidente José Jerí y los ministros involucrados para el próximo 21 de enero.

 

La construcción del Aeropuerto de Chinchero ha tenido serias demoras, actualmente, recién se encuentran en fase de diseño las obras más importantes, la pista de aterrizaje, torre de control, edificio complementario y vías de acceso, y en noviembre 2025 el MTC presentó un nuevo cronograma que pospone la conclusión de las obras hasta el primer semestre de 2028. Se han presentado irregularidades y cuestionamientos al manejo del proyecto, incumplimientos de normativas, conflictos legales y pago de US$91 millones por fallo de arbitraje contra los intereses del Estado. La gestión y planificación ha tenido serias fallas, no se consideró la complejidad del terreno que requiere una estabilización intensiva para garantizar la seguridad de la infraestructura, además, expertos aeronáuticos han alertado que su viabilidad operacional no ha sido comprobada con un estudio evaluativo, porque la altitud (3,760 msnm), orografía (a partir del relieve de una región o zona se planean obras de infraestructura) y entorno del Valle de Urubamba, suponen riesgo severo por gradiente de ascenso de naves medianas como A320 o B737.

 

Bajo este panorama, una obra tan importante y emblemática como la construcción del Aeropuerto de Chinchero es imposible que haya estado dirigida y supervisada eficientemente por el Ministerio de Transportes, porque desde la firma del primer contrato con Kuntur Wasi (julio 2014), en 11 años transcurridos han pasado hasta la fecha 19 ministros por dicho cargo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de diciembre de 2025

 


DESATENCIÓN DEL ESTADO INCREMENTA DEFORESTACIÓN DE NUESTROS BOSQUES AMAZÓNICOS



Los bosques amazónicos son esenciales para la regulación del clima, captura de carbono, purificación del aire y agua, y conservación del suelo. A nivel mundial somos el 9° país con más extensión de bosques, tenemos 73 millones de hectáreas que cubren 60% de nuestro territorio, sin embargo, según la plataforma GeoBosques del Ministerio del Ambiente (Minam), en 2023 perdimos por deforestación 132 mil hectáreas siendo catalogados por World Institute Resources (WRI) como 5° país del mundo con mayores pérdidas de bosques, además, en 2020, durante la pandemia, batimos récord con 200 mil hectáreas, pero lo más grave es que en 22 años (período 2001-2023) perdimos 3 millones de hectáreas, principalmente en las regiones Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto.

 

Nuestra Amazonía es uno de los principales bastiones de biodiversidad y apoyo ecosistémico del mundo, pero el problema es la vulnerabilidad frente a la deforestación por poca vigilancia y monitoreo forestal que no garantiza la protección de los bosques, contamos con 76 Áreas Nacionales Protegidas que no se encuentran debidamente resguardadas por falta de capacidad de supervisión del espacio. Esta realidad se agrava por falta de una articulación institucional y conexión entre políticas públicas, estrategias y acciones congruentes y razonables por parte de los 3 niveles de gobierno.

 

La desatención del Estado para enfrentar los graves delitos impulsores de la deforestación que actúan como un fenómeno criminal estructural facilitado además, en gran medida, por la mafia y corrupción, evidencia su descontrolado crecimiento, entre estos delitos tenemos: la minería ilegal aurífera, principal amenaza con efectos devastadores; la tala ilegal, mafias eliminan enormes coberturas de áreas para traficar madera, deberíamos reforestar 5 millones de hectáreas disponibles en tierras deforestadas para plantaciones forestales comerciales, porque en nuestra Amazonía no producimos madera, el 100% es explotada extrayéndola de bosques naturales, es imprescindible la trazabilidad de madera; el cultivo de coca y proliferación del narcotráfico arrasan los bosques; la ocupación irregular de tierras por falta de ordenamiento territorial invadiendo áreas de bosque para establecer asentamientos humanos y producir agricultura a pequeña y gran escala, especialmente de cultivos industriales de palma aceitera, la Ley 31973, conocida como “Antiforestal”, ha desencadenado la búsqueda de nuevos terrenos para invadir (49% del área deforestada termina convertida en superficies agrícolas y pecuarias).

 

La deforestación en nuestra Amazonía no debe seguir incrementándose, debemos frenarla valorando y protegiendo los árboles. Nuestra política Nacional del Ambiente al 2030 establece objetivos para reducir la deforestación, mejorar la gestión ambiental y promover la sostenibilidad y sensibilización poblacional. A pesar de tratarse de un problema complejo, debe ser debidamente enfrentado por el gobierno a través de un manejo eficiente e integrado con medidas preventivas y correctivas que incluyan penas drásticas a quienes cometan delitos forestales, especialmente a los funcionarios corruptos, además, con la implementación efectiva de leyes y políticas integrales con mecanismos especiales de administración, control, vigilancia y monitoreo forestal en tiempo real, que garanticen la seguridad protección de los bosques, promuevan el desarrollo sostenible y aseguren los derechos de las comunidades que dependen de estos territorios.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de diciembre de 2025

 

 

 

  



TRÁFICO DE INSUMOS QUÍMICOS: FACTOR DETERMINANTE EN EL INCREMENTO DE LA MINERÍA ILEGAL




La minería ilegal, principalmente de oro, se ha convertido en una amenaza grave para nuestro país, deteriora la legitimidad y gobernanza territorial del Estado, el 50% de oro extraído es ilegal y mueve más dinero que el narcotráfico, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la última década habría movilizado US$ 22,800 millones en lavado de dinero, y para la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental opera sin freno en 11 regiones y 23 áreas naturales protegidas, principalmente en la Amazonía.

 

El mercurio es muy peligroso para la salud humana y el medio ambiente, por tal motivo, en 2017 entró en vigor el Convenio de Minamata (firmado por 128 países, incluido el Perú) el cual busca que se establezcan políticas y acciones para prevenir emisiones y liberaciones antropogénicas al medio ambiente, suelos y ríos, tanto en forma de mercurio elemental (amalgamación), o como vapor de mercurio para separar oro-mercurio (refogado).

 

La comercialización de mercurio en Perú increíblemente no está prohibida, la mayoría ingresa vía importación para uso industrial, sujeto a control y fiscalización, sin embargo, al incrementarse exponencialmente su demanda en la minería ilegal e informal, muchas cargas se estarían desviando con alarmante facilidad como tráfico y contrabando. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) desde el año 2012 inició funciones para controlar y fiscalizar los insumos químicos susceptibles de uso en minería ilegal, en su Registro de Usuarios de Mercurio (al 1° febrero 2025) figuran 2,468 inscritos, el 70% (1,728) son de Puno.

 

Una investigación presentada en agosto 2025 por la Agencia de Investigación Ambiental de EEUU (EIA) advierte que desde la reserva Sierra Gorda en Querétaro, México (segundo mayor productor mundial de mercurio), se realizan envíos de mercurio hacia minas de oro ilegales controladas por carteles en Bolivia, Colombia y Perú habiendo traficado 200 toneladas entre abril 2019 y junio 2025, especialmente en la Amazonía donde existe enorme inseguridad territorial, también se estima que desde Bolivia (que no es signatario del Convenio de Minamata) viene ingresando al Perú entre 50 y 80 toneladas en los últimos años. Además, es muy fácil de conseguir mercurio en ferreterías de los asentamientos mineros y hasta es ofrecido por internet.

 

Bajo este panorama, desde 2012 se han promulgado más de 40 normas legales para controlar y fiscalizar los insumos químicos usados por la minería ilegal, entre leyes, decretos supremos y legislativos, resoluciones ministeriales, resoluciones de Sunat y hasta del Mininter, sin resultados positivos porque su uso ilegal continúa aumentado. El 12 de julio pasado fue promulgada una última Ley 32412 que otorga mayores facultades a la Sunat y establece un nuevo marco legal para control y fiscalización, distribución, transporte y comercialización de insumos químicos para la industria, para prevenir su desvío, como tráfico o contrabando, hacia actividades de la minería ilegal determinando su trazabilidad, así como de maquinarias y equipos en medios de transporte, pero increíblemente esta ley aún no puede ser aplicada porque no ha sido reglamentada, como plazo, a los 90 días calendarios desde su promulgación, el cual venció el 12 de octubre pasado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 noviembre de 2025 

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