CRISIS EN CAMISEA NOS PONE DE CARA A LA REALIDAD Y DESNUDA NUESTRAS CARENCIAS ENERGÉTICAS

 

El pasado 1 de marzo, en el yacimiento de Camisea (distrito de Megantoni, Cusco), desde donde se produce el 96% del gas peruano, se rompió el ducto principal ocasionando fuga y deflagración de Gas Natural (GN) e hidrocarburos líquidos (explosión con llama visible), obligando a suspender su abastecimiento. Se trata de una grave emergencia de seguridad energética causante de una pérdida estimada de US$200 millones diarios, además de largas colas de taxis en grifos, especulación, escasez e incremento de precios y con un Gobierno sorprendido por la situación.

 

Desde agosto 2004, en que inició operaciones, Camisea produce GN que transporta desde los Lotes 56 y 88, una parte a Malvinas (orillas del río Urubamba) para separar agua e hidrocarburos líquidos y envía, a través de un ducto a City Gate (punto de recepción en Lurín para distribuirlo a Lima y Callao por ductos subterráneos), por otra parte, los hidrocarburos líquidos del GN son transportados a la planta fraccionadora de Pisco para fabricar Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual es enviado al Callao vía marítima por buques fletados por Pluspetrol; este GLP es la principal fuente energética utilizado en 7 millones de hogares por 28 millones de personas, además por 650 mil medios de transporte, taxis y vehículos livianos (20% de la flota vehicular).

 

Aunque esta crisis energética es la más grave en los últimos 20 años, en mayo 2015 también se produjo la rotura de una tubería del Lote 88 que obligó a suspender la extracción y traslado de hidrocarburos líquidos a Pisco interrumpiendo el abastecimiento de GLP por varios días. El GN de Camisea representa el 50% de la generación eléctrica nacional pero presenta vulnerabilidad y fragilidad por falta de infraestructura alternativa al depender de un solo ducto de abastecimiento.  

 

Somos el único país gasífero que no construye gasoductos, no tenemos un Plan Nacional de Gasoductos para masificar el GN, su falta obliga usarse gasoductos virtuales (transporte de gas en contenedores por carretera) con precios 30% más elevados. Debería retomarse el proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT-GAS), ex Gasoducto Sur Peruano, que pase por Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua, el cual está paralizado desde 2017 por casos de corrupción y falta de planificación. Además, es urgente promover mayores inversiones en el desarrollo de fuentes alternativas de energía renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de biomasa).  

 

El problema más grave y que compromete nuestra seguridad energética a futuro es que actualmente no existe en desarrollo ningún proyecto de exploración de GN, considerando que el proceso completo hasta su explotación puede durar más de una década. En Camisea tenemos 7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas que podrían abastecernos alrededor de 14 años, más grave aún que el suministro de hidrocarburos líquidos de GN, que se agotaría en 8 años y es principal insumo para producir GLP).

 

Bajo este panorama, la falta de nuevas reservas limitará nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda energética, deberíamos, como proceso esencial, realizar urgentemente inversiones en exploración de GN principalmente en regiones de alto potencial gasífero como Cusco, Madre de Dios (yacimiento de Candamo), Puno, y en la zona de la Cuenca Ucayali al sur de Camisea. De no hacerlo, seguiremos reduciendo nuestras reservas de gas comprometiéndose la sostenibilidad de su producción y podríamos convertirnos en importador neto de gas natural hacia finales de la próxima década.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de marzo de 2026

 

PARTIDOS POLÍTICOS: RESPONSABLES DE NUESTRA GRAVE SITUACIÓN POLÍTICA

En la última elección del Congreso, para reemplazar al destituido presidente interino Jerí por enfrentar investigaciones y denuncias que afectaron su legitimidad, los parlamentarios, representantes de los diferentes partidos políticos, eligieron al nuevo presidente interino, José Balcázar, el cual presenta nada menos que 15 investigaciones fiscales, lo cual significa un verdadero golpe a nuestra moral nacional, y lo más doloroso es que esta elección demostró que en muchos votos primó el cálculo político y repartijas para posteriormente obtener réditos partidarios o personales.

 

En esta grave situación política tienen responsabilidad los partidos políticos, con muy pocas excepciones, en lugar de buscar una mejor representación en el Parlamento que cumpla con su misión de articular los intereses sociales en pro del bien común y ofrecer soluciones para la población, se han enfocado en acumular poder, firmar acuerdos alejados de sus principios, repartir cargos públicos y lanzar promesas electorales populistas imposibles de cumplir. La falta de representatividad y desconfianza de la población hacia ellos se debe a su fragmentación y la ilegitimidad del Congreso, lo que ha polarizado a la ciudadanía creando un descontento creciente. Además, tienen responsabilidad porque no ponen suficientes filtros para elegir sus candidatos, no verifican sus antecedentes en criterios de transparencia, idoneidad moral y compromiso social, y los reciben así tengan investigaciones o requisitorias por delitos graves.

 

Los partidos políticos, en sus elecciones internas para elegir a sus candidatos, en lugar de emplear la modalidad de afiliados, para que éstos (supervisados por la ONPE) elijan directamente los candidatos (solo 2 partidos la usaron), el resto emplearon la modalidad de delegados en que ellos mismos elaboran sus listas, seguramente en base al amiguismo o intereses particulares. Además, esta situación de mala representación de congresistas se agrava porque los partidos no cumplen con usar que el 50% del financiamiento público directo recibido, en actividades de formación, capacitación e investigación (Ley 31046 setiembre 2020).  

 

Como una muestra de la crisis de los partidos políticos no olvidemos las graves afiliaciones irregulares y firmas falsas de diferentes partidos; además, para las próximas elecciones, de la lista oficial de 36 partidos inscritos, 26 de ellos han sido fundados en los 3 últimos años, sin clara ideología, programas ni objetivos, solo para participar en las elecciones; es muy preocupante que actualmente hay más de 500 expedientes en revisión por presunta declaración de información falsa en hojas de vida; también, que entre los candidatos al Congreso bicameral 20 registraron tener antecedentes por corrupción, 32 figuran como deudores coactivos ante la Sunat y 103 candidatos acaban de renunciar a sus candidaturas.  

 

Bajo este panorama, la mayoría de los 36 partidos políticos que compiten para las elecciones 2026, no presentan claridad programática e ideológica que afiance una coherencia y unidad de acción, y menos, mística y compromiso político por parte de sus líderes y representantes, además, presentan serias deficiencias de institucionalidad y transparencia, predomina el caudillismo y es inexistente la política activa y lazos sólidos con sus bases partidarias, cuadros y operadores, en conclusión, la crisis de los partidos se origina por una falta de representación, se alejan de la ciudadanía y se concentran en la disputa por el poder, se han convertido exclusivamente en un juego de intereses y en vehículos electorales de muchos candidatos por lo que se han alejado de la adhesión ciudadana y no representan a nuestra sociedad.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de marzo de 2026

 

  

ENTRE NEGOCIADOS Y REPARTIJAS ESTARÍA VOLVIENDO A FOJA CERO LA REESTRUCTURACIÓN DE PETROPERÚ

 

El pasado miércoles 18 el Congreso eligió al congresista Balcázar, del partido Perú Libre, como presidente de la Mesa Directiva y presidente de la República interino, pero esta elección, tal como se está demostrando, estuvo plagada de negociados, pactos debajo de la mesa y repartijas con complicidad de partidos como Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre, con mucha influencia sobre Balcázar y que priorizaron aberrantes cálculos políticos contra el interés nacional.

 

Dentro de estos negociados, Balcázar ha tenido sendas reuniones con congresistas de Perú Libre, quienes la han pedido dejar sin efecto la reestructuración de Petroperú porque se trata de una “privatización encubierta” que busca entregar su patrimonio estratégico a grupos de poder económicos, por su parte, Balcázar evitó dar declaraciones claras y optó por postergar cualquier decisión, alegando desconocimiento técnico sobre el tema.

 

El problema es que Petroperú requiere urgente una profunda reestructuración debido a su grave situación operativa y financiera. Desde su fundación, el 24 de julio de 1969, con el transcurso de los años, fue convirtiéndose en una empresa estatal no sostenible por su pésima gestión, ineficacia, innumerables cambios de directivos, corrupción, etc., ocasionando que actualmente su situación financiera sea incontrolable y se encuentre al borde del abismo, su deuda cuadruplica su patrimonio colocándola en quiebra técnica, al cierre de 2025 terminó con una pérdida neta de US$1,611 millones y deudas con proveedores y otras necesidades urgentes por US$5,000 millones, sin embargo, mantiene una planilla de 2,700 trabajadores con envidiables sueldos a un costo anual de US$130 millones. Lo más grave, es que la Refinería de Talara cuyo costo final superó US$6,500 millones (4 veces lo presupuestado), nunca ha alcanzado el 100% de su capacidad operativa.

 

En junio 2024, el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark, propuso medidas para reestructurar Petroperú, entre ellas, traslado de la empresa a Talara y reducción de 30% de personal, la expresidenta Boluarte lo rechazó y el directorio en pleno renunció en setiembre 2024. El 31 de diciembre pasado, el destituido ex presidente Jerí, aprobó el DU-010-2025 para reestructurar Petroperú, al respecto, ProInversión ha elaborado un plan que busca que un operador privado asuma riesgos operativos y financieros en la modalidad de concesión, pero manteniendo la titularidad del Estado sobre los activos, sin embargo, todo se encuentra paralizado.

 

Denisse Miralles, que en su anterior cargo de MEF fue autora del DU-010-2025 iniciando la reestructuración de Petroperú, ahora como premier, ni se ha referido al tema, y quien iba a aplicarlo como gerenta general, Rita López, fue reemplazada por Gustavo Villa, quien está en contra de la reestructuración y ha cambiado de manera “express” una mayoría de gerentes, demostrándose un claro caso de influencia externa y politización. Pero además, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien fuera abogado de Vladimir Cerrón, ha pedido al TC declarar la "inconstitucionalidad total" de dicho DU, y en el Congreso, ya hay más de una decena de proyectos de ley que piden su derogación.

 

Bajo este panorama, desde la llegada de Balcázar a la presidencia, la reestructuración de Petroperú está volviendo a foja cero y se acercan los peligrosos rescates financieros del Estado, que desde 2013 ha superado los S/25,000 millones, la mayor parte entre 2022 y 2025 por casi S/18,000 millones que equivalen a más del 5% del presupuesto nacional de inversión pública.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de febrero de 2026

 

 

PARALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PUEDE AGRAVARSE CON EL CAMBIO DE PRESIDENTE INTERINO

 

Al haber elegido el Congreso, el miércoles 18, al congresista Balcázar, presidente de la Mesa Directiva, y a la vez, presidente de la República Interino, el hecho de ostentar una agenda política comunista radical de Perú Libre y por su extrema y controvertida trayectoria genera mucha desconfianza, podríamos pasar por un período de 5 meses de inestabilidad que complique seriamente reformas como la ley MAPE, la situación de Petroperú y del INPE, el contrato G2G entre Perú y Francia por anulación unilateral de asesoría técnica, así como el plan de seguridad ciudadana y la compra de aviones para la FAP.

 

Pero también puede afectar significativamente la reactivación de miles de obras públicas paralizadas o abandonadas a lo largo del país. Según el Banco Mundial, en su último informe “Perú, Revisión de las finanzas públicas: movilizando recursos para la prestación de servicios y el crecimiento”, advierte que desde 2012, aproximadamente el 45% de los proyectos de inversión pública iniciados permanecen detenidos, lo cual equivale a alrededor del 17.3% del PBI, y 47% del gasto ejecutado no estaba previsto en el presupuesto, evidenciando fallas en planificación y gestión de la inversión pública. Además, la Contraloría General de la República reportó que hasta enero 2026 hay 2,741 obras paralizadas a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno por un monto de inversión de S/67,139 millones, y, según la ministra de Economía Miralles, se han identificado 12,575 proyectos con problemas de financiamiento que superan los S/21,000 millones, anunciando la utilización de un crédito suplementario a partir de abril y priorizará recursos ya distribuidos para continuar 249 obras paralizadas y desfinanciadas sobre proyectos nuevos (DU-001-2026-EF).

 

La inversión pública utilizada para iniciar obras de infraestructura a nivel nacional, o mejorar o recuperar las ya construidas, son fundamentales para el crecimiento social y económico de nuestro país, principalmente en proyectos viales, hidráulicos, mineros, hidrocarburos, irrigación, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, eléctricos, telecomunicaciones, obras urbanas de servicio público (agua, electricidad, transporte y alumbrado), en seguridad pública, en  escuelas, hospitales, y en vivienda y alimentación. La obra pública es el verdadero motor del desarrollo, y su inversión debe ejercerse con eficacia, eficiencia y honradez, por ser crucial para reactivar la economía y mejorar el bienestar social y el desarrollo de nuestro país.

 

Bajo este panorama, increíblemente el 20% de las obras del Gobierno nacional se encuentran paralizadas, y en el ámbito regional un 15%, la mayoría por incumplimientos contractuales, falta de recursos financieros y liquidez, deficientes expedientes técnicos, discrepancias, controversias, arbitrajes, denuncias y los habituales casos de corrupción en las grandes, medianas y pequeñas obras públicas (coimas por asignación de obras y coimas asociadas con su calidad y utilidad).

 

Lo correcto sería transparentar, controlar y fiscalizar las obras en todas sus etapas, primero debería hacerse público los pasos previos (expediente técnico de justificación de la obra y su necesidad), posteriormente, controlarse y fiscalizar todo su desarrollo, desde su planeamiento, contratación, adjudicación y ejecución hasta concluirlas, con la premisa de cero tolerancias a la corrupción y elevación de los estándares éticos. Y sobre los miles de obras públicas paralizadas, su reactivación debe solucionarse en acción coordinada de los niveles del Estado (nacional, regional y local) aunque en este período de nuevo gobierno interino hasta julio no esperemos ningún avance al respecto, por el contrario, puede seguir agravándose.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de febrero de 2026

 

LAS DEMANDAS POR ARBITRAJES INTERNACIONALES NOS SIGUEN PASANDO ENORME FACTURA

Las demandas por arbitrajes internacionales contra el Perú se están incrementando los últimos años, por controversias, incumplimientos de obligaciones o disputas tributarias en contratos de inversiones. Durante 2024 se presentaron 4 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI): Gas Natural de Lima y Callao (US$200 millones), Gasoducto Sur Peruano (US$194 millones), Concesionaria Angostura Siguas (US$1,400 millones) y cervecería Backus (S/1,600 millones). Durante 2025, en marzo, la empresa Brookfield demandó una restitución de US$2,700 millones por Rutas de Lima, y, en noviembre, la empresa colombiana Promigas inició otra demanda por controversias tarifarias con Osinergmin que podría afectar la concesión norte que beneficia 1.2 millones de personas y 100 industrias en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura.

 

Lo más grave es que durante este año 2026, no ha pasado ni mes y medio y ya tenemos más problemas de arbitrajes que nos siguen pasando enorme factura: el 19 de enero la minera canadiense Lupaka Gold Corp ha amenazado con embargar activos del Estado, incluidos futuros pagos de deuda, barcos y bienes inmuebles, por haber ganado en CIADI un laudo contra Perú por US$67 millones, pero el gobierno no lo ha pagado, por lo que esta empresa denunciaría sobre dicha deuda del Perú, durante una de las más importantes conferencias mineras a nivel mundial, la Convención Mundial de la Exploración y Minería (PDAC-2026), en Toronto, en marzo próximo, lo cual representaría gran desprestigio para nuestro país. El 20 de enero, la compañía Unna Energía, subsidiaria del grupo Aenza, presentó una solicitud de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) contra Perupetro por controversias en los lotes III y IV, en un contexto de incumplimientos de pagos a 10 lotes petroleros por compras de crudo de Petroperú a operadores petroleros de la costa norte.

 

Además, en el contrato G2G entre Perú y Francia para la ejecución de obras de la nueva Carretera Central, la vía expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa (acceso al aeropuerto Jorge Chávez), el 3 de febrero, Provías Nacional (adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones) anuló unilateralmente la asesoría técnica de PMO Vías (conformada por las empresas francesas EGIS y Setec), asesoría designada por el gobierno francés. Las obras están paralizadas y Provías refiere que presentará una propuesta integral que podría incorporar financiamiento privado. Ya se está pidiendo la renuncia de la directora de Provías y pareciera inevitable que Perú enfrente otro complicado arbitraje.

 

Bajo este panorama, somos el tercer país más demandado en la historia del CIADI, y en Latinoamérica, junto con Argentina y Venezuela lideramos en cantidades de demandas arbitrales internacionales. El Perú cuenta con el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) creada hace 19 años por ley 28933 de fecha 14 diciembre 2006, entidad que representa al Estado en disputas internacionales y su función principal es optimizar la respuesta y coordinación al interior del sector público frente a las controversias internacionales de inversión, así como establecer mecanismos de alerta frente al surgimiento de cualquier controversia internacional para permitir una oportuna y apropiada atención, lo cual lamentablemente no se está cumpliendo eficazmente, generando el incremento de fallos arbitrales adversos, afectado nuestro presupuesto nacional, nuestra imagen internacional y las condiciones de estabilidad y predictibilidad del clima de inversión privada internacional en el Perú.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de febrero de 2024