COP30: MINAM PRESENTA SOLUCIONES TEÓRICAS QUE NO SE CONDICEN CON NUESTRA CRISIS CLIMÁTICA

 

Entre el 10 y 21 de este mes se realizó en la Amazonía de Brasil, en Belém, la 30° Conferencia de Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en un contexto de aceleración de fenómenos climáticos extremos en el mundo como colapso de ecosistemas, incendios forestales, inundaciones, tornados y tormentas, sequías, desertificación, derretimiento glaciar. aumento del nivel del mar, y escasez de agua.

 

En esta cumbre se han abordado los planes y contribuciones de los países, señales políticas y ámbitos de colaboración (NDC-período 2030-2035) por la crisis climática para limitar el calentamiento global a 1.5°C, temperatura que ha aumentado progresivamente en 30 años, desde 0.5°C en la COP1 (Berlín 1995) hasta bordear 1.5°C en esta COP30, la cual, según la Organización Meteorológica mundial (OMM) podría incrementarse en 2030 si no se revierte la situación. Además, se ha tratado la movilización de recursos para 2035 de US$1.3 billones anuales en financiación para acción climática en países en desarrollo y medición de avances en materia de mitigación y adaptación comparativa de los 197 países partes.

 

Nuestro país participó en esta COP30, según el Ministerio del Ambiente (Minam), hemos presentado soluciones concretas frente a impactos del cambio climático fomentando la cooperación internacional, buscando consensos para solucionar la crisis climática global, propuestas sobre bosques tropicales, medidas de mitigación, herramientas de adaptación, etc., sin embargo, son soluciones “teóricas” que no se condicen con nuestra crisis climática.

 

Lamentablemente mantenemos una alta contaminación ambiental con emisiones de CO2 principalmente por combustión de petróleo en el transporte y actividades industriales, según la Asociación para Desarrollo y Conservación de Recursos Naturales del Perú (Acrenap) emitimos anualmente 222,284 millones de megatoneladas. El elevado uso de combustibles fósiles, rezagan las energías limpias, tenemos enorme potencial en recursos eólicos de 20,000 megawatts (MW) pero solo producimos una vigésima parte 1,021 MW. Los derrames de petróleo en el mar y en los ríos afectan considerablemente la calidad ambiental. La enorme deforestación en nuestra Amazonía, con pérdidas de 150,000 hectáreas anuales, destruye ecosistemas y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestros glaciares se derriten (hemos perdido 56% de cobertura glaciar) y la mejor prevención es la mitigación del cambio climático. La minería ilegal por uso de mercurio ocasiona alta contaminación de suelos y ríos; una delegación de 35 líderes de pueblos indígenas amazónicos peruanos, asistió a la COP30 exigiendo declarar la Amazonía en emergencia por vertimiento en ríos de 3,000 toneladas de mercurio en los últimos 20 años.

 

Bajo este panorama, como país, no estamos contribuyendo adecuadamente a la reducción de los efectos de esta crisis climática a nivel global y las repercusiones del cambio climático inciden en nuestra salud pública, biodiversidad, medio ambiente y seguridad hídrica y alimentaria.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de noviembre de 2025

 

PETROPERÚ: EL DRAMA DEL LOTE 192, LA RESERVA PETROLERA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS

La empresa estatal Petroperú se encuentra actualmente en condición crítica, un mes sin directorio, US$355 millones en pérdidas este año, alistando la venta de 55 propiedades, y buscando contratar una firma internacional que asesore su transformación integral, pero además, presenta un verdadero drama operacional en el Lote192 (antes 1AB), la reserva petrolera más importante y activo crucial del país, ubicado en Loreto, distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón con reservas probadas de 134 millones de barriles y reservas probables de 70 millones de barriles.

 

Desde 1971 hasta el 2000 fue operado por Occidental Petroleum Corporation, y entre 2001-2015 por Pluspetrol, dichas empresas, en el tiempo, fueron generado impactos ambientales dejando miles de pasivos, incluyendo derrames y contaminación, afectando 25 comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigres en el ámbito de influencia del lote-192, las que hace años protestan por acuerdos de consultas previas, remediación ambiental y mejoras de servicios de salud en las áreas afectas. Al exigirle la OEFA a Pluspetrol (último operador hasta 2015) la remediación de dichos pasivos, la empresa anunció su proceso de liquidación.

 

Entre 1998 y 1999 este lote producía 50,000 barriles por día (bpd) pero desde 2014 se redujo a unos 13,000 bpd por protestas, paralizaciones y derrames. En agosto 2015, al vencerse el plazo de Pluspetrol, Perupetro aceptó un contrato temporal de 2 años con Pacific Stratus Energy, pero por paralización del Oleoducto Norperuano fue suspendido, reanudándose hasta febrero 2020 produciendo mínimamente 1,950 bpd. Desde dicha fecha el Lote-192 se encuentra inoperativo.

 

A partir de febrero 2020 Perupetro quedo a cargo de vigilancia, custodia y mantenimiento de bienes e instalaciones del lote, produciéndose robos y actos vandálicos, según la Contraloría, ocasionaron daños de equipos en 4 locaciones de producción quedando 3 inoperativos. En febrero 2023 Perupetro firmó con Petroperú un contrato de licencia para explotar este lote por 30 años con inversión inicial de US$630 millones, sin embargo, Petroperú no estaba en condiciones técnicas ni económicas para operarlo.

En febrero 2024 se asociaron para su operación Altamasa Energy (61%) y Petroperú (39%), pero, un año después, se advirtieron problemas financieros de Altamasa y en febrero 2025 abandona el país dejando deudas por US$32 millones y S/50 millones a sus proveedores que Petroperú debe pagar por ser garante.  

 

Bajo este panorama, el lote 192 continúa a la deriva, a la fecha está inoperativo 5 años 8 meses, con pérdidas de más de US$1,000 millones en impuestos y regalías. El pasado día 3 Perupetro descalificó a Upland Oil & Gas último socio que consiguió Petroperú, por falta de capacidad económica, y, recién hace 3 días, el Minem ha instalado una Mesa Técnica Multisectorial para el desarrollo sostenible y remediación ambiental de este lote.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de noviembre de 2025

 

PREOCUPANTES ACCIONES DE RENIEC ACRECIENTAN DESCONFIANZA CIUDADANA

 

Carmen Velarde asumió el 31 agosto 2020 como titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y, a pesar que en las elecciones 2021 fue responsable que el padrón electoral incluyera cientos de personas fallecidas aptas para votar, del enorme desabastecimiento para obtener DNI y no haber entregado su declaración jurada de intereses al inicio de su administración, en julio 2024 fue ratificada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por 4 años más, hasta julio 2028. 

 

Ya durante el presente proceso electoral 2026, se presentaron, en abril 2025, en los padrones de los partidos políticos para su inscripción en las elecciones 2026, cientos de casos de afiliaciones indebidas, sin consentimiento, pudiendo haber sido utilizada la exposición masiva de datos personales sensibles de la base de datos de Reniec (DNI, direcciones, fotos y firmas) que quedaron accesibles de manera irregular, Reniec confirmó que se trató de un mal uso interno de la plataforma e increíblemente indicó que su función la obligaba solo a cotejar y no determinar las firmas falsas. Por tal motivo, ya se reiteraba la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de datos personales para detectar y sancionar accesos irregulares.

 

Sin embargo, la última semana de octubre pasado Reniec emitió la consulta de la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones 2026, debiendo solo incluir información de distrito, mesa de sufragio y número de DNI, pero el sistema habilitó nuevamente información privada muy sensible (DNI, direcciones, fotos y firmas) vulnerando estándares de custodia de información personal, y lo más grave, abriendo la posibilidad de facilitar delitos como extorsión, robo de identidad o uso indebido de información personal, y aunque Velarde reitera que la publicación del padrón inicial cumple los artículos 198 y 203 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE, ley 26859), la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia (ANPD) precisó que la LOE no autoriza exhibición de información sensible (artículo 197).

 

Actualmente Velarde tiene investigaciones de oficio en la JNJ, la Contraloría General y la ANPD, además, fue citada a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso donde ha insistido irresponsablemente que por exigencia de ley no pudo colocar demasiadas medidas de seguridad en la difusión del padrón inicial.

 

Bajo este panorama, Reniec tiene la obligación de proteger y custodiar los datos personales de los peruanos, pero no ha cumplido. La JNJ que selecciona y supervisa a autoridades del sistema electoral, debería investigar todos los antecedentes de Velarde, desde que inició su gestión en agosto 2020, incluyendo las graves negligencias reiterativas en desprotección del padrón electoral y vulneración a la normativa de datos personales y considerar la apertura de un proceso disciplinario que debería concluir con su destitución.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de noviembre de 2025

 

 

 

SOLO INSTITUCIONES EFICIENTES GARANTIZARÁN NUESTRO CRECIMIENTO Y DESARROLLO

En nuestro país, desde hace mucho tiempo, se ha dejado de lado la discusión, debate y estudio sobre la calidad de las instituciones a pesar de la debilidad que presenta una gran mayoría, no se está trabajado en la creación de instituciones fuertes que garanticen una gestión eficaz de los asuntos públicos y prevalezca una estructura estable de interacción humana. En buena medida, para impulsar nuestro crecimiento económico y atravesar el umbral del desarrollo en los próximos años, deberíamos acrecentar la promoción de inversiones sostenibles, mejorar significativamente la calidad del capital humano (educación, salud, alimentación, acceso a servicios) y elevar la productividad, acciones que dependen de la calidad de nuestras instituciones y de su capacidad para hacer más eficiente la acción del Estado.

 

Entre el 23 y 25 de octubre se realizó en Lima la Cumbre Perú Sostenible 2025, en la cual participó el economista británico James Robinson, ganador del Premio Nobel de Economía 2024 por sus investigaciones sobre “El impacto de las Instituciones en el Desarrollo económico y la prosperidad de las naciones”, en dicha cumbre nos advirtió que sin una transformación institucional profunda, los abundantes recursos minerales que poseemos no garantizarán el desarrollo, añadiendo que, uno de nuestros errores históricos es que hemos desaprovechado las riquezas por no contar con estructuras estatales confiables ni mecanismos de control adecuados.

 

En el último Edelman Trust Barometer 2025 “La confianza y la crisis de agravio-Reporte Perú” en nuestro país no se confía en las instituciones, los índices registrados (entre 21 y 38), los más bajos en América Latina, están dentro del rango de desconfianza institucional (1-49), este escenario está impulsado por descontento ante la percepción de falta de respuestas para abordar las necesidades, particularmente en temas como desigualdad económica y acceso a información veraz. Asimismo, en el Ranking de Competitividad mundial 2025, el Perú enfrenta un contexto estructuralmente frágil con retrocesos en ámbitos clave como institucionalidad, en Eficiencia del Gobierno-Marco Institucional ocupamos el puesto 57 entre 69 países.

 

Bajo este panorama, la política debe promover el orden y el bienestar de la sociedad, y las instituciones son fundamentales para lograrlo, sin embargo, nuestro sistema institucional es desordenado y adolece de solidez, agudizado por las crisis políticas ocurridas por el cambio de 7 presidentes en los últimos 9 años y la corrupción institucional que afecta la gobernabilidad y el sistema democrático, desde las instituciones públicas con vínculo al Poder Ejecutivo mediante los 19 ministerios, que son inestables para ejecutar políticas sectoriales, el Congreso fragmentado, los partidos políticos con escasa credibilidad, la falta de gestión de gobiernos regionales y locales y la endeble administración de justicia. En general, es imprescindible que nuestras instituciones, con legalidad y transparencia, mejoren su diseño, funcionamiento y eficiencia.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de noviembre 2025

  

INEFICIENCIA DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

 

La inversión pública en gobiernos regionales y locales (municipalidades) presenta un complejo panorama, todos los años dejan de ejecutar gran porcentaje del presupuesto general, y de transferencias de empresas mineras por canon, regalías y sobrecanon, recursos con que deberían cerrar brechas en infraestructura y acceso a servicios públicos (orden público y seguridad, salud, educación, transporte, agropecuaria y saneamiento), considerando además, que los recursos no utilizados deben revertir al tesoro público al finalizar el ejercicio fiscal.

 

En las 25 regiones, según el portal seguimiento presupuestal del Ministerio de Economía, restando menos de 3 meses para culminar el año fiscal 2025, solo 9 gobiernos locales han superado el 50% del presupuesto en inversión (entre 50.8% y 64.3%), y aunque el promedio regional utilizado bordea el 75%, la Contraloría General ha alertado que 5 regiones han ejecutado menos del 50%: Huánuco 41.4%, Lambayeque 44.8%, Áncash 44.9%, Callao 45.2% y Tumbes 49.9%. En las municipalidades (196 distritales y 1,695 provinciales), en los 2 últimos años, a nivel nacional, sumaron miles de proyectos descontinuados (13,803 en 2023 y 10,170 en 2024), y en 2024, las 20 con mayor presupuesto no llegaron a ejecutar ni el 59% de lo recibido; a nivel distrital, el primer trimestre 2025, el 35% registran menos del 5% de ejecución.

 

Pese a esta situación, el pasado 16 de junio, el Congreso, sin sustento técnico y con afán populista, con Ley 32387, disminuye 2% del IGV para el Gobierno central para duplicar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) de 2% a 4% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) con el argumento de promover la descentralización fiscal y fomentar el desarrollo de los gobiernos locales. Según el Consejo Fiscal, podría afectar hasta 2029 en 0.7% del PBI (unos S/8,000 millones anuales). 

 

Existen diversos motivos de ineficiencia en ejecución de recursos públicos por los gobiernos regionales y locales: carencia de equipos técnicos y de gestión, falta de capacitación en procedimientos administrativos y en administración tributaria, deficiencias en planificación, formulación y evaluación de proyectos públicos, falta de criterio técnico e ineficacia en las inversiones, obras paralizadas, decisiones politizadas para contrataciones, falta de mecanismos de monitoreo y evaluación de calidad del gasto y cumplimiento de obras, casos de corrupción, entre otros.

 

Bajo este panorama, los gobiernos regionales y locales deben ser eficientes y escrupulosos en la ejecución de gastos presupuestales y realización de obras, la ejecución de gastos apresurados en proyectos durante los últimos meses del año fiscal generan ineficiencia y ocasionan graves consecuencias en el proceso de construcción de obras, descontinuándolas o paralizándolas, a pesar de ser imprescindibles para mejorar la calidad de la infraestructura y servicios públicos que acrecientan el desarrollo, bienestar y  condiciones de vida de los ciudadanos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de octubre de 2025