PROGRESO SOCIAL CON TENDENCIA DE DETERIORO EN NUESTRO PAÍS

 

El concepto de progreso social se refiere a la mejora y avance continuo y sostenible de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo humano en una sociedad, a fin de que todos sus integrantes tengan una mayor calidad de vida, acceso a más oportunidades, una reducción de las desigualdades, construcción de comunidades más resilientes, y, para lograrlo, sobre la base de políticas públicas y programas de gobierno, se deben alcanzar avances significativos en áreas de educación, salud, infraestructura, erradicación de la pobreza, acceso a servicios básicos y justicia social.

En marzo pasado fue presentado el Índice de Progreso Social Mundial 2025 (IPSM) por el Social Progress Imperative, liderado por Michael Porter (Universidad de Harvard) y Scott Stern (Sloan School of Management), en colaboración, para el caso peruano, con Centrum PUCP y la organización Hombro a Hombro. Este IPSM analiza el desempeño social de 170 países del mundo en 3 dimensiones: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidad, los cuales son medidos a través de 57 indicadores, entre los más importantes: nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, seguridad personal, acceso a conocimientos básicos y a educación superior, salud y bienestar, calidad ambiental, derechos y voz, libertad personal y de elección e inclusión. 

 

En dicho IPSM, el Perú ocupa el puesto 84 (67.61 puntos sobre 100) entre 170 países presentando una tendencia de deterioro en los últimos 5 años no logrando consolidar un progreso social sostenido; como comparación, en el mundo, Noruega ocupa el primer puesto (91.95 puntos), y en Latinoamérica Chile mantiene el primer puesto en la región (puesto 36° a nivel global con 79.26 puntos). El deterioro de nuestro país se explica por haber ocupado últimos puestos en indicadores claves como enfermedades infecciosas (121°), tasa de mortalidad materna (101°), agua y saneamiento (104°), seguridad personal (114°), violencia política (121°), percepción de inseguridad (133°), acceso a educación de calidad y aprendizaje de los niños (125°), acceso a servicios de salud (119°), empleo vulnerable (109°), mujeres con educación avanzada (119°), entre otros. 

Bajo este panorama, si bien es cierto que la economía es importante para el desarrollo de un país, el avance del PBI está muy lejos de representar el único factor determinante del progreso social, es decir, del nivel de bienestar o calidad de vida de la población, que en nuestro caso, los últimos puestos registrados en indicadores claves del IPSM demuestran el deterioro, carencias y enormes falencias que tenemos en las necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades entre los pobladores. El camino más efectivo para impulsar el progreso social son las políticas públicas y las correctas y transparentes decisiones de inversión social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de abril de 2025

ELECCIONES GENERALES 2026: INCIERTO PROCESO ELECTORAL

 

En las próximas elecciones generales del 12 de abril 2026, más de 27 millones de peruanos (incluidos 2.5 millones de nuevos votantes) elegiremos, para el período 2026-2031, entre 43 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas y 11,300 candidatos, al presidente de la República, 2 vicepresidentes, 70 senadores, 120 diputados y 5 parlamentarios andinos. La inscripción del “aluvión” de 43 partidos representa una grave crisis de representación y desprestigio que nos obliga a votar en una desmesurada y desproporcionada cédula, situación que resta seriedad al proceso, incrementa el descrédito, creando un panorama complejo de incertidumbre y un entorno incierto. Este embrollo fue generado por Martín Vizcarra al promulgar, en agosto 2019, la ley 30995, reduciendo  la cantidad de firmas para inscripción de partidos, de 750,000 a 25,000. 

Lamentablemente los partidos políticos representativos, de alcance nacional, recién van apareciendo después de haber invernado en períodos no electorales, no han promovido, ni mínimamente, la participación ciudadana en política ni han representado e intermediado como interlocutores de las demandas y necesidades de la población con el Estado, no se identifican con la ciudadanía por presentar serias deficiencias de institucionalidad, transparencia y falta de representantes legítimos y dirigentes capacitados. Ahora, se entremezclan con mini partidos desconocidos que no congregan una mínima cantidad de militantes inscritos y participantes activos, muchos de ellos, buscarán con vehemencia y desesperación negociar ofreciéndose como “vientres de alquiler” atentando contra la democracia, ya vemos como candidatos, por interés, se inscriben en partidos que jamás han militado y no coinciden con principios ni postulados.

Y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), durante el proceso 2021 a cargo de Salas Arenas, tuvo graves denuncias por robo de votos, falsificación de actas, firmas falsas, adulteración en mesas, miembros de mesa suplantados, etc. creando un grave descrédito institucional, situación que el actual JNE, Roberto Burneo, debería analizar profundamente y tomar las acciones correspondientes para conducir el proceso de manera justa y transparente, garantizando su legalidad para que represente la legítima voluntad del pueblo.

Bajo este panorama, nos espera un incierto proceso, por la desconfianza en el Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC) en éstos 2 últimos cargos, increíblemente, permanecen los mismos titulares seriamente cuestionados por su pésima gestión durante el proceso 2021 (Corvetto y Velarde), además, por los 43 partidos inscritos, el descrédito de los partidos políticos y la debilidad  institucional. Esperemos que al plazo del 2 de agosto se inscriban alianzas electorales que reduzcan las candidaturas y que al 23 de diciembre se inscriban las mejores formulas presidenciales y listas de candidatos; pero, principalmente, es urgente fortalecer la participación ciudadana y la conciencia y cultura cívica para que el voto sea reflexivo, por propuestas verdaderamente diáfanas, viables, responsables, claras y realistas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de abril de 2025

¿POR QUÉ NUESTRA INVERSIÓN PÚBLICA ES TAN DÉBIL Y DE BAJA CALIDAD?

La inversión pública es crucial para el desarrollo económico y social de nuestro país, a través de ella se ejecutan obras públicas de infraestructura, educación, salud, agua y saneamiento, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, entre otras, para nuestro desarrollo y mejora de las condiciones de vida poblacional, sin embargo, sus beneficios se ven empañados principalmente por corrupción, burocracia, inconducta funcional y otros aspectos que a continuación se detallan. 

Según información de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública aumentó 16% entre 2023 y 2024 (de S/ 49,843 millones a S/ 57,742 millones), sin embargo, un Análisis del Consejo Privado de Competitividad de enero 2025, nos advierte que en 2024 se dejaron sin ejecutar recursos por S/ 12,250 millones (1.2% del PBI 2023), principalmente por gobiernos regionales y locales (91% a nivel nacional), éstos recursos sin ejecutar equivaldrían a la construcción de 6,500 kilómetros de carretera o 14,000 centros de salud de primer nivel. Pero lo más grave, durante 2024, de 64,636 proyectos registrados, 10,833 presentan ejecución cero. Además, al primer trimestre 2025, más del 80% de gobernadores y alcaldes no superan ni 20% de sus partidas. 

Ya la Contraloría General de la República lo advertía desde el primer trimestre 2024, que a nivel nacional, el Banco de Inversiones tiene, desde 2001, cerca de 532,000 proyectos, de los cuales 199,011, podrían ejecutarse, pero 20% están abandonados. En ese entonces, el contralor Nelson Shack señalaba que “la corrupción se presenta desde la adjudicación y durante el proceso de selección porque saben que la obra va a paralizarse, se adjudica, levantan el adelanto presupuestal, pero no se ejecuta”, añadiendo que perdemos en obras públicas 17% del presupuesto por corrupción e inconducta funcional, invertimos 100% y solo ejecutamos 60% o 70% de los recursos.

Bajo este panorama, los principales problemas que afectan los procesos de inversión pública, además de la corrupción, burocracia e inconducta funcional, tenemos: la falta de gestión y planificación, inadecuada capacidad técnica, deficiencias en expedientes técnicos y en supervisión y control; alta rotación de funcionarios ejecutores de proyectos; incumplimiento de aspectos técnicos y normativos; inconsistencias en valorización de obras; atrasos de ejecución ocasionando sobrecostos. Ante esta situación el gobierno, con DS-020-2025-EF fecha 15 febrero, ha aprobado nuevos lineamientos de política nacional de inversión pública para mejorar la calidad y sostenibilidad de los proyectos, que esperemos, resuelva en algo el grave problema de pésima vinculación de las partidas presupuestales con proyectos indispensables para la población, cuyas regulaciones datan desde junio del 2000 por el Sistema Nacional de Inversión Pública, reemplazado por inconexo y burocrático en diciembre 2016, por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que hasta la fecha tampoco funciona adecuadamente.  

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de abril de 2025

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE PERSONAL

 

Según el artículo 82° de la Constitución y la Ley 27785, la Contraloría General de la República dirige, ejecuta y supervisa, con autonomía, el control gubernamental, orientando su accionar a la transparencia de gestión de las entidades públicas, previene y verifica la correcta y eficiente utilización y gestión de los recursos públicos y bienes del Estado, el desarrollo honesto de actos de funcionarios públicos y cumplimiento de metas de las instituciones sujetas a control; realmente, una inmensa tarea.

El 24 de julio de 2024, César Aguilar asumió el cargo de Contralor General de la República, reemplazando a Nelson Shack, quien permanecerá 7 años, hasta 2031. En marzo pasado, el nuevo Contralor presentó un informe denunciando que durante la gestión anterior se realizó un concurso público 001-2023-CG, entre marzo y junio 2023, para incorporar 4,100 plazas a nivel nacional, el cual contenía irregularidades en el proceso de solicitud del gasto de S/ 383 millones al ser presentado sin evaluación previa de certificación presupuestaria para garantizar las contrataciones, afectando la situación financiera de la Contraloría, que además, tuvo que declarar ilegal dichas contrataciones, y el despido, este 31 de marzo, de 2,000 servidores, entre funcionarios y auditores.

A pesar que el contralor Aguilar solicitó al ex ministro de Economía Arista y al actual ministro Salardi un Decreto de Urgencia con medidas extraordinarias de fondos requeridos por S/ 542 millones para el pago de 3,000 servidores, la respuesta ha sido negativa, además, el pasado 6 de febrero, le informó, a la presidente Boluarte, mediante oficio 000161-2025-CG/DC sobre el déficit de recursos en el presupuesto 2025 que afectaría la continuidad de 5,039 servidores contratados entre funcionarios y auditores para órganos de control institucional, solicitándole una demanda adicional para evitar se siga debilitando el control de los recursos del Estado, cuyos servicios ya han sido reducidos en 33%, documento que hasta la fecha no ha sido contestado, inclusive, el contralor ha advertido que solo tienen disponibilidad de dinero hasta mayo y que la entidad estaría a punto de cerrar este 2025. 

Bajo este panorama, la Contraloría General de la República es una entidad clave en la fiscalización y control de gestión pública y uso de recursos del Estado, sin embargo, enfrenta casos de presión política, debiendo garantizarse su autonomía, es también preocupante su limitación en recursos financieros y de personal, por lo que es necesario que el gobierno le garantice el presupuesto adecuado que permita mantener las plantas de personal cubiertas y poder capacitar los auditores para que realicen evaluaciones eficientes y exhaustivas, identifiquen casos de magnitud complejas y ejecuten acciones para reducir los niveles de corrupción pública, además, es indispensable la inversión en tecnología moderna que coadyuve en lograr una fiscalización efectiva. 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de abril de 2025

GRILLETES ELECTRÓNICOS DEBIERON USARSE DESDE HACE 15 AÑOS

Nuestro país viene sufriendo un incremento exponencial de delincuencia y crimen organizado, armado, violento y con poder depredador, convirtiendo en una práctica común casos de homicidios, sicariatos y extorsiones, esta amenaza configura una grave inseguridad ciudadana. El sistema penitenciario representa un factor importante en el incremento del crimen organizado por encontrarse los penales en evidente crisis y totalmente hacinados, con capacidad para 41,600 internos, hay 98,800, con sobrepoblación de 57,200 (137%), agravado por el perfil criminológico de los reclusos, la llegada del crimen organizado transnacional ha modificado el perfil de la población penal, se fortalecen las bandas de secuestradores, narcotraficantes y estarían convirtiendo los penales en base de operaciones de redes delictivas dirigidas desde su interior por el fácil acceso a celulares, lo cual repercute en el incremento de la delincuencia y el crimen organizado. 

Para enfrentar el hacinamiento en los penales, se normó, hace 15 años, el uso de grilletes electrónicos (ley 29499 enero 2010), disponiéndose la adquisición de 2,000 dispositivos con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria por S/150 millones, pero, de manera incomprensible, no se ejecutó, posteriormente, 7 años después, en enero 2017, se reguló su uso (DL 1322) y en abril se otorgó la buena pro al consorcio Geosatis (empresa mexicano-peruana), pero tampoco se materializó.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Federico Llaque, en enero 2024, proyectó la instalación de 500 grilletes para usarlos dicho año, lo cual incumplió, posteriormente, en diciembre, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue interpelado por la política penitenciaria, donde anunció la reestructuración del sistema penitenciario con S/ 3,000 millones para la construcción de penales y fortalecer el uso de grilletes electrónicos. Recién, el pasado día 14, con ley 32257, se declaró de interés nacional su uso para personas condenadas con sentencias menores a 12 años sin delitos graves, pero no se muestra ningún avance concreto. 

Bajo este panorama, es tan grave la situación actual en los penales, desde donde se dirigirían crímenes, sicariatos y extorsiones, que el pasado día 24, en una reunión por la sesión “Cuarto de Guerra”, la presidente Boluarte anunció la intensificación de megaoperativos sistemáticos y continuos, que ya se iniciaron. Unos 36,000 internos se encuentran procesados, y 15,000 podrían estar aptos para usar grilletes, sin embargo, el jefe del Inpe estima que al 2026, solo unos 5,000 sentenciados podrían cumplir sus penas con estos dispositivos. Existe mucha irresponsabilidad y falta de gestión en el sistema penitenciario, si se hubieran construido más penales (el último construido fue en 2015), y aplicado el uso de grilletes electrónicos desde hace 15 años (según ley 29499), no hubiera sido tan grave y caótico el hacinamiento y la formación de redes delictivas dentro de los penales.   

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de marzo de 2025