El
pasado 2 de febrero, un grupo de abogados presentó una denuncia constitucional contra el
comunista Castillo por su nefasta, infame, irresponsable, abierta y clara
predisposición para entregar una salida al mar a Bolivia por territorio
peruano, agravada por sus efusivas arengas, con brazo levantado, de “mar para
Bolivia”, dadas en ese país en 2018, estas acciones violan plenamente su
principal obligación como gobernante de proteger la soberanía e integridad de
nuestro país cometiendo una clara infracción constitucional. Por tal motivo fue
denunciado por un grupo de abogados, haciendo suya dicha acusación los
congresistas Norma Yarrow y José Cueto, y siendo declarada procedente (denuncia
N°219) en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
En un caso insólito e inédito, siendo gobernante,
el comunista marxista-leninista-maoísta Castillo tiene en su haber 5 investigaciones en el ministerio público, por integrar una
organización criminal, encubrimiento personal, tráfico de influencias y
colusión agravadas, patrocinio ilegal, plagio agravado, falsedad genérica y
cobro indebido, atribuyéndole además, el liderazgo de grupo en los casos
ascensos en las Fuerzas Armadas y Puente Tarata III, y, en calidad de autor,
por encubrir y coordinar la fuga de Pacheco, aún así, es imposible vacarlo por
incapacidad moral por no alcanzarse 87 votos debido al blindaje de muchos
congresistas que anteponen sus intereses personales por encima del futuro de
nuestra patria. Además, en su desesperación, el comunista Castillo ha usado
tretas y artimañas para paralizar este proceso siendo desestimado en el Poder
Judicial y como último recurso está recurriendo al Tribunal Constitucional. En
esta realidad, el proceso por traición a la patria es el camino más viable que
podría suspenderlo a corto plazo.
Bajo este panorama, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 99° y 100° de la Constitución y el artículo 89° del Reglamento
del Congreso, el proceso sobre esta
denuncia por traición a la patria contra el comunista Castillo se encuentra en
su etapa final, el pasado día 1 culminaron las audiencias, y el próximo lunes 8
el congresista Wilson Soto presentará el informe final, el cual, si es
aprobado, será remitido a la Comisión Permanente para luego debatirse en el
Pleno.
En este juicio
político, la decisión se adopta con la votación favorable de la mitad de
miembros +1 del Congreso sin participación de la Comisión Permanente (total 51
votos). Si se aprueba la suspensión, inhabilitación o destitución por
infracción constitucional del comunista Castillo, la aplicación de la sanción
es inmediata, enviándose el expediente con la acusación constitucional a la
Fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que
dispone la Constitución.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de agosto de 2022
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