En medio
de la pandemia del coronavirus, en marzo pasado, se generó en el mercado
petrolero mundial una pugna por una guerra de precios sin precedentes entre
Arabia Saudita y Rusia perdiendo la cotización del precio del crudo hasta la
cuarta parte de su valor ocasionando inestabilidad en los mercados energéticos
y turbulencias económicas a escala global. En nuestro país, la producción
petrolera ha caído desde marzo pasado de 60,000 barriles de petróleo diarios (bpd)
hasta actualmente a 30,300 bpd, pero este drástico descenso no solo es por la
caída del precio del crudo o por el impacto del covid-19 sino por bajo nivel de
exploración y explotación y cierres de operaciones y del oleoducto norperuano.
La selva es la más afectada, no están operando los lotes 8, 67, 95 y 192,
además, 15 lotes se declararon en fuerza mayor, también están afectadas las
regalías disminuyendo hasta 78.8% y
la distribución del canon, especialmente en Loreto y Ucayali disminuyendo hasta
68.8%.
Nuestra
producción petrolera está siendo afectada principalmente porque desde hace más
de 30 años no se han tomado suficientes acciones para desarrollar la
exploración y explotación ni para atraer nuevas inversiones, inclusive el
gobierno ha buscado importar más petróleo y gas para cubrir la demanda futura
en lugar de poner en valor nuestro enorme potencial de recursos. La producción
petrolera decayó desde 196,000 bpd en 1980, a 100,000 bpd a fines de los 90 y
hasta 4,000 bpd el 2016, producción que no representa ni 40% de la meta del
Plan Estratégico Nacional 2014-2025 (103,000 bpd al 2016). La demanda interna de
250,000 bpd para el parque automotor e industria nos obliga a importar más de
200,000 bpd a Ecuador, Nigeria y otros países como Brasil y EE.UU, y nuestra
balanza comercial de hidrocarburos cerró el año 2019 con un déficit que bordea
US$ 2,900 millones.
Bajo este
panorama la reducida inversión en exploración, situación que no fue debidamente
prevista por los últimos gobiernos, ha generado mínima explotación y limitada
producción. Ni siquiera tenemos un marco normativo predecible y estable que
aliente la reactivación del sector, increíblemente la ley vigente 26221 que
norma las actividades de hidrocarburos tiene una antigüedad de 27 años, y una Nueva
Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) cuyo proyecto de ley fue presentado hace 2
años para promover las inversiones, reactivar la producción y reducir las
importaciones ni siquiera ha sido debatido en el Congreso.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de
2020
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