La inseguridad
en nuestros penales es realmente dramática, según la Dirección de Investigación
Criminal (Dirincri) un 90% de las extorsiones es perpetrada desde éstos con
celulares, también se coordinan secuestros y crímenes por encargo. Hasta el
presidente del Poder Judicial recibió en 2013 llamadas telefónicas amenazantes
y extorsivas desde un teléfono público del penal de Lurigancho, y desde el
penal El Milagro de Trujillo se planifica el 80% de extorsiones de la región La
Libertad.
El pasado día 3
un informe televisivo del programa “Domingo al Día” (realizado con cámara
oculta) denunció como 14 internos del penal Castro Castro utilizaban modernos
celulares a vista y paciencia de los agentes del Inpe, además se verificó
recargas de celulares y hasta un locutorio clandestino en el Pabellón 6A.
También, otro informe televisivo del programa “Alto al crimen” denunció que en
el penal Sarita Colonia los internos se pasean con celulares y hasta tienen
señal de internet para hacer recargas.
Sin embargo,
para el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Julio
Megán Zevallos (desde febrero pasado), estas graves e indignantes irregularidades
las calificó como “hecho anecdótico”. Es inaceptable esta aseveración, como
también su comunicado oficial de “ejecución de medidas de prevención que
garanticen el pleno restablecimiento de la seguridad y disciplina al interior
de las cárceles del país”, lo cual debió realizar hace muchos años al haber
sido vicepresidente de esta institución desde agosto 2011.
Durante su
gestión ocurrió la “jarana canera” en noviembre 2012 en el mismo pabellón 6A de
Castro Castro (hasta pidió disculpas a la población), en marzo 2013 una red de
extorsionadores desde Piedras Gordas ordenaba desde celulares arrojar
explosivos para amedrentar a sus víctimas, y en setiembre 2013 propuso a 3
congresistas la presentación de un proyecto que favorecía a Antauro Humala.
Bajo este
panorama es dramática la inseguridad en los penales del país: frágil custodia
policial exterior, corrupción de malos agentes Inpe y complicidad de algunas autoridades,
falta de elementos tecnológicos de seguridad, agravado por el inconcebible
hacinamiento (72 mil internos para una capacidad de 32 mil), insensible
situación jurídica (de 72 mil internos 35 mil no están sentenciados), una
inadecuada política penitenciaria y pésimo tratamiento de internos en aspectos
laborales, legales, educativos, de salud y psicológicos para lograr su reinserción
social, contraviniendo sus derechos constitucionales (artículo 139°, incisos 21
y 22).
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2015
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