COMPETITIVIDAD: NO PODEMOS REVERTIR SU DECRECIENTE TENDENCIA

El pasado día 1 el Institute for Management Development (IMD) de Suiza y Centrum PUCP publicaron el Informe de Competitividad mundial 2026, el cual evalúa, en 70 países, la capacidad de cada uno para generar un entorno favorable en inversión, productividad y crecimiento económico, para mejorar la calidad de vida y bienestar poblacional. La medición en este informe se basa en la evaluación de 4 factores: Desempeño Económico (evaluación macroeconómica), Eficiencia del Gobierno (favorecimiento de las políticas del gobierno en incrementar la competitividad), Eficiencia de los Negocios (desempeño innovador, eficiente y responsable de las empresas) e Infraestructura (cumplimiento de los requerimientos en los recursos básicos, científicos y humanos). 

 

En el Ranking 2026 del informe hemos registrado 43.3 puntos (puesto 60 entre 70 países), el más bajo puntaje desde 2008 en que obtuvimos 56.3 puntos (puesto 35 entre 55 países), y desde dicho año, no podemos revertir la tendencia de decrecimiento en materia de competitividad. Las mayores reducciones las tuvimos entre 2021 y 2026, en el actual gobierno de Castillo, Boluarte y Balcázar. En América Latina Chile se ubica primero (puesto 43), seguido por Argentina (58), Colombia (59) y Perú (60), atrás aparecen México (62), Brasil (65) y Venezuela (70).

 

En el primer factor (Desempeño Económico), la macroeconomía es nuestra mayor fortaleza, siendo el pilar del crecimiento económico desde 1990 cuando se implementaron las reformas estructurales que trajeron equilibrio, aunque nuestra economía demuestra solidez en estabilidad de precios y mercados financieros, mostramos retrocesos en empleo y comercio internacional, además, desde 2015 mantenemos un crecimiento promedio estancado por debajo del 4%, lo que no permite reducir la pobreza ni elevar la calidad de vida. En el segundo factor (Eficiencia del Gobierno), ocupamos los últimos puestos en legislación empresarial y marco social, además, el mal desempeño de nuestras instituciones limita el fortalecimiento competitivo, para recuperarlo, requerimos de mayor inversión, crecimiento económico, mejorar la inclusión y reducir la pobreza e informalidad.

 

En el tercer factor (Eficiencia de los Negocios), estamos entre los 3 últimos puestos por baja productividad y eficiencia, al respecto, la competitividad y sostenibilidad de cualquier organización, depende de su capacidad para operar eficientemente, transformando procesos, optimizando recursos y maximizando resultados. Y, en el cuarto factor (Infraestructura), aunque cumple rol clave en el desarrollo económico y social del país, registramos el peor resultado en los últimos 5 años, estamos en los 4 últimos puestos en infraestructura básica, tecnológica y científica, y, principalmente, en sistemas de salud y educación, lo cual se agrava por una inadecuada planificación y ejecución de proyectos de largo plazo, malas inversiones, ineficiente burocracia gubernamental, corrupción y mala gestión.

 

Bajo este panorama, nuestro bajo nivel de competitividad mundial está relacionado principalmente a una deficiente e inconsistente productividad, déficit en infraestructura urbana, logística, tecnológica y científica (según el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, la brecha, considerando el acceso a servicios básicos, asciende a US$110 mil millones en el largo plazo, la cual se cerraría en 40 años), además, por un deficiente avance en investigación y desarrollo, baja calidad educativa y de salud, precaria institucionalidad que posibilita corrupción, lavado de activos, narcotráfico, inseguridad ciudadana e informalidad, y una grave inestabilidad política que limita la inversión privada y los negocios internacionales. Esperamos que estas deficiencias que afectan seriamente nuestra competitividad comiencen a revertirse desde que Fuerza Popular asuma el gobierno.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de julio de 2026

 

  

CONSIDERACIONES QUE DEBERÍA ANALIZAR FP PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PETROPERÚ

El pésimo manejo y gestión administrativa, económica y financiera de Petroperú, no logra estándares de gestión y gobierno corporativo requeridos, no es una empresa austera (burocracia, altos sueldos, activos improductivos), no tiene liquidez ni cumple sus compromisos financieros, solo presenta riesgos y costos mal llevados que son cubiertos por el Estado con los impuestos de todos los peruanos. Su mayor descalabro fue la modernización de la Refinería de Talara, los precios aumentaron exponencialmente desde 2004 con un estudio de prefactibilidad para la ampliación de 3 unidades por US$ 315 millones, hasta 2022, al termino, con la astronómica suma de US$ 6,500 millones, y nunca ha alcanzado el 100% de su capacidad operativa.

 

Según ha manifestado Keiko Fujimori, su gobierno se centrará en Petroperú, mypes y minería. Sobre Petroperú, plantea que se convierta en una asociación público-privada, donde el Estado mantenga el 51% de las acciones y el 49% restante sea gestionado por el sector privado. El objetivo es incrementar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera de la empresa, evitando rescates recurrentes del Estado y reduciendo deudas sin respaldo público, además, continuará con la gestión de la venta de activos no estratégicos de la petrolera estatal para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor público.

 

Bajo este panorama, para la toma de decisiones sobre Petroperú, Fuerza Popular debería analizar las siguientes consideraciones:

 

El valor de esta empresa estatal es negativo, actualmente se encuentra al borde del abismo, su deuda cuadruplica su patrimonio colocándola en quiebra técnica, financieramente está endeudada en US$ 8,000 millones.

El 31 de diciembre pasado, con DU-010-2025, se dispuso la reestructuración de Petroperú con la posible privatización parcial de la Refinería a cargo de ProInversión, lo cual ha generado amplias protestas de trabajadores y comunidades locales. El 21 de mayo pasado, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros para que declare inaplicable dicho DU, lo cual será visto en audiencia única recién el próximo 5 de octubre.

Petroperú ha tenido 14 presidentes de directorio desde 2021 con cambios de la mayoría de gerencias encargadas, ocasionando absoluta inestabilidad institucional e impidiendo delinear un adecuado plan a mediano plazo. Para que Petroperú no siga comprometiendo su capacidad operativa, es prioritario el nombramiento de un presidente de Directorio idóneo que garantice cabalmente una profunda reestructuración patrimonial y la protección de activos frente a riesgos económicos y financieros.

Se requiere reducir la planilla de 2,800 trabajadores que generan un costo anual de US$130 millones.

A pesar que desde setiembre 2024, con DU-013-2024, se dispone que ProInversión se encargue de la venta de los inmuebles de Petroperú, cuyo plazo venció en setiembre 2025, no hay planificación específica y no se ha vendido ningún predio, irresponsablemente, hace 2 días, esta Agencia ha diferido la subasta pública sin fecha anunciada, además, hay gran resistencia para no venderse el edificio principal de 22 pisos en San Isidro, tiene un terreno de 22,000 m2 y su precio total se estima en US$ 100 millones.

Es urgente que una compañía internacional de prestigio realice una auditoría forense a la Refinería de Talara y revise las cuentas y decisiones de ingeniería que se tomaron durante todo el proceso de modernización.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de 2026

  

GOBIERNO DE FP DEBERÁ PRIORIZAR ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

La administración pública es el conjunto de acciones que realizan todas las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno: nacional (los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial), regional (gobiernos regionales), y local (municipalidades provinciales, distritales y centros poblados). Según el último registro del Servicio Civil Peruano (Servir), en 2023 el Estado peruano contaba con un total de 1´549,000 servidores civiles (gobierno nacional 45%, regional 42% y local 13%).

En las estructuras administrativas de los tres niveles de gobierno la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal impedimento para lograr nuestro desarrollo, grave delito que se ha convertido en un problema recurrente y generalizado, se trata de un fenómeno prevaleciente que actúa como enormes barreras para el progreso económico, social y político porque utiliza indebidamente el poder político y administrativo en beneficio personal o de grupos coludidos con intereses privados a expensas del desarrollo, perpetuando un ciclo de exclusión y marginación social, la falta de transparencia de procesos administrativos contribuye a la ineficiencia y falta de rendición de cuentas en las instituciones estatales.

La corrupción pública es un mal endémico en nuestro país y se trata del delito más grave que se puede cometer desde cualquier entidad del Estado. Existen infinidad de delitos que se cometen en la administración pública, tales como: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, exacciones ilegales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, prevaricato, entre otros, que socavan las instituciones y los valores democráticos, la ética, la justicia, y comprometen gravemente nuestro desarrollo. Según la Contraloría General de la República, este delito representa un costo anual promedio equivalente a 12% del presupuesto nacional (unos S/ 25 millones), y al 2.5% del PBI, igualmente, su Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) registra que, de 2,928 entidades públicas evaluadas, el 99% presenta al menos un indicador de riesgo, por corrupción o disfunciones administrativas graves.

Además, la excesiva burocracia de servidores civiles es una realidad que representa un altísimo costo al Estado e impide su desarrollo como sociedad, consume gran porcentaje del presupuesto estatal afectando inversiones en infraestructura, además, muchas entidades públicas operan con personal mal capacitado, rotativo o designado por favores políticos, sin evaluación real ni consecuencias por mal desempeño afectando objetivos y metas de las políticas gubernamentales.

La tramitología burocrática excesiva afecta a las inversiones privadas, encarece los procesos y desalienta la formalización, según Indecopi, solo entre 2020 y 2024, se eliminaron e inaplicaron 26,387 barreras burocráticas, pero tenemos tantas pendientes que el proceso es muy lento y fragmentado.

Bajo este panorama, tanto la corrupción como la burocracia dorada vienen incrementándose desde hace muchos años generando millonarias pérdidas económicas y obstaculizando el desarrollo social del país. El nuevo gobierno de FP deberá priorizar el diseño de medidas para reducir la corrupción, entre ellas, ejecutando una reforma de la administración pública, reducir los monopolios burocráticos que afectan la inversión, asfixia el emprendimiento y perpetua la informalidad y la corrupción. Es urgente simplificar los trámites administrativos, reducir barreras burocráticas, para mejorar la competitividad y atraer la inversión extranjera. Además, es imprescindible mejorar la eficiencia del gasto público, la selección de proyectos, controles internos y las capacidades técnicas y administrativas en los tres niveles de gobierno.

 

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de junio de 2026

  

LOS MÁS GRAVES PROBLEMAS QUE DEBERÁ PRIORIZAR EL PRÓXIMO GOBIERNO

A partir del 28 de julio próximo, en que se proyecta como virtual presidente para el período 2026-2031, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, se iniciará este período de gobierno adverso y muy complicado, con muchas dificultades por el retorno del bicameralismo con un parlamento fragmentado de 6 agrupaciones, algunas de ellas, con diputados y senadores con agendas partidarias, ideológicas, individuales o con intereses personales, lo cual representa al próximo gobierno enormes desafíos para garantizar la gobernabilidad de nuestro país y ejecutar las reformas necesarias, debiendo construir alianzas para aprobar proyectos de ley, elegir mesas directivas y conformar comisiones.

 

De ganar las elecciones Fuerza Popular, a pesar de no tener mayoría parlamentaria en el próximo Congreso, debería, con las facultades que le otorga la Constitución al Poder Ejecutivo, reanudar y acelerar la gran cantidad de obras públicas de infraestructura estancadas, como puentes, carreteras, colegios, hospitales, etc., así como mejorar las capacidades del Estado para responder las más urgentes necesidades de la población, especialmente, de la más vulnerable.

 

Sin embargo, en los primeros 100 días, el gobierno tendría que priorizar los problemas más graves, en primer lugar, la inseguridad ciudadana, delincuencia y criminalidad que representa la principal preocupación de la población desde hace años y que continúa incrementándose con quebrantamientos cada vez más violentos, como homicidios y extorsiones, delitos que, representando la principal amenaza, muchos quedan impunes. Según estudio de la Universidad de Piura, el costo de la delincuencia anualmente es de 3.1% del PBI, equivalente a US$11,800 millones, debido al cierre de pequeños y medianos comercios, reducción de actividad productiva y pérdidas de fuentes de trabajo.

 

Una importante conclusión del sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia nos advierte que la inseguridad ciudadana se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta la economía, la salud mental y la vida cotidiana de millones de peruanos. El transporte es el sector que se ha convertido en el más vulnerable frente a la extorsión y el sicariato, principalmente en Lima y Callao, pero también aumenta en Piura, La Libertad e Ica, solo en los 5 primeros meses de este año, han ocurrido 131 atentados contra conductores, cobradores y pasajeros.

 

Del mismo modo, el nuevo gobierno debe enfrentar urgentemente la corrupción política e institucional que incrementa cada vez más la inseguridad ciudadana y afecta la democracia y los servicios públicos, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 nos ubica en el puesto 130 entre 180 países evaluados, también influyen gravemente otras actividades delictivas que deben ser urgentemente contrarrestadas, tales como el crimen organizado que promueve las economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, comercio ilegal de tala y pesca) las cuales están dominando las actividades más rentables en nuestro país.

 

Bajo este panorama, de llegar al gobierno Fuerza Popular deberá tomar las acciones urgentes para accionar, en el menor tiempo posible, lo propuesto en su Plan de Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana: modernización de la Policía Nacional; creación de un Comando Unificado Permanente contra el crimen organizado; implementación de Centros de Comando interconectados con inteligencia artificial; construcción de mega penales y creación de un Consejo de Prevención del Delito. Sin embargo, el nuevo gobierno tendrá necesariamente que implementar dichas acciones fortaleciendo, de manera simultánea, la gestión interna y la institucionalidad estatal, fundamentos esenciales para garantizar el orden y el bienestar común.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2026

 

  

ESPEREMOS CON FE QUE GANE FP, PERO SIN DESCUIDAR LA VIOLENCIA COMUNISTA

Finalmente, el conteo oficial de la ONPE está certificando todas las proyecciones estadísticas, modelos, análisis y estimaciones realizadas, las cuales, faltando menos del 2% del conteo de las mesas, mantendrían la tendencia y resultaría ganador el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), sobre el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP). Y de concretarse, sería un triunfo patriótico que generaría inmensa esperanza con enormes expectativas favorables para nuestro país porque FP respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de ,la inversión, defensa de los derechos humanos y la educación y formación con valores y principios. Pero lo más importante es que FP estaría derrotando a una coalición extremista y radical de tendencia comunista marxista, la cual resultaría nefasta para nuestro país porque propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representaría regresar, con mayor peligro, intensidad y agresividad, al populismo autoritario y corrupto que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021, quien después, con Dina Boluarte, destruyeron nuestra institucionalidad llenando los organismos claves del Estado con comunistas radicales, familiares y partidarios para poder controlar el Estado, lo cual nos llevó al caos, inestabilidad, desorden, confusión absoluta y confrontación.

 

Basándose en el conteo rápido que elaboró IPSOS, el cual no es un resultado oficial, Sánchez, junto con simpatizantes y aliados estratégicos celebraron efusivamente la victoria, arengando consignas de triunfo, inclusive, muchos de sus aliados ya habían tenido coordinaciones para cubrir ministerios, quienes, de no ganar JP las elecciones, se convertirán en acreedores políticos.

 

El comunista Sánchez, con grave irresponsabilidad y desfachatez, y, sin esperar el término de conteos oficiales de la ONPE, está azuzando peligrosamente a la violencia, con gritos destemplados ha advertido: “Desconociendo el voto de las regiones, eso no lo vamos a tolerar, llamamos a las fuerzas patrióticas, democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino, a que se movilicen a defender la voluntad democrática”, convocaciones insensatas que están ocasionando múltiples señales agresivas de comunistas, tales como del dirigente del Fenatep-Movadef, Lucio CCallo, quien amenaza bloquear el puente internacional de Ilave, en Puno; Jaime Quito, Hernando Zevallos y el vocero de JP, Walter Flores, quienes están convocando marchas a nivel nacional; Víctor Pizarro, presidente de las comunidades campesinas del Cusco, quien coordina para que cada provincia convoque en distritos a todos los coordinadores, ofreciendo hospedaje y alimento para viajar a Lima; Raúl Noblecilla, conocido comunista, arenga a “defender la voluntad popular a cualquier sacrificio”; inclusive el ML-19 (Movimiento de Liberación 19 de julio) organización Tupacamarista, antiimperialista y anticapitalista, que en 2021 con JP apoyaron la candidatura de Castillo, ha presentado un pronunciamiento llamando a JP y a Sánchez para poner en marcha el plan de movilización popular permanente en costa, sierra y selva por la defensa de la voluntad popular.

 

Bajo este panorama, el comandante general de la PNP Óscar Arriola, al responder por la posibilidad de una “nueva toma de Lima”, aseguró que ésta se evitará, y que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado, además, situando el operativo a escala nacional, aseguró que “la policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”. Le tomamos la palabra general Arriola.  

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2026

 

  

NUESTRO VOTO POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD

Mañana, domingo 7, durante la segunda vuelta electoral, los peruanos que somos demócratas y exigimos libertad y estabilidad para nuestro país, votaremos por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), porque respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de la inversión, defensa de los derechos humanos y educación y formación con valores y principios.

 

No votaremos por el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP), porque como partido comunista marxista, propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representa el camino que amenaza a nuestro país de regresar al experimento fracasado del populismo autoritario de corrupción, inestabilidad y confrontación que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021 en su nefasto período de 1 año y 130 días, y el 7 diciembre 2022, al intentar dar un golpe de Estado, fue destituido terminando en la cárcel.

 

De llegar al poder JP, nos traería devastadoras consecuencias por su ideología expansiva, confiscadora y totalitaria. Increíblemente, aun estando prohibido constitucionalmente y por ley, a solo 7 días de la segunda vuelta, Sánchez tuvo la desfachatez de presentar un nuevo plan de gobierno (lo cambió 2 veces en un día) para sustituir las siguientes acciones radicales y extremistas de su plan de Gobierno original, único válido para efectos electorales: Un reemplazo total de la Constitución por intermedio de un proceso popular o Asamblea Constituyente (lo cual no es una alternativa constitucional, y con este cambio Juntos por el Perú busca la permanencia del presidente sin plazos para perpetuarse en el poder); la creación de una democracia sustantiva, participativa y popular, y de un poder popular “el pueblo” como nuevo poder del Estado; renegociación de los TLC, eliminación de contratos-ley y mayor control estatal de los recursos; estatizaciones; y la alineación al eje de Cuba-Venezuela-Nicaragua (con lo cual Sánchez copiaría el modelo venezolano de Maduro del socialismo del siglo XXI que no consideraba dictadura).

 

En economía, el partido comunista de Juntos por el Perú creará empresas públicas, afectará la inversión privada y la minería formal, perjudicará la producción y el crecimiento, aumentará la inflación, se incrementarán los precios de alimentos básicos, aumentará hasta S/1,500 el sueldo mínimo vital, afectando a micro y pequeñas empresas, se reducirá el empleo y aumentará la informalidad, habrá gran fuga de capitales y talentos. En educación, incrementará la ideología comunista en los colegios con cursos politizados extremistas. También, apoyará la minería informal e ilegal en todo el país y los cultivos ilegales de coca en el Vraem, además, llenará de comunistas todas las instituciones del Estado y, para colmo, también ejecutará una segunda reforma agraria.  

 

Pero lo más grave es la influencia del etnocacerismo de Antauro Humala en JP pese a su radicalismo extremo y haber sido sentenciado a 19 años de prisión por la asonada del “andahuaylazo” con el asesinato de 4 policías, además, es muy grave el acuerdo político firmado el 12 de mayo entre Sánchez y el Fenatep (fachada del Movadef) para “cambio de Constitución e impulsar la libertad de los luchadores populares y el cese de los llamados juicios penales”.

 

Los peruanos demócratas, con nuestro voto por FP, tenemos la gran responsabilidad de impedir que el gobierno comunista marxista de JP nos avasalle con acciones radicales y extremistas y se perpetúe en el poder, destruya nuestra democracia, nuestras libertades individuales, de expresión, mercado, empresa, industria y finanzas y empuje a nuestro país al despeñadero.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2026

  

PEDRO FRANCKE: EXPERTO EN MAQUILLAR PLANES DE GOBIERNO RADICALES DE PARTIDOS COMUNISTAS

Con el radicalismo comunista marxista leninista planteado en el ideario de Perú Libre y las propuestas extremas que pregonó Castillo en su campaña de la primera vuelta, Pedro Francke, ofreció sus servicios para moderar el plan de gobierno, exactamente como lo está haciendo ahora con Juntos por el Perú, preparándose con una táctica de maquillaje y engaño. Francke, como Sánchez, siempre estuvieron de acuerdo en cambiar la Constitución, es hora de cambiarla reiteraba Francke en diciembre 2020. En el campo económico tanto los gobiernos de Castillo como el actual plan de gobierno de Sánchez, coinciden en desmontar la economía de mercado y proyectar una economía centralmente planificada. Solo 6 meses le duró el maquillaje de Francke como ministro de Economía de Castillo, y al ser reemplazado se sacó la careta y dijo que tenía problemas para despachar con Castillo y según su evaluación, el gobierno no tenía un rumbo estratégico para encaminar al país.

 

En el caso de las propuestas de campaña de Sánchez (identificado con el desastroso gobierno de Castillo), Francke, que fue improvisado hace pocos días como su consejero económico, siendo experto maquillador de partidos comunistas radicales, durante el debate con Carranza, trató, con un discurso adaptado, de edulcorar las irracionales propuestas de Sánchez como no postular por el crecimiento económico sino por un crecimiento humano, o que el presidente del BCR, Julio Velarde, no los representa y lo van a echar, Francke aseguró que le pedirán a Julio Velarde continuar en el BCR, también dijo que no habrán estatizaciones, se respetarán los contratos, se tendrá una política económica de estabilidad, incentivarán y promoverán la inversión privada y la meta del déficit fiscal será 1%, realmente un doble discurso maquillador que los peruanos demócratas no debemos creer porque el Plan de Gobierno de Sánchez incluye propuestas de políticas radicales con mayor intervención estatal y revisión de contratos ley, lo cual genera desconfianza generalizada.

 

Es increíble que el comunista Sánchez no tenga cuadros económicos en su partido que respalden su candidatura y se ha visto obligado a presentar a Francke como maquillador para intentar apaciguar los mercados, la confianza empresarial y la inversión extranjera y ganar algunos votos, a pesar que cuando fue ministro de Economía de Castillo, fue un fracaso, el dólar llegó a alcanzar niveles récord mayores a S/ 4.130 que obligó al BCR a realizar millonarias intervenciones cambiarias por más de US$ 7,300 millones, además, la Bolsa de Valores de Lima sufrió cuantiosas pérdidas y hubo una gran salida de capitales de nuestro país de US$ 22,500 millones, perdimos competitividad de rentabilidad minera, además, en 2022, más de 628,000 peruanos pasaron a la categoría de pobres y más de 400,000 peruanos salieron del país por el golpe inflacionario y la pérdida de oportunidades.

 

Bajo este panorama, el candidato Sánchez nos quiere presentar una situación similar a la que desarrolló Castillo con su ministro de Economía Francke, quien trata de maquillar las ideas marxistas, confrontacionales e intolerantes de un sistema económico promotor del estatismo que el partido Juntos por el Perú expone claramente en su plan de gobierno, con mensajes contradictorios que crean desconfianza en todos los sectores empresariales nacionales y extranjeros en contar con predictibilidad para invertir, generar empleo y brindar bienestar a los ciudadanos peruanos. Votemos por la democracia y no por el comunismo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de mayo de 2026

 

  

COMUNISTA SÁNCHEZ REITERA CONVOCAR ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

                  

El candidato comunista marxista radical Roberto Sánchez, y su grupo ideológico, han repetido hasta el cansancio, que de llegar al poder van a imponer una Asamblea Constituyente a pesar de su inviabilidad constitucional, y peor aún, pretenden llevarlo a referéndum, Sánchez ha declarado que “hay que derogar esa ley que ha arrebatado el derecho al referéndum”, refiriéndose a la ley 31399 del 30 enero 2022 que protege la Constitución para limitar el referéndum. La obsesión y prioridad comunista es cambiar la Constitución vigente. Sánchez, quien se autodenomina “candidato castillista”, ha manifestado textualmente que, con una nueva Constitución, van a nacionalizar el gas de Camisea y ha reiterado su propuesta de nacionalización como soberanía sobre nuestros recursos naturales.

 

Pero este estribillo de la Asamblea Constituyente y cambio de Constitución comenzó desde el periodo preelectoral del golpista Castillo. Cuando juró como presidente, en julio 2021, lo hizo “por una nueva Constitución Política”, también en julio 2023, cuando Waldemar Cerrón juró como segundo vicepresidente del Congreso, lo hizo por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, igualmente, Sánchez lo enfatiza como una de sus principales banderas políticas, su argumento es que la actual carta magna favorece a las élites económicas, genera mayor desigualdad y pobreza, por lo cual plantea un nuevo modelo que reconozca a Perú como un Estado “plurinacional”. La táctica comunista para lograr sus objetivos es creando narrativas falsas articuladas para amplificar cualquier inconsistencia o injusticia y relacionarlas como un clamor de protestas de marginados y vulnerados que deben ser reivindicados.

 

Sánchez y el comunismo en general, quieren imponer una Asamblea constituyente para cambiar la Constitución con el fin de suplantar el capítulo económico (título III) porque nuestra Constitución es contraria al ideario comunista ya que regula la economía social de mercado e iniciativa privada y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria, además, el rol económico del Estado estimula la creación de riqueza, han pasado casi 33 años de vigencia de nuestra Constitución promoviendo en nuestro país la estabilidad y desarrollo económico. Además, buscan destruir las libertades de mercado, empresa, industria, finanzas, libertades individuales y de expresión y eliminar el impedimento de reelección presidencial inmediata (artículo 112°) para perpetuarse como dictadura indefinidamente en el poder, siguiendo el ejemplo de Cuba (74 años), Nicaragua (47 años) o Venezuela (26 años).

 

Bajo este panorama, el economista Pedro Francke (conocido locuaz izquierdista que ya fue ministro de Economía del golpista Castillo) ha sido convocado por Juntos por el Perú como asesor económico para dar ideas sobre el tema económico, intentando atenuar el grave extremismo y radicalismo de Sánchez, así, Francke trata de dar tranquilidad al sector privado y dice que no habrán estatizaciones y que pedirán la ratificación de Julio Velarde en el BCR, y que es viable elevar el sueldo mínimo a S/1,500, todo lo cual es una falsa táctica que está siendo usada para mejorar la votación de Sánchez, sin embargo, éste, con ideas contrarias, aún no ha avalado a Francke. Lo cierto es que, si el comunista Sánchez saliera elegido, sería imposible que deje su entorno radical (Antauro Humala) y la influencia de personajes vinculados a organizaciones subversivas. En este caso, nos esperaría transitar hacia un inexorable y enorme caos y a la peor inestabilidad social, política y económica que podría ocurrir en nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de 2026

ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA: TURBIA Y PARCIALIZADA

La Asociación Civil Transparencia, conocida como Transparencia, se autodefine como una asociación que trabaja por la calidad de la democracia y representación política plural en el Perú, sin embargo, Álvaro Henzler, mientras era presidente y vocero de dicha asociación, que ha participado como observadora electoral en las elecciones 2026, ha mostrado permanente acuerdo o apoyo al Jurado Nacional de Elecciones, durante y después del proceso electoral, no es una observadora electoral independiente ni imparcial. Según Giuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, Transparencia ha recibido de Open Society Foundations de George Soros la cantidad de US$ 100,000 para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de la institución.

 

El 12 de abril, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dispuso que la votación se extienda hasta el día 13, Henzler saludó efusivamente esa decisión sin prestarle mayor atención a las graves irregularidades direccionadas por ONPE para torcer las elecciones en Lima. De manera inexplicable, el día 12 no difundió el conteo rápido de Transparencia e Ipsos, según él, por problemas logísticos, pero cuando vieron que Datum presentó el mismo día 12 su conteo rápido ubicando a Keiko Fujimori con 16.8%, seguida de López Aliaga con 12.9% y Sánchez 5° con 9.4%, se apuraron el día 13 en presentar su conteo rápido, colocando a Keiko Fujimori con 17.1% pero con datos muy diferentes que favorecían a Sánchez con 12.4%, lejos de López Aliaga con 11.3%. Presuntamente Datum difundió los datos correctos, y Transparencia e Ipsos, habrían incluido resultados ficticios de las actas serie 900 para poner 2° a Sánchez, información que en ese momento nadie conocía, lo cual debería ser profundamente investigado.

 

Esta grave situación de como Transparencia e Ipsos obtuvieron esos resultados tan elevados a favor de Sánchez, podría tener una explicación, justamente, el pasado 5 de mayo, en el programa televisivo Beto a Saber, se denunció que en diciembre 2025, Henzler, a través de su otra Asociación Civil Lucaris, recibió S/ 42,500 del JNE por una charla de “motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos”, acción inconcebible, antidemocrática y dolosa por el cargo que ostentaba como presidente de Transparencia, agravado por su actuación como asociación observadora electoral el 12 de abril.

 

Coincidentemente, el mismo día de la denuncia contra Henzler, Transparencia publicó un informe de observación electoral extremadamente parcializado, respaldando la legitimidad del proceso y también apoyaron el rechazo del JNE sobre pedidos de nulidad y elecciones complementarias, a pesar que una gran  mayoría de peruanos reclamaba anular las elecciones por haberse cometido un presunto fraude electoral, además, sobre el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) manifiesta que solo dificultó su implementación en varias mesas, cuando realmente tuvo fallas generalizadas, principalmente en el software, habiendo el JNE dispuesto que ONPE no lo siga utilizando, lo cual Corvetto incumplió deliberadamente para seguir alterando la votación del proceso electoral.  

 

Bajo este panorama, la grave denuncia contra Henzler que lo obligó a renunciar irrevocablemente el 8 de mayo, por, según él, haber cometido un “error de criterio”, realmente se trató de un comprometido conflicto de intereses que ha interferido profundamente con su capacidad de actuar de manera imparcial y objetiva enturbiando gravemente la observación electoral de Transparencia, generado serias dudas y desconfianza en la ciudadanía por su apoyo al cuestionado, irregular e ilegítimo proceso electoral 2026, y seguramente, con consecuencias nefastas para nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de mayo de 2026

  

DESPUÉS DEL CAOS ELECTORAL, JNE Y ONPE EJECUTAN ACCIONES PARA CONFUNDIR A LA POBLACIÓN

En setiembre 2025, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que en el proceso electoral 2026 utilizará nuevos sistemas informáticos y tecnológicos para garantizar mayor seguridad y transparencia en las Elecciones, informó que había rediseñado el sistema de cómputo de votos incorporando inteligencia artificial para la lectura y procesamiento de actas, así como el uso del sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para ayudar y mejorar la votación en la elaboración de actas y presentación de resultados. Para la implementación de dichos sistemas solicitó S/451 millones, de los cuales, para el STAE S/144 millones.

 

Sobre el STAE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, está seriamente comprometido porque un mes antes de las elecciones sabía que presentaba vulnerabilidades, detallando en un informe de fiscalización que podrían afectar la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada en las mesas de votación, sin embargo, no tomó ninguna acción para corregir las fallas y permitió su uso en las elecciones. Durante el proceso, junto con el gravísimo retraso en la apertura de las mesas de sufragio, el STAE presentó fallas generalizadas, y recién, el JNE dispuso que Corvetto deje de usarlo y restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó deliberadamente que continúe usándose, originándose graves irregularidades que comprometieron los resultados de la votación.

 

Después de producirse este caos electoral, el JNE y la ONPE están ejecutando acciones para confundir a la población. Por un lado, el pasado día 2, el JNE informó que ha dispuesto una auditoría informática integral de la primera vuelta, sin dar detalles de su fecha de inicio, procedimiento, tiempo de duración, y si su ejecución va a concluir antes de proclamar los resultados. Y la ONPE, extrañamente el mismo día 2, emite un comunicado sobre la situación generada el 12 de abril, aduciendo que “las críticas y cuestionamientos obedecen al desconocimiento del funcionamiento del sistema y el descontento generado por los eventos ocurridos el día de los comicios”, por lo tanto, añade que “la democracia se sostiene en el respeto a las instituciones y a los resultados electorales”, pero para confundir aún más a la ciudadanía, 3 días después realizó una conferencia de prensa, donde el subgerente de Gobierno Digital e Innovación de ONPE, Fernando Zapata, señaló que desde el 13 noviembre 2025 la empresa MIT Corporation realizó una auditoría sobre amenazas y vulnerabilidades en los 3 sistemas de cómputo, y que, ¡oh sorpresa¡ recién ha culminado el 29 de abril, después de las elecciones del 12 de abril.

 

Bajo este panorama, el JNE y la ONPE tratan de hacer creer a la población que el resultado de la elección fue correcto y debe respetarse, pero jamás podrán ocultar las graves y groseras acciones e irregularidades dirigidas para comprometer los resultados de una irregular, dolosa, engañosa y manipulada votación que ha quebrado la voluntad popular creando una inmensa y creciente crisis de desconfianza electoral de la ciudadanía. El JNE debería, antes de proclamar los resultados, disponer una auditoría internacional que verifique los sistemas informáticos de la ONPE y efectúe un control concurrente integral de los programas de conteo de votos, incluyendo la situación de votación de la Serie 900, para garantizar la transparencia de todo el proceso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2026

 

  

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES HA INCUMPLIDO SU COMPROMISO, SU FUNCIÓN Y CON LA CONSTITUCIÓN

Roberto Burneo Bermejo ha incumplido primeramente su compromiso reafirmado en octubre 2024 cuando fue elegido presidente del JNE, aseguró: “Servir a nuestros ciudadanos, a la democracia y al Estado de derecho, para que la voluntad popular sea respetada en las próximas elecciones y todos los procesos electorales, garantizando un sistema electoral transparente, eficiente y moderno”, dicho compromiso ha resultado absolutamente contrario a lo acontecido en la elección. También ha incumplido su principal función al no garantizar la legalidad, transparencia y equidad del proceso, el respeto de la voluntad ciudadana, ni fortaleció la institucionalidad democrática. 

 

Pero lo más grave y peligroso, con consecuencias penales para Burneo y su Pleno de 4 vocales, es que han incumplido varios mandatos constitucionales: (artículo 31°) al no permitir que cientos de miles de ciudadanos tengan el derecho de elegir libremente a sus representantes, resaltando que “es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”; (artículo 176°) por no asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea y que el escrutinio sea reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector; (artículo 178°) por no fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y la realización del proceso electoral y no administrar justicia en materia electoral. Por lo tanto (artículo 38°) todos los peruanos estamos obligados a honrar a nuestro país, proteger los intereses nacionales y respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

 

Son muy graves los actos punibles y reprobables ocurridos durante el proceso electoral con acciones claramente direccionadas en Lima, para limitar que cientos de miles de ciudadanos ejerzan su voto como derecho fundamental democrático, además de otras críticas irregularidades: cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública o trasladadas en taxis; continuar usando en Lima, con fallas, el sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio); comportamientos atípicos de votación en actas de serie 900 de poblados lejanos y casos inusuales de votaciones transversales; presuntos actos corruptos (la fiscalía ordenó peritaje informático a equipos y teléfonos institucionales y personales). Además, se han presentado más de 50 pedidos de nulidad contra las elecciones y según última encuesta CIT, en Lima Metropolitana, 72.1% de ciudadanos considera que hubo fraude electoral.

 

El JNE y su Pleno, el pasado día 28 decidió recién publicar el Acuerdo de fecha 23, con 14 páginas, declarando inviable la convocatoria a elecciones complementarias, con explicaciones jurídicas legales a su medida, pero además, con razones incoherentes como que “el proceso electoral ya está en marcha y no se puede parar”, o “por principio de preclusión cada etapa se cierra de manera definitiva y no puede ser reabierta porque alteraría el cronograma electoral”, o porque “generaría un grave escenario de incertidumbre política”.

 

Bajo este panorama, el JNE debe reflexionar y recular su equivocada decisión. Antes de proclamar los resultados debería reconsiderar elecciones complementarias en Lima, o permitir una auditoría electoral por una entidad internacional o nacional de prestigio, que podría realizarse en corto plazo, para garantizar la transparencia del proceso, verificándose el padrón electoral para determinar si existieron acciones y mecanismos ilícitos que buscaron alterar los resultados de las actas para consolidar un fraude. Caso contrario Burneo y su Pleno serán directos responsables de generar una grave crisis de legitimidad del proceso electoral con nefastas consecuencias para nuestro país.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2026

 

JNE DEBE REVISAR Y SUBSANAR GRAVES IRREGULARIDADES Y PARCIALIDAD DE ONPE EN EL PROCESO ELECTORAL

Paradójicamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante las últimas elecciones, emitió normas pidiendo a la ciudadanía tener “una votación ordenada, confiable y transparente donde prime la libertad de elección”, sin embargo, Corvetto generó precisamente lo contrario, retrasó la votación demorando la distribución de material electoral y tecnológico en Lima Metropolitana hasta después de las 2 de la tarde para recién abrir las mesas de sufragio que debió iniciarse a las 7 de la mañana, afectando a partidos de derecha ya que mucha gente que fue temprano a votar se retiró sin hacerlo, generándose enormes protestas. La ONPE demostró falta de planificación, incapacidad, ineficiencia hasta presuntas acciones premeditadas de parcialidad a partidos de izquierda.

 

Lo más grave fue que Corvetto implementó, para Lima y Callao, un sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para supuestamente registrar información, imprimir actas de instalación, sufragio y escrutinio, captura y fotografías de firmas y firmantes, transmitiendo los datos directamente al centro de cómputo para acelerar resultados y reducir errores de transcripción manual, sin embargo, dicho STAE fue un fracaso total, se presentaron fallas en todo el sistema, principalmente en la incompatibilidad del Software, en las laptops, impresoras y cartuchos de tinta de pésima calidad. Por haberse presentado infinidad de reclamos de mesas de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dispuso que Corvetto no siga usando el STAE y restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó deliberadamente que continúen usándolo. Lo inaudito es que para implementar este sistema la ONPE adquirió 30,000 laptops e impresoras que pocas sirvieron, y muchas, aún sin usar, están almacenadas en depósitos de la ONPE en Lurín, además, recién en febrero (a 2 meses de las elecciones), con absoluta falta de planificación, lanzó una convocatoria para cubrir más de 15,000 plazas de coordinadores técnicos STAE para asistir a miembros de mesa y personeros.

 

Bajo este panorama, existe una crisis generalizada de desconfianza Ahora vemos como el reemplazante de Corvetto, Bernardo Pachas, nos dice a los peruanos, de manera flemática e imperturbable, que a pesar de las “irregularidades registradas” el proceso continuará a la siguiente etapa electoral.

Por su parte, el JNE, Burneo, responsable de la fiscalización del proceso electoral y de proteger y resguardar su transparencia con probidad y firmeza, sin embargo, aún no toma ninguna decisión que repare o subsane los irreales y engañosos resultados del sufragio. El JNE y su pleno no debería descartar la posibilidad de disponer la realización de una elección complementaria parcial o total en Lima Metropolitana, además, debería revisar las alteraciones denunciadas en las actas electorales a nivel nacional, asimismo, investigar unas 4,000 actas de zonas rurales iniciadas con número ”9” que estarían adicionando miles de votos irreales al candidato de extrema izquierda Sánchez, también debería considerar la conveniencia de realizar una auditoría de las cédulas de sufragio y acras electorales a cargo de una entidad internacional reconocida (que podría demorar entre 5 a 7 días). El JNE debe asegurar la legalidad y transparencia del proceso y cumplir el artículo 176° de la Constitución “El escrutinio debe ser reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas”, caso contrario, se afectará seriamente nuestra democracia, se deslegitimizará al próximo gobierno y se pondría en grave peligro nuestra institucionalidad.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. fecha 25 de abril de 2026

  

SISTEMA ELECTORAL NO HA GARANTIZADO LIMPIEZA DE ELECCIÓN Y HA ENSOMBRECIDO NUESTRA DEMOCRACIA

              

El Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como función principal el planeamiento, organización y ejecución de todos los procesos electorales, sin embargo, en esta elección, principalmente la ONPE, su jefe, Piero Corvetto fue responsable directo de graves demoras, retrasos e irregularidades en la instalación de mesas y material electoral, direccionadas solo en la capital y principalmente en bastiones electorales de Renovación Popular, lo que habría ocasionado que cientos de miles de votos no se hayan concretado afectándose el derecho a sufragar y también restándole votos a dicho partido político. 

 

La contratación de la ONPE a la empresa Servicios Generales Galaga SAC para traslado de material electoral es muy sospechosa porque fue contratada anteriormente en 4 oportunidades (entre 2020 y 2023), siendo penalizada hasta en 3 oportunidades, en la gestión de Corvetto por retrasos injustificados. Debe investigarse si es un acto de corrupción o de intención deliberada para demorar el traslado del material electoral. También llama la atención que el JNE, Burneo Bermejo, cuya función es fiscalizar los procesos electorales, no haya tomado conocimiento sobre este antiguo y grave caso irregular que estaba sucediendo en la ONPE. Increíblemente el procurador y representante del JNE, Ronald Angulo, ha informado que la segunda vuelta se seguirá llevando a cabo con absoluta normalidad.

 

Además, la implementación por la ONPE del STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), para agilizar el procesamiento y difusión de los resultados electorales, ha demostrado vulnerabilidad e ineficacia en su operación por falta de logística operativa y dificultades técnicas en errores de acceso y conectividad a internet, además de equipos y laptops inoperativas, lo cual ha generado mayor retrasó en las elecciones y desconfianza del sistema por posibilidad de ser usado para un posible fraude.

 

Corvetto debería dejar el cargo y ser reemplazado para la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 7 de junio. Al igual que en el proceso electoral 2021, en que, a pesar de su ineptitud fue vergonzosamente ratificado por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ) vinculada a sectores de izquierda, su actuación en esta elección 2026 ha sido nefasta, generando dudas y sospechas, es responsable de la ejecución de un proceso desordenado, lleno de irregularidades y demoras que han afectado el proceso electoral y ensombrecido nuestra democracia.

 

Bajo este panorama, a Corvetto, quien, sin sonrojarse, niega graves irregularidades, le corresponde prisión preventiva por alterar el resultado de una elección, según el artículo 359° del Código Penal (Atentados contra el derecho de sufragio) dispone pena privativa entre 2 y 8 años a quien altere de cualquier manera el resultado de una elección. Actualmente ha sido denunciado penalmente por el mismo JNE por delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del acto electoral, conjuntamente con sus gerentes de Organización, Administración y Gestión Electoral. Igualmente, la JNJ, por unanimidad de sus 7 magistrados, le han abierto investigación preliminar (el artículo 182° de la Constitución establece que la JNJ puede removerlo por falta grave); también tiene otra denuncia penal formalizada por López Aliaga por omisión de funciones en flagrancia, y además, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo está investigando por presunta comisión del delito Contra la Administración Pública-Colusión en agravio del Estado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de abril de 2026

 

 

  

ELECCIONES 2026: ¿QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTRO PAÍS?

El día de mañana, 12 de abril, se realizarán las Elecciones Generales 2026 con participación de 36 partidos y de 27.3 millones de peruanos habilitados para votar. Este proceso electoral es muy importante para nuestro país porque los peruanos debemos buscar cambiar el rumbo de nuestra reciente historia con un frágil escenario de inestabilidad política, fragmentación de partidos y una profunda desconfianza institucional que nos viene acechando desde hace casi 3 décadas (solo en los últimos 10 años pasaron 8 presidentes y actualmente tenemos 4 expresidentes presos), pero lo más grave de los últimos años es el incremento de inseguridad ciudadana que no es combatida y se extiende exponencialmente a nivel nacional. Esta compleja situación la podríamos revertir en este proceso electoral. ¿Qué futuro queremos para nuestro país?

 

Votemos por un candidato en el que prime la honestidad y coherencia, que tenga conceptos claros para que en su gobierno pueda mejorar el sistema político con mayor transparencia, justicia, igualdad, y además, fortalecer las instituciones para otorgar a nuestra democracia legitimidad, solidez y sostenibilidad.

 

Votemos por un candidato con valores, cualidades, virtudes y convicciones, que sea preparado, capacitado, con ideas claras, con vocación de servicio, que pueda enfrentar, con convicción, la corrupción, las economías ilegales, la enorme burocracia gubernamental y la grave inseguridad ciudadana.

 

No votemos para presidentes y vicepresidentes de partidos políticos sin cohesión ideológica, programática, sin identificación ni integración, tampoco por partidos de izquierda radical y antisistema que usan prácticas fascistas empleando términos de nacionalismo y justicia social, que su único fin es cambiar la Constitución y llevarnos hacia un Estado totalitario, tampoco, por partidos con recurrente transfuguismo político que engañan y estafan la voluntad del voto ciudadano, ni por partidos que falsificaron firmas para inscribirse en las elecciones, ni por aquellos partidos financiados por la minería ilegal, y menos por partidos populistas y demagogos que son incoherentes entre su discurso político y la realidad, que hasta ofrecen indultar al golpista Castillo o gastar las reservas internacionales de nuestro país, además, no votemos por partidos sin filtros éticos que tienen en sus listas candidatos con sentencias penales (incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducir en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas, entre otros).

 

No votemos por partidos que actúan solo por conveniencia y buscan en la política un medio esencial de vida tratando de mantener el poder para copar espacios y cargos, lo cual inexorablemente se transformará en focos de corrupción como un sistema enquistado delictivo en la política. Las trapacerías políticas amparadas por el poder tienen un profundo impacto negativo sobre nuestra sociedad, estas actitudes frivolizan la función pública y disminuyen la calidad de la política bloqueando el camino de nuestro país hacia el desarrollo.

 

Bajo este panorama, si queremos el mejor futuro para nuestro país, debemos votar como una obligación cívica evitando el ausentismo (incluyendo los 2.6 millones de peruanos mayores de 70 años cuyo voto es facultativo), y haciéndolo  a través de un voto bien informado, con serenidad y responsabilidad, por un candidato que pueda alcanzar, mediante patrones de acción y organización, el bienestar de la sociedad, el logro del bien común y el fortalecimiento de una estructura de virtudes y valores públicos dejando de lado todo interés personal o partidario por conveniencia.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de abril de 2026

  

NUESTRA POLÍTICA NACIONAL ANTÁRTICA Y LA CAMPAÑA ANTAR XXXII

 

La ubicación y tamaño del continente antártico (14 millones de km2 sin considerar la zona de hielo) definen la trascendencia geopolítica y geoestratégica para nuestro país porque favorece la navegación marítima internacional en dicha zona con vastos recursos estratégicos (petróleo, magnesio, carbón, antimonio, cromo, etc.) y el valor proteico del pequeño crustáceo krill para el consumo humano. El Continente Antártico, por sus particulares características, merece un tratamiento especial por ser  un destino de condiciones climáticas singulares y rigurosas, donde la ciencia ocupa un lugar de privilegio, asemejándose a un inmenso laboratorio científico, donde los miembros del Tratado Antártico, entre ellos el Perú, mantienen una permanente interacción internacional, tanto por su personal científico y militar, como por sus capacidades logísticas y científicas.

 

En abril 1981 el Perú adhirió y ratificó el Tratado Antártico y en 1987 aprobó la Política Nacional Antártica que orienta y articula la acción del Estado para fortalecer nuestra presencia en este Continente Antártico cautelando los intereses nacionales estratégicos y geopolíticos y desarrollando investigaciones científicas en buques oceanográficos de la Marina de Guerra. En 1988 se realizó la primera expedición a bordo del BIC Humbold (en servicio hasta 2014) iniciándose en 1989 la construcción de nuestra Estación Científica Antártica Machu Picchu en la Bahía Almirantazgo.

 

El buque oceanográfico BAP “Carrasco” (en servicio desde 2017) realizó la Campaña ANTAR XXXII entre el 19 diciembre 2025 al 26 de marzo 2026 cumpliendo con éxito su misión, ejecutó 26 proyectos de investigación oceanográfica, geológica y biológica en el área de operaciones antártica en diferentes estaciones de muestreo en alrededores de las islas Piloto Pardo, Elefante, Clarence, Gibbs, Decepción. Bahías Rey Jorge y Fildes, Estrecho de Bransfield, Ensenada Mackellar y el área volcánica de Hook Bridge, obteniendo importantes mediciones y muestras biológicas a diferentes profundidades, hasta 1,000 metros, para el estudio de la circulación oceánica y analizar su relación con los fenómenos El Niño y La Niña que influyen significativamente en las condiciones oceanográficas frente a nuestras costas.

 

También, para el estudio del ecosistema antártico, se recolectaron, con redes pelágicas muestras de biomasa con ejemplares de krill y de larvas de eufásidos así como sedimentos, realizando a bordo su identificación, clasificación y desarrollo de los proyectos científicos, asimismo, se efectuaron levantamientos batimétricos para obtener información del relieve submarino y fortalecer el conocimiento hidrográfico del área apoyando el esfuerzo internacional de cartografía y levantamientos hidrográficos en la región antártica.

Además, participó un grupo de cinco científicas peruanas que desarrollaron investigaciones sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas polares, el retroceso de los glaciares, la biodiversidad y presencia de microorganismos, lo cual aportará información clave para la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los ecosistemas frente al calentamiento global. Cabe señalar que como parte de esta expedición científica arribó a la Antártida el Comandante General de la Marina, Almirante Javier Bravo de Rueda, para inspeccionar los avances de la unidad y asegurar el cumplimiento de las operaciones científicas, logísticas y de sostenimiento programadas.

 

Bajo este panorama, la Campaña ANTAR XXXII fortalece la presencia e intereses del Perú en la región antártica, y sus investigaciones y operaciones científicas nos permiten descubrir y conocer a mayor detalle el potencial de nuestro mar, y de esta manera, promover medidas sustentables que conlleven a un desarrollo sostenible de nuestros recursos, acorde con nuestra Política Nacional Marítima.

 

Artículo de Alfredo Palcios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de abril de 2026